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Niega juez de EEUU asilo político a reportero mexicano

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Un juez migratorio de Texas (EEUU) negó el asilo político a Emilio Gutiérrez Soto, reportero mexicano que llevaba más de nueve años de trámite a la espera de una respuesta de las autoridades a su solicitud.

El juez de inmigración en El Paso (Texas), Robert S. Hough, desechó todas las pruebas presentadas por la defensa legal del periodista y decidió negarle el asilo tras una audiencia celebrada el pasado 13 de julio, dijo este viernes a Efe el solicitante, quien reside en Las Cruces (Nuevo México).

El periodista se quejó de la lentitud del juez para anunciar su fallo.

«Se tardó varios más días para presentar los documentos en los que dice por qué me niega el asilo. No aceptó argumentos, los testimonios de testigos y las pruebas periodísticas que presentamos», afirmó Emilio Gutiérrez.

El próximo 19 de agosto, el reportero interpondrá un recurso de apelación con el fin de que se reabra el caso en la misma corte migratoria y está dispuesto a llevarlo incluso ante la Corte Suprema de Justicia, según anunció.

El reportero había presentado en la documentación los casos de los periodistas asesinados en México y para argumentar que no puede «regresar a México bajo ninguna circunstancia».

Durante el proceso de asilo, el Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas, con sede en El Paso, presentó argumentos para demostrar el riesgo que corre Gutiérrez en territorio mexicano.

Emilio Gutiérrez Soto era corresponsal en Ascensión (Chihuahua) del periódico El Diario, con sede Ciudad Juárez.

El 28 de enero de 2005 informó de un caso sobre el presunto robo de dinero y joyas por parte de militares mexicanos en un hotel para inmigrantes en el poblado fronterizo de Palomas (Chihuahua).

El periodista ha asegurado que a partir de esas informaciones fue intimidado por militares de México, por lo que decidió refugiarse en Estados Unidos con su hijo de 15 años.

A su llegada al país, Gutiérrez permaneció siete meses detenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, separado de su hijo, y tras ser liberado continuó con su proceso de petición de asilo.

Tras obtener un permiso de trabajo y mientras su hijo recibe educación, el reportero trabaja en la actualidad atendiendo un puesto de antojitos mexicanos, de su propiedad, en Las Cruces.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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