Ciudad de México.– El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, anunció que está dispuesto a liquidar su deuda con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en un plazo no mayor a diez días. Durante la celebración de su cumpleaños, el magnate informó que envió documentos al fisco para conocer con precisión el monto exacto del adeudo y proceder a su pago.

Salinas Pliego difundió además en redes sociales los oficios enviados al SAT, así como comunicaciones dirigidas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En la carta enviada al SAT en octubre de 2025, solicitó una definición clara del adeudo “conforme a derecho” y “sin doble cobro”, señalando que los aspectos legales ya habían sido resueltos.

El empresario recordó que en octubre de 2024 había intercambiado cartas con Sheinbaum en las que detalló un acuerdo fiscal alcanzado con López Obrador, según el cual se estableció que las pérdidas fiscales de sus empresas no eran deducibles, y que se comprometían a pagar 7 mil 600 millones de pesos. Salinas Pliego señaló que ya había realizado un primer pago en octubre de 2022 por 2 mil 700 millones de pesos correspondiente a un crédito fiscal de 2006, el cual incluso fue dado a conocer por López Obrador en una conferencia matutina.

No obstante, acusó al SAT de no entregar todos los expedientes correspondientes, limitándose únicamente a los casos de 2013, lo que impidió que la Suprema Corte resolviera los asuntos de 2008 a 2012. El empresario calificó esta acción como una “maniobra perversa” que mantuvo los expedientes “guardados en el cajón” durante meses, señalando que fue el gobierno anterior quien decidió desconocer el acuerdo originalmente pactado.

Además, Salinas Pliego afirmó haber enfrentado presiones por parte de magistrados y ministros del Poder Judicial, por lo que solicitó los impedimentos correspondientes para garantizar un juicio objetivo e imparcial, sin revelar nombres específicos.

Con estas declaraciones, el empresario reafirma su intención de resolver su situación fiscal, mientras denuncia irregularidades en la ejecución de los acuerdos establecidos por el gobierno federal previo.