México
¿Reforma electoral o golpe de Estado disfrazado? El PRI lanza advertencia al oficialismo
En un país con casi medio siglo de reformas electorales impulsadas desde la sociedad civil o las fuerzas opositoras, el PRI lanza una pregunta tan directa como incómoda: ¿la 4T busca realmente modernizar el sistema electoral o está cocinando un golpe de Estado desde el Congreso?
Rubén Moreira Valdez, coordinador parlamentario del PRI, no se anduvo con rodeos. En entrevista con medios, lamentó que por primera vez en 48 años una reforma de esta magnitud no tenga origen ciudadano ni respaldo opositor. “Es increíble que en 48 años sea la primera vez que una Reforma Electoral no nazca de la sociedad o de las oposiciones, y que venga del gobierno”, apuntó.
Moreira recordó cómo en la histórica reforma de 1977, incluso los gobiernos accedían a cambiar a sus negociadores si la oposición los vetaba. Era una práctica para generar confianza. Hoy —sugiere— ocurre lo contrario: se impone desde el poder.
“Entonces es muy claro: ¿quieren hacer una Reforma Electoral o quieren dar un golpe de Estado electoral, legislativo-electoral?”, soltó el priista, señalando el riesgo de que las reglas del juego democrático se reescriban a conveniencia del partido gobernante.
Una de las críticas más punzantes fue dirigida a la figura de Pablo Gómez, quien, según Moreira, ni siquiera es servidor público y, por lo tanto, no puede encabezar legalmente la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional. “Solo que lo nombren servidor público… porque por esa Comisión no pagan”, ironizó.
Pero el problema de fondo, según el líder priista, no es solo de forma, sino de fondo: la exclusión deliberada de estados, minorías, y opositores en una República que se dice federal. “Esto no es una monarquía”, advirtió, y recordó que desde el siglo XIII las constituciones obligan a escuchar a las minorías.
Moreira también criticó el uso de encuestas como instrumento político: “Si no hay información suficiente, son un instrumento demagógico para justificar decisiones ya tomadas”.
La analogía que cerró su mensaje fue lapidaria: “¿Vamos a elegir jueces y magistrados? ¿Y por qué no elegimos al titular del SAT?”, cuestionó, dejando en el aire una advertencia más profunda: si se abre la puerta al populismo en la justicia y las instituciones, ¿dónde se pone el límite?
La reforma electoral propuesta por la 4T no solo está encendiendo alertas en la oposición, sino que revive una pregunta que no debería tomarse a la ligera: ¿se construye democracia o se desmantela desde dentro?
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
