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Por abuso sexual, denuncian a trabajador de refugio de niños inmigrantes en Arizona

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Un extrabajador de un albergue para niños inmigrantes en Arizona fue acusado de molestar sexualmente a ocho adolescentes en ese centro de refugio durante casi un año, según documentos judiciales federales citados por la organización de noticias ProPublica.

Los documentos revelaron que Levian D. Pacheco, de 25 años, trabajó en la instalación Casa Kokopelli, operada por la compañía Southwest Key, de mayo de 2016 a julio de 2017.
Precisaron que entre agosto de 2016 y julio de 2017, Pacheco cometió varios actos de abuso sexual con dos adolescentes y trató de obligar a otro a participar.

Otros seis adolescentes declararon que Pacheco los tocó, según ProPublica. Todos los muchachos tenían entre 15 y 17 años de edad, y eran menores no acompañados, pero no está claro si fueron separados de sus padres, o si viajaron solos a Estados Unidos.

Los cargos contra Pacheco, quien fue despedido por Southwest Key, se presentaron en agosto de 2017.

ProPublica informó que Casa Kokopelli fue citada por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona en 2017 por no completar las verificaciones de antecedentes, incluidas huellas dactilares, para asegurarse de que los empleados no hubieran cometido delitos sexuales y otros crímenes.

Pacheco trabajó durante casi cuatro meses sin una verificación de antecedentes completa, según los documentos.

La acusación contra Pacheco es la segunda que se conoce esta semana sobre abusos sexuales en los albergues que refugian a cientos de niños y adolescentes inmigrantes detenidos tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera ilegal.

En otro caso, un hispano que trabaja en un centro para menores migrantes en Phoenix, operado también por la organización Southwest Key, fue detenido por la policía, tras ser acusado de abuso sexual y agresión con agravantes, presuntamente cometidos contra una adolescente migrante albergada en el lugar.

Según el Departamento de Policía de Phoenix, el sospechoso Fernando Magaz Negrete, de 32 años, trabaja en el centro de detención migratoria para menores ubicado cerca del centro de la ciudad y fue visto por una testigo juvenil tocar a una menor de 14 años de edad, el pasado 27 de junio.

Los dos casos ponen al descubierto las denuncias de abusos y malas condiciones en los refugios que albergan a niños migrantes, que han estado en el reflector de la opinión publica de Estados Unidos, tras la aplicación de la política migratoria de cero tolerancia, bajo la cual toda persona es detenida tras cruzar la frontera, y es procesada y enjuiciada.

La política de cero tolerancia, implementada por la administración del presidente estadunidense Donald Trump, provocó que entre abril y mayo pasados casi tres mil niños fueran separados de sus padres, luego de ser detenidos cruzando juntos la frontera.

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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