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Ordena matar a su hija por tener una relación con un policía

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El jefe mafioso de la localidad siciliana de Bagheria, Pino Scaduto, quien ordenó asesinar a su hija porque mantenía una relación sentimental con un agente de los carabineros, fue arrestado hoy junto a otras 15 personas, informaron las fuerzas del orden.

Un comunicado de la policía precisó que los carabineros del comando provincial de Palermo, la capital de Sicilia, ejecutaron 16 órdenes de arresto por asociación mafiosa y extorsión, emitidas por un juez del tribunal local bajo pedido de la Dirección Antimafia.

En el operativo, denominado “Nuova Alba”, realizado a primera hora de este lunes, participaron un centenar de agentes auxiliados con unidades caninas y un helicóptero.

Entre los detenidos estuvo Scaduto, quien apenas en abril pasado había sido excarcelado tras cumplir una condena de varios años también por delitos mafiosos.

Según el coronel Antonio Di Stasio, comandante provincial de los carabineros de Palermo, el “capo” pretendía reconstruir la cúpula de Cosa Nostra, la mafia siciliana, en la localidad de Bagheria, desmantelada tras los arrestos de sus principlaes miembros.

Pero además, los investigadores interceptaron una conversación telefónica en la que el hijo de Scaduto le confesaba a un amigo que su padre le había pedido eliminar a su hermana, «culpable» de mantener una relación con un carabinero.

El joven, sin embargo, se negó a ello. “Yo no hago nada, el padre eres tú, desgástate tú, yo tengo 30 años y no me desgasto”, le habría contestado según la escucha telefónica.

De acuerdo con los medios, la relación de la hija del “capo”con el carabinero afectaba la difícil negociación para la reconstrucción de la “cúpula” mafiosa local.

En la operación de este día también fueron detenidos el ex “capo” del “mandamento” (zona de influencia mafiosa) de Bagheria, Giacinto Di Salvo; el “capo” de Ficarrazzi, Giovanni Trapani, además de los jefes de las familias mafiosas de Altavilla, entre otros.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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