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Política

Ordenan a Lula Da Silva a devolver 26 regalos que recibió como presidente

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El juez responsable por la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera brasileña Petrobras ordenó hoy que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva devuelva 26 regalos que recibió como jefe de Estado y que, en su opinión, tendrían que estar en el acervo oficial de la Presidencia.

Los objetos, entre los cuales una escultura del español Joao Miró, un bolígrafo con el escudo del Vaticano, una corona, tres espadas y una daga, figuran entre 176 que estaban guardados en una caja de seguridad y que fueron embargados en desarrollo de las investigaciones por corrupción en la petrolera estatal.

En una sentencia divulgada este viernes por su despacho, el juez federal Sergio Moro ordenó al Gobierno recoger los 26 regalos bajo custodia judicial por considerar que fueron incluidos equivocadamente entre los bienes del acervo particular que Lula retiró de la Presidencia al final de su mandato.

El juez basó su decisión en un informe que recibió de la Secretaría de Administración de la Presidencia, a la que le pidió analizar los bienes embargados para determinar cuáles tendrían que haber quedado en la sede del Gobierno por haber sido fruto de intercambios con otros jefes de Estado.

«Los agentes públicos no pueden recibir regalos de valor y, cuando los reciben, por ser inviable circunstancialmente su rechazo, tienen que incorporarlos al patrimonio público», según la sentencia del juez.

La Secretaría de Administración de la Presidencia, por su parte, citó en su informe una decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión según la cual, como los regalos intercambiados por jefes de Estado fueron adquiridos con dinero público, quien los recibe tiene que incorporarlos al patrimonio público.

Los objetos que Lula había depositado en una caja de seguridad del Banco do Brasil en Sao Paulo fueron embargados en el marco del proceso en el que el expresidente es acusado de haber recibido ventajas indebidas de la constructora OAS, una de las condenadas por los desvíos de Petrobras.

De acuerdo con la Fiscalía, la OAS pagó el traslado de los objetos de Lula entre Brasilia y Sao Paulo, y pagaba por el alquiler de la caja de seguridad en que eran guardados.

«Los demás bienes aprehendidos, especialmente medallas, bolígrafos e insignias, por tener carácter personal, tienen que ser considerados como acervo particular del expresidente de la República», según la sentencia.

Lula, que ya enfrenta cinco procesos por corrupción, es objeto de otras seis investigaciones por supuestos delitos que le atribuyeron los ejecutivos de Odebrecht que aceptaron colaborar con las investigaciones sobre las corruptelas de la constructora a cambio de reducciones en sus futuras condenas.

El expresidente afirmó esta semana que, tras varios años recibiendo acusaciones sin poder defenderse, finalmente podrá dar su versión el próximo 10 de mayo, cuando será interrogado por el juez Moro en uno de los procesos en su contra.

MVS

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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