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Política

Quintana Roo retira 34 escoltas a Roberto Borge

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El gobierno de Quintana Roo, a través del Comité de Autorización de Escoltas de exfuncionarios públicos, acordó modificar el número de elementos de seguridad pública destinados a la seguridad del exgobernador Roberto Borge, por lo que se le han retirado 34 elementos que ahora tendrán labores de seguridad para los habitantes del estado.

En un comunicado, el gobierno de Quintana Roo dio a conocer que de acuerdo con la Ley de Seguridad Pública estatal, el exgobernador tiene derecho de continuar con la protección una vez concluido el cargo.

Sin embargo, señaló, en su artículo 54 determina que el número de personal, equipo, vehículos y demás instrumentos para la protección de los exservidores públicos no será mayor de la mitad de los que éstos contaban mientras desempeñaron el cargo.

Con base en lo anterior, el gobierno de estado puntualizó que ya que no existe registro ni documentación alguna que sustente los recursos destinados a la seguridad del exmandatario durante su gestión, por lo que el Comité determinó la reducción de elementos a su servicio y de tres vehículos.

En el documento se precisa que redireccionar la mayor cantidad de recursos humanos y materiales a favor de la seguridad de la población es prioridad para la administración estatal, por lo que se procederá a notificar la reincorporación de los elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública.

Se indicó que a la reunión del Comité donde se tomó esa determinación asistieron los secretarios de Gobierno, Finanzas y Planeación, Seguridad Pública, Oficial Mayor y un representate de la Fiscalía General, todos del estado.

MVS

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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