El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana, Francisco Ortega, aplazó hoy hasta el 21 de agosto la audiencia preliminar contra los siete imputados de recibir los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber distribuido en el país.

El magistrado acogió un nuevo recurso presentado por el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, uno de los acusados, para que se les entreguen las pruebas en su contra, solicitud a la que se adhirió la mayoría de los imputados.

En su fallo, Ortega anunció un receso hasta el 15 de agosto para que los imputados retiren un día antes en la secretaría de la SCJ «los elementos probatorios» solicitados.

Sin embargo, posteriormente y a requerimiento de abogados de los imputados, fijó la audiencia para 21 de este mismo mes para darles más tiempo a éstos para que examinen dichos documentos.

En la audiencia preliminar del caso, que Ortega inició ayer, la defensa de los acusados coincidió en señalar que, en algunos casos, las pruebas no han sido entregadas, mientras que en otros han sido «deficientemente notificadas».

Además de Díaz Rúa, sustituido el pasado lunes como secretario de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por este caso están imputados los expresidentes del Senado Andrés Bautista y Jesús Vásquez, ambos del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).

Asimismo, el empresario Ángel Rondón, a quien se le acusa de distribuir el dinero, el senador Tommy Galán, del PLD, así como el exsenador Roberto Rodríguez, miembro del PRM, y el abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro de Díaz Rúa.

El Ministerio Público los acusa de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El procurador general de Dominicana, Jean Alain Rodríguez, afirmó hoy a periodistas que existen pruebas «más que suficientes» contra los siete imputados de recibir los sobornos que Odebrecht aseguró haber distribuido en el país entre 2001 y 2014.

Al inicio de la audiencia de ayer, el empresario Ángel Rondón afirmó a la prensa no tener conocimiento sobre el dinero y que si la Procuraduría General «quiere saber quién manejó esos 92 millones» debe buscar al exgerente de la empresa en el país Marco Vasconcelos Cruz, a quien, aseguró, «lo sacaron en noviembre» del país.

Sin embargo, el procurador general recordó hoy que la constructora confesó los sobornos, pagó una multa por ello en Brasil, identificó a la persona que los distribuyó, y envió a las autoridades dominicanas «toda las transferencias bancarias, y todo eso está depositado».

A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera del expediente.

Rodríguez anunció entonces la inclusión de Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario del PRM, en la lista de los imputados por este caso.