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Red en India robaba bebés y los vendía en cajas de galletas

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Las autoridades indias detuvieron a 12 sospechosos de traficar con bebés. Los escondían en cajas de galletas tras comunicar a sus padres que el menor ‘había muerto’, y posteriormente lo daban en adopción, aseguraron fuente oficiales

Solían decir a los padres que el recién nacido había muerto y luego traficaban al niño escondido en cajas de galletas a través de la ONG», explicó el subinspector general del CID, Bharatlal Meena, tras la primera redada.

Cuatro personas, entre ellas tres mujeres, fueron arrestadas en el distrito de Parganas 24 Norte, del estado nororiental de Bengala, donde ayer fueron detenidos ocho miembros más de la presunta red de tráfico, afirmó una fuente del Departamento de Investigación Criminal de Bengala (CID, en inglés) a la agencia india PTI.

En la primera operación, el departamento policial arrestó al dueño de una clínica, un abogado, un empleado de una ONG local, un médico y un curandero, entre otros.

Según la fuente, los bebés varones eran vendidos por unas 200 mil rupias o lo equivalente a dos mil 900 dólares, mientras que las niñas costaban la mitad, en un país con una marcada preferencia por los niños y una práctica generalizada de abortos selectivos.

La preferencia se debe a que el hijo perpetúa el linaje, hereda la propiedad y cuida de sus padres en la vejez, mientras que, en el caso de las niñas, los progenitores deben pagar una cuantiosa dote a la familia del novio a la hora de casarlas.

Aunque el tráfico de menores se ha reducido considerablemente en los últimos años, sigue siendo una importante lacra para el país.

Unos 135 mil menores desaparecieron durante 2013, cuando entró en vigor una nueva norma para atajar este flagelo, y la cifra se redujo en 2015 a casi la mitad, unos 67 mil, según datos de la ONG Bachpan Bachao Andolan, del premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi.

 

Excelsior

Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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