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“Quiero ser ejecutado aunque sufra”, dice un condenado a muerte. Pero la juez prohíbe matarlo

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Un juez de Nevada ha paralizado la ejecución de un condenado a muerte que iba a recibir este miércoles la inyección letal con una mezcla de medicamentos nunca antes probada en Estados Unidos. La compañía farmacéutica que fabrica uno de esos compuestos químicos se opuso a que fuera usado para matar a una persona. El condenado, en cambio, ha solicitado que se le ejecute aunque duela.

“La vida en prisión no es vida”, ha asegurado Raymond Dozier, de 47 años, en sendas entrevistas a los diarios Reno Gazette Journal y Las Vegas Review-Journal. “He sido muy claro en que quiero ser ejecutado… incluso aunque sea inevitable que sufra”, escribió Dozier a la juez que aplazó en noviembre su condena.

Dozier lleva en el corredor de la muerte desde 2007, cuando recibió la pena capital por asesinar y desmembrar a un joven en Las Vegas (Nevada). En 2005 ya había sido condenado a 22 años de prisión por balear hasta la muerte a otro joven en Phoenix (Arizona).

Su ejecución sería la primera en Nevada en 12 años. La pena de muerte atraviesa problemas en todo el país por la negativa de las farmacéuticas a suministrar los medicamentos necesarios. Eso ha llevado a plantear otros métodos como la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento. Lee aquí los motivos.

La solución ideada por Nevada fue inyectar una combinación de medicamentos nunca antes usada. Primero, un sedante (midazolam) usado habitualmente como analgésico o anestésico. En 2014, Clayton Lockett, un condenado a muerte en Oklahoma, agonizó durante 43 minutos después de que esta droga fallara y no le hiciera el efecto esperado. La Corte Suprema dictaminó sin embargo que su uso era constitucional porque no causa “un riesgo sustancial de sufrimiento”.

A continuación, fentanilo para ralentizar y quizá incluso detener la respiración. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, se usa en medicina como analgésico, pero está detrás de la epidemia de opioides que ha causado miles de muertes en los últimos años en Estados Unidos.

Y, por último, una droga llamada cisatracurio que paraliza los músculos y se usa en medicina en combinación con anestésicos. La juez Jennifer Togliatti, del condado de Clark, prohibió en noviembre a las autoridades de Las Vegas usar este medicamento para ejecuciones, después de escuchar a expertos médicos asegurar que su efecto paralizante podría impedir percibir si una persona está sufriendo (la Constitución permite la pena de muerte pero prohíbe un castigo cruel o inusual, es decir, quitar la vida con sufrimiento).

Sin embargo, la Corte Suprema de Nevada anuló este dictamen, dando así vía libre a su uso. Su decisión se debió a motivos procesales, es decir, no dictaminó si el uso de este método para quitar la vida es constitucional o no.

Dozier debería haber sido ejecutado hoy, pero otra juez del condado de Clark, Elizabeth Gonzalez, ha prohibido usar midazolam en la ejecución da petición de fabricante. La farmacéutica Alvogen, con sede en Nueva Jersey, alegó que Nevada compró el fármaco con “subterfugios”, puesto que la compañía se opone a que sea usado para matar en vez de para curar, y explicó que había sido usado anteriormente en ejecuciones que salieron mal.

También la farmacéutica Sandoz, fabricante del cisatracurio, se opuso a su uso, pero no lo llevó ante la corte. Y Pfizer, fabricante del fentanilo, exigió a Nevada que devolviera el cargamento que había comprado, pero el estado se negó.

Las autoridades de Nevada podrían acudir ahora a la Corte Suprema para lograr que se permita el uso de estos medicamentos.

Fuente: Telemundo

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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