En un país con casi medio siglo de reformas electorales impulsadas desde la sociedad civil o las fuerzas opositoras, el PRI lanza una pregunta tan directa como incómoda: ¿la 4T busca realmente modernizar el sistema electoral o está cocinando un golpe de Estado desde el Congreso?
Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, no se anduvo con rodeos. En entrevista con medios, lamentó que por primera vez en 48 años una reforma de esta magnitud no tenga origen ciudadano ni respaldo opositor. “Es increíble que en 48 años sea la primera vez que una Reforma Electoral no nazca de la sociedad o de las oposiciones, y que venga del gobierno”, apuntó.
Moreira recordó cómo en la histórica reforma de 1977, incluso los gobiernos accedían a cambiar a sus negociadores si la oposición los vetaba. Era una práctica para generar confianza. Hoy —sugiere— ocurre lo contrario: se impone desde el poder.
“Entonces es muy claro: ¿quieren hacer una Reforma Electoral o quieren dar un golpe de Estado electoral, legislativo-electoral?”, soltó el priista, señalando el riesgo de que las reglas del juego democrático se reescriban a conveniencia del partido gobernante.
Una de las críticas más punzantes fue dirigida a la figura de Pablo Gómez, quien, según Moreira, ni siquiera es servidor público y, por lo tanto, no puede encabezar legalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional. “Solo que lo nombren servidor público… porque por esa Comisión no pagan”, ironizó.
Pero el problema de fondo, según el líder priista, no es solo de forma, sino de fondo: la exclusión deliberada de estados, minorías, y opositores en una República que se dice federal. “Esto no es una monarquía”, advirtió, y recordó que desde el siglo XIII las constituciones obligan a escuchar a las minorías.
Moreira también criticó el uso de encuestas como instrumento político: “Si no hay información suficiente, son un instrumento demagógico para justificar decisiones ya tomadas”.
La analogía que cerró su mensaje fue lapidaria: “¿Vamos a elegir jueces y magistrados? ¿Y por qué no elegimos al titular del SAT?”, cuestionó, dejando en el aire una advertencia más profunda: si se abre la puerta al populismo en la justicia y las instituciones, ¿dónde se pone el límite?
La reforma electoral propuesta por la 4T no solo está encendiendo alertas en la oposición, sino que revive una pregunta que no debería tomarse a la ligera: ¿se construye democracia o se desmantela desde dentro?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez, mantiene negociaciones con el gobierno de Estados Unidos a casi año y medio de su traslado a una cárcel de Nueva York.
Este martes 28 de julio, se llevó a cabo una audiencia ante la jueza Joan M. Azrack, en donde se sumó un nuevo plazo de 90 días para continuar con las conversaciones con la defensa del ex líder del Cártel de Juárez.
Con esto se dio a conocer que se programó la próxima audiencia para el 20 de octubre de este año, y que El Viceroy renunciaba a enfrentar un juicio rápido en la Corte de Distrito Este de Nueva York.
Mientras se mantiene este proceso, Vicente Carrillo Fuentes se mantendrá en prisión. Cabe destacar que está acusado de delitos ligados al narcotráfico y lavado de dinero.
¿Quién es El Viceroy?
Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy,heredó el Cártel de Juárez en 1997, luego de que su hermano, Amado Carrillo Fuentes,conocido como El Señor de los Cielos, muriera en medio de una cirugía plástica. En ese momento el Cártel de Juárez era una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de México.
Nació en Novolato, Sinaloa. Junto a él, Juan José Esparragoza, alias El Azul, quien más tarde formaría parte del Cártel de Sinaloa,tomó el control del Cártel de Juárez en 1997.
Desde el 16 de agosto del año 2000, El Viceroy fue buscado por el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (US Federal Bureau of Investigations, FBI) luego de que un jurado federal del estado de Texas lo acusara de homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que diera con su paradero.
El Cártel de Juárez se encargaba de transportar múltiples toneladas de cocaína provenientes de Colombia hacia Estados Unidos, pasando por México. Durante el liderazgo de Amado Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez mantuvo la hegemonía sobre este negocio gracias a sus vínculos con autoridades federales mexicanas, mismas que les ofrecían protección.
Vicente continuó con el traslado de droga de una manera más modesta, pero en un contexto más violento.
Hasta el 2004, el Cártel de Juárez estuvo aliado con el Cártel de Sinaloa, cuando el líder de este grupo, Joaquín El Chapo Guzmán, presuntamente ordenó el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes, hermano de El Viceroy. Tras esto, este devolvió el ataque ordenando la muerte de El Chapo Guzmán, quien estaba preso.
Amado Carrillo, ‘El Señor de los Cielos’, exlíder del Cártel de Juárez (Infobae)
La ruptura de la alianza entre ambos cárteles desató una violenta guerra de varios años enCiudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, principal bastión de Carrillo Fuentes.
Ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y de las rutas del narcotráfico. Desde el 2007, El Viceroy también enfrentó al Cártel de Golfo. Este conflicto hizo a Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo por varios años, lo que dejó un saldo de, por lo menos, 8 mil muertos.
Para enfrentar al Cártel de Sinaloa y a su grupo de sicarios, conocido como Gente Nueva, El Viceroy se valió de un brazo armado conocido como La Línea y del Barrio Azteca, un grupo criminal con base en Estados Unidos.
Pero estos no fueron suficientes para derrotar al Cártel de El Chapo Guzmán, pues presuntamente contaba con apoyo de autoridades federales, y logró debilitar al Cártel de Juárez e incrementar su propio poder.
El Viceroy, debido a su aparente derrota, cambió su apariencia, su nombre y se trasladó a Torreón, en Coahuila, donde fue capturado el 9 de octubre de 2014. Fue condenado a 28 años de prisión por la Fiscalía General de la República (FGR) en junio de 2015.
En un juicio de amparo del año siguiente, se le concedió protección constitucional, sin embargo, siguió en prisión. En 2017 se le volvió a dictar prisión formal.
Estuvo en Puente Grande, en Jalisco, hasta el 27 de febrero de 2025, cuando fue trasladado a Estados Unidos junto a otros 28 narcotraficantes mexicanos de alto perfil.