El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará nuevas medidas para depurar el padrón de comercio exterior, con el propósito de excluir a todas las empresas o contribuyentes que participen en la importación o exportación de hidrocarburos sin los permisos correspondientes. La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) bajo el documento “Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2025 y anexos 1, 2 y 5”.

De acuerdo con los lineamientos, las compañías que realicen operaciones relacionadas con hidrocarburos —sin contar con la autorización o concesión requerida conforme a la Ley del Sector Hidrocarburos o la Ley de Hidrocarburos de 2014— perderán automáticamente su registro en el padrón de comercio exterior.

El documento señala que también serán sancionadas aquellas que hayan contratado servicios o efectuado operaciones con terceros que carezcan de los permisos respectivos, tratándose de actividades reguladas en el sector energético.

Asimismo, los contribuyentes deberán acreditar, antes de solicitar o renovar su autorización para la entrada o salida de mercancías por lugares distintos a los puntos aduaneros autorizados, que poseen los permisos emitidos por las autoridades competentes. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Marina, la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre otras.

Los permisos presentados deberán corresponder al tipo de mercancía y a las instalaciones empleadas en actividades de trasvase, almacenamiento, transporte, licuefacción, compresión o cualquier otro proceso vinculado a la importación o exportación de hidrocarburos.

Además, se establece que las autorizaciones o sus prórrogas no podrán otorgarse por periodos mayores a la vigencia de los permisos o concesiones, ni aplicarse a rutas o ubicaciones distintas a las aprobadas oficialmente.

Con esta medida, el gobierno federal busca frenar la práctica del “huachicol fiscal” y otras operaciones ilícitas que afectan las finanzas públicas y la legalidad en el comercio de hidrocarburos en México.