México.- Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, acusó a México de criminalizar el trabajo de los defensores además de obstaculizarlo.

“Las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos», afirmó Forst al presentar ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe sobre México tras una visita a nuestro país el año pasado.

El relator se entrevistó con autoridades de todos los niveles y poderes del Estado y se reunió con 800 defensores de derechos humanos, tras lo cual “quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, acotó.

Forst añadió que durante los primeros diez meses de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 285 ataques a defensores, mientras que la sociedad civil ha denunciado 730 violaciones perpetradas contra el colectivo de enero a mayo de 2017.

«Esta criminalización normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial (…) parece que la criminalización se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales”
MICHEL FORST, RELATOR ESPECIAL ONU
El relator especial indicó que el sistema judicial de forma común impone medidas en contra de los defensores sin respeto a sus derechos o al debido proceso.

«El bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos, y la explotación del sistema de justicia por compañías, que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo», subraya el informe.

Forst dijo que la criminalización socava la confianza de la sociedad civil en las autoridades.

Con información de EFE