La oposición y las asociaciones judiciales belgas han criticado duramente el proyecto de ley presentado hoy por Nueva Alianza Flamenca (N-VA) y el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco (CD&V) para permitir que la policía registre viviendas para arrestar a inmigrantes ilegales.

En caso de aprobarse este proyecto de ley, que cuenta con el apoyo del gobierno federal belga, la policía sólo necesitaría la aprobación de un juez de instrucción para entrar en las viviendas de inmigrantes ilegales o de cualquier ciudadano belga que los acoja.
«Es un proyecto de ley escandaloso», aseguró el diputado de Ecolo Benoit Hellings, que entiende que «no se puede derogar un derecho fundamental como es la inviolabilidad del domicilio salvo en caso de que se cometan crímenes graves».

«La medida perseguirá a personas que no han cometido más delito que no tener papeles», afirmó Hellings en referencia a un proyecto de ley que, desde su punto de vista, «busca asustar a un importante movimiento social y criminalizar la solidaridad».

Por su parte, el partido Demócrata Federalista Independiente (DéFI) tachó la propuesta de «liberticida y desproporcionada» a través de un comunicado, en el que también alertó de que podría ser «una fuente de inseguridad jurídica».

El presidente del partido al que pertenece el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, Movimiento Reformador (MR), Olivier Chastel, aseguró que «las personas que están acogiendo a los inmigrantes del parque Maximillien no tienen de qué preocuparse».

La medida tampoco cuenta con el aval de la judicatura, pues la presidenta del sindicato de jueces belga, Manuela Cadelli, denunció que «el juez de instrucción tan solo podrá autorizar los registros, no tendrá ningún margen de maniobra».