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Política

Propone PRI ‘prisión vitalicia’ para políticos corruptos

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La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRI) en la Cámara de Diputados, presentó en la Tribuna, una iniciativa de reforma constitucional, para que la sanción de prisión vitalicia no se considere “pena inusitada”, cuando se trate de enriquecimiento ilícito y delitos de corrupción.

El diputado Alejandro Domínguez señaló que el propósito de los cambios propuestos al artículo 22 constitucional, es penalizar de manera “ejemplar” a políticos y funcionarios públicos a quienes se compruebe se han enriquecido a costa el erario.

“Un funcionario público que gane 100 mil pesos, su salario es 100 mil entre 30, son cerca de tres mil 300 o tres mil 400 pesos diarios, lo multiplicas por cinco mil 600 en la Unidad de Medida y te da cerca de 20 millones de pesos el desvío de recursos, el ilícito. Cuando ese delito se cometa en ese monto y en esa cantidad, que sea prisión vitalicia. Debemos dar un mensaje claro a la corrupción, debemos de dar un mensaje claro hacia el futuro”, apuntó Domínguez Domínguez.

“Debemos también decirle al funcionario público que está pensando en eso que la sanción ha de ser ejemplar. Y reitero, no todos pueden ser tratados con el mismo rasero, si nosotros vivimos una circunstancia de señalamiento en temas de corrupción, debemos de dar el ejemplo: el llamado claro para que se establezca una sanción ejemplar, una sanción de a deveras como lo es la prisión vitalicia a quienes puedan cometer este tipo de actos”, refrendó,

Al aseverar que con ese tipo de medidas se combatirá en los hechos la corrupción, remarcó que ese fenómeno delictivo no es privativo de ningún partido político, sino que involucra a integrantes de distintas expresiones, distintos órdenes de gobierno y hasta candidatos independientes.

Manifestó que cuando fungió como diputado local por Chihuahua, en su entidad se aprobaron reformas penales, con el fin de imponer “prisión vitalicia” o cadena perpetua a los delitos de secuestro, extorsión y homicidios múltiples, que en consecuencia, disminuyeron su incidencia.

Tras indicar que la agenda política y social en el país está marcada por los temas de la inseguridad y la corrupción, el congresista subrayó que pensando “a futuro”, es preciso imponer penas severas a ese tipo de ilícitos, a través de modificaciones constitucionales y al Código Penal Federal.

Lo anterior, para sancionar el enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho, el ejercicio abusivo de funciones públicas y la corrupción cometida por funcionarios públicos, con cadena perpetua.

Especificó que su propuesta prevé modificar el artículo 22 constitucional, para establecer que la prisión vitalicia no será considerada una “pena inusitada”, cuando el monto de los recursos en posesión de políticos y servidores públicos, supere por más de cinco mil veces los ingresos diarios.

Dijo que si “en el pasado” el PRI y el Gobierno Federal o servidores públicos de otros ordenes se vieron involucrados en enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, deben ser sancionados; pero el país también debe ver “a futuro”, porque actualmente el enriquecimiento ilícito sólo se penaliza con tres meses y hasta dos años de prisión; mientras que a quienes venden piratería en vía pública, se les aplican de seis meses a cinco años de prisión.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Justicia, para su estudio y eventual dictaminación, remarcó.

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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