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Pfizer afirmó que el Gobierno de Brasil ignoró su oferta de vacunas contra la COVID-19 en 2020

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El gerente de la farmacéutica Pfizer en América Latina, Carlos Murillo, ha asegurado este jueves en una sesión de la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) sobre la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Brasil, que este ignoró su oferta de vacunas contra la COVID-19, que hubiese supuesto la llegada de 1,5 millones de dosis para diciembre de 2020.

Murillo ha sido citado para declarar en el marco de la comisión sobre las negociaciones con Brasil para la adquisición del inmunizador, para lo que Pfizer realizó seis propuestas sin éxito al Ejecutivo de Bolsonaro, según ha relatado el gerente, informa el medio brasileño G1.

En la sesión, Murillo ha precisado que las propuestas de la farmacéutica se realizaron entre agosto de 2020 y febrero de 2021, con un cronograma que marcaba la entrega de 1,5 millones de dosis para diciembre de 2020 y 2,5 millones para marzo de 2021, lo que finalmente no se produjo debido al encallamiento de las negociaciones.

“Nuestra oferta del 26 de agosto, al ser vinculante, y al estar en este proceso (de negociación) con todos los gobiernos, era válida durante 15 días (…) El Gobierno de Brasil no la rechazó, pero tampoco la aceptó”, ha agregado, para referirse a que en el plazo marcado el Ejecutivo no atendió la propuesta.

Murillo ha confirmado también que envió en septiembre una carta al presidente, Jair Bolsonaro, y algunos de sus ministros insistiendo en el interés de la farmacéutica por aportar vacunas a Brasil, la cual no obtuvo respuesta hasta dos meses después.

A partir de ello, se llevaron a cabo entrevistas entre la empresa y las autoridades brasileñas, en las que participó, entre otros, el concejal de Río de Janeiro Carlos Bolsonaro, hijo del mandatario.

El gerente también ha recordado que el argumento del Ministerio de Salud por el que no se llegó a un acuerdo en las negociaciones era que las cláusulas del contrato eran “leoninas”, las cuales, según ha subrayado, han sido firmadas por 110 países.

El concejal de Río de Janeiro, Carlos BolsonaroEl concejal de Río de Janeiro, Carlos Bolsonaro

“No estoy de acuerdo con el calificador de cláusulas de leoninas. En esta pandemia, Pfizer asumió un riesgo sin precedentes en una situación sin precedentes, que requirió que todos colaboraran en este proceso. Por eso Pfizer exigió a todos los países las mismas condiciones que le exigió a Brasil”, ha agregado.

Según había indicado el Gobierno previamente, en 2020 recibió propuestas de adquisición de esta vacuna, ninguna de ellas aceptada, que incluían hasta 70 millones de dosis para el país. El acuerdo con Pfizer se alcanzó y cerró finalmente en marzo de 2021 y las primeras unidades comenzaron a llegar en abril.

En este contexto, el senador y miembro de la CPI Rogerio Carvalho ha lamentado que “el Gobierno no invirtió en el instrumento para construir la inmunidad colectiva” y que “no aisló, pero evitó el aislamiento”. “Este Gobierno prohibió el uso de mascarillas y amplió la pandemia”, ha criticado.

PIDEN QUE PAZUELLO GUARDE SILENCIO

En relación también con la CPI, la Fiscalía General de la Nación ha solicitado este jueves al Tribunal Supremo Federal que garantice el derecho del ex ministro de Salud Eduardo Pazuello a guardar silencio frente a la comisión.

Según recoge G1, la Fiscalía también quiere que el ex ministro sea inmune a medidas como el encarcelamiento, mientras ha sido citado a declarar por hechos cometidos en su período al frente de la cartera de Salud.

El ex ministro de Salud Eduardo PazuelloEl ex ministro de Salud Eduardo Pazuello

Al respecto, el presidente de la CPI, Omar Aziz, ha manifestado su confianza en que el Tribunal Supremo permita a la comisión “continuar con su trabajo y cumplir su función”. El testimonio de Pazuello está programado para el 19 de mayo, cuando la comisión espera obtener su testimonio acerca del retraso en compra de vacunas, la crisis de oxígeno en hospitales o la recomendación de medicamento ineficaces contra el coronavirus.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas Federal (TCU) ha borrado este jueves de la web del Ministerio de Salud una nota en la que se recomendaba el uso de la cloroquina contra la COVID-19, un medicamento defendido por Bolsonaro pero que ha sido demostrado científicamente que no es eficaz contra la enfermedad.

Mientras tanto, Brasil ha sumado este jueves 2.383 nuevos fallecidos y 74.592 casos de coronavirus, según el último balance del Ministerio de Salud.

El país acumula así 430.417 decesos y 15.433.989 positivos confirmados desde que estalló la pandemia.

La vacunación, por su parte, continúa avanzando y se han aplicado ya 56,5 millones de dosis, con 37,7 personas que han recibido al menos la primera dosis y 18,8 millones de personas que han adquirido el esquema completo de inmunización, según el consorcio de medios de comunicación que analiza la COVID-19 a diario.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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