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Política

Suegra y cuñada de Duarte tienen orden de aprehensión

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La suegra y cuñada del gobernador con licencia de Veracruz, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf y Mónica Ghihan Macías Tubilla, se encuentran prófugas de la justicia, que las busca por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Así confirmaron al diario El Financiero fuentes de la Procuraduría General de la República, que explicaron que son nueve el total de órdenes de aprehensión contra Duarte y gente cercana, por el escándalo de empresas fantasmas descubierto meses atrás.

En el caso de Tubilla y Macías, madre y hermana de la esposa de Javier Duarte, se les acusa de fungir como prestanombres para adquirir decenas de propiedades en Estados Unidos.

Si bien la familia del político priista se ha deslindado en varias ocasiones de cualquier delito, las autoridades federales poco a poco comienzan a armar una investigación con datos contundentes que podrían costarle la libertad a Duarte y varias de sus personas cercanas.

El gobernador electo Miguel Ángel Yunes ha denunciado en varias ocasiones que existen al menos 40 prestanombres de Duarte, entre los que se encuentran más familiares y gente del Club Veracruz de futbol.

 

Excelsior

Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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