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Pertenencias y ropa de Mara son halladas en casa de Tlaxcala

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En un cateo realizado por autoridades ministeriales de Puebla y Tlaxcala, fueron encontrados objetos personales, rastros de sangre y ropa que al parecer pertenecen a la estudiante de la UPAEP, Mara Castilla.

El secuestro de la joven ha desatado una ola de indignación no sólo en Puebla, sino en todo el país. La estudiante tomó un taxi Cabify que, se supone, son seguros. Pero nunca llegó a su casa. Desapareció y la policía no ha podido establecer por qué, cómo. Y en dónde está.

El resultado del cateo se anexará a las pruebas presentadas este día por la audiencia de vinculación a proceso de Ricardo Alexis N. principal sospechoso y chofer del automóvil Cabify que tomó la estudiante de 19 años la madrugada del 8 de septiembre.

Según confirmaron fuentes dentro de la Fiscalía General del Estado, la sangre encontrada será cotejada con la de Ricardo Alexis N. ya que se le tomaron pruebas de sangre para confirmar con su ADN.

El cateo se realizó dentro de una casa en un fraccionamiento en la zona de Santa Ursula Zimatepec, perteneciente al municipio de Yauhquehmecan, en Tlaxcala.

El día de ayer un juez de Control del estado de Puebla dictó este jueves prisión preventiva en contra del chofer de Cabify, Ricardo Alexis N., por el delito de privación ilegal de la libertad cometido en contra de la joven Mara Castillo, desaparecida la madrugada del 8 de septiembre cuando solicitó el servicio de transporte privado.

Además, el juez le dio 10 horas al chofer para que nombre a un nuevo abogado, pues detectó que su defensor actual, Juan Carlos Sandoval, no tiene el conocimiento necesario para seguir defendiéndolo.

El Ministerio Público a cargo del caso reveló que tanto el celular de Ricardo Alexis como el de Mara Castilla registraron actividad en el municipio de Santa Úrsula Zimatepec, Tlaxcala, entre el 8 y 9 de septiembre.

Fuentes que trabajan con el tema de trata de personas explicaron a Periódico Central que en este municipio operan muchos de los capos que se dedican a la compra y venta de mujeres para explotación sexual.

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) condenó este jueves la escalada de violencia en la entidad y exigió a las autoridades el rescate inmediato de Mara Castilla, su estudiante desaparecida desde el pasado 8 de septiembre.

“Hace una semana Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de Ciencias Políticas de la UPAEP, fue privada de su libertad y hasta este momento no sabemos dónde está, ni en qué condiciones se encuentra. Sólo sabemos que fue arrancada de su familia, de su entorno y de la universidad”, expresó la casa de estudios en un comunicado.
Agregó que ante la escalada de inseguridad y violencia que continúa en el estado, Gobernador por panista Antonio Gali Fayad, “la comunidad universitaria exige la acción pronta y expedita de la justicia” para que la joven de 19 años regrese con bien a su hogar.

Este jueves, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla salieron por las calles aledañas a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al campus de la casa educativa para exigir la aparición de Marca Castilla.

De acuerdo con Periódico Central alumnos circularon por los cruceros del Boulevard 5 de mayo y de la 23 Sur y 13 Poniente. Con pancartas y lonas exigían a las autoridades encontrar pronto a la joven de 19 años, así como dar a conocer a la ciudadanía cualquier información.

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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