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Suman 28 detenidos en Venezuela por ataque a Maduro

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El Gobierno venezolano informó de que ya son 28 los detenidos por el fallido atentado que sufrió en agosto el presidente, Nicolás Maduro, y pidió explicaciones a Chile, México y Colombia, después de que un detenido por este hecho mencionara en un vídeo de “confesión” a las embajadas de estos países.

En una rueda de prensa, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, comunicó las nuevas detenciones de tres personas, entre las que se encuentra Henryberth Emmanuel Rivas Vivas, alias ‘Morfeo’, quien supuestamente se iba a encargar de “grabar en vídeo” el “asesinato del presidente”.

También fueron arrestados Angela Lisbeth Expósito Carrillo, alias ‘La Perrera’, y el coronel retirado Ramón Santiago Velasco García, “alias ‘Corocoro’”.

A Expósito Carrillo, de cuya detención había informado horas antes la ONG Foro Penal, que además dijo que era de nacionalidad española, se le arrestó por resguardar en su vivienda a Rivas Vivas, quien pretendía escapar a Colombia con ayuda de Velasco García.

Con estos arrestos ya son 28 las detenciones por el atentado, dijo el ministro, que indicó que Venezuela está esperando que Colombia atienda la solicitud de extradición del diputado opositor Julio Borges, acusado de ser el autor intelectual de este hecho.

En su comparecencia de este domingo, Rodríguez mostró vídeos de “confesión” de Rivas Vivas y de Expósito Carrillo.

En uno de ellos, Rivas señala que fue trasladado a Colombia, donde recibió un supuesto entrenamiento para el atentado y asegura que tuvo contacto con el “jefe de migración” de ese país, a quien no citó por su nombre.

El detenido indicó también que, tras realizarse el fallido atentado, tuvo contacto con una persona, cuyo nombre tampoco dio, que se encontraba “en España” y quien supuestamente le ordenó que se trasladara a la embajada de Chile en Caracas.

Relató que desde ahí le iban a llevar en un vehículo a la embajada de México y después a la embajada de Colombia, desde donde le iban a trasladar a la frontera.

“Llegué a la embajada de Chile y estaba cerrada”, apuntó, y señaló que ante ello le ordenaron ir hasta la casa de la supuesta persona de la embajada chilena que le iba a ayudar y que supuestamente estaba en una zona de clase media alta de Caracas.

“Resulta ser que en la puerta de su casa, sale un (guardia de) seguridad chileno y me dice que él está enfermo, que él no está en el país”, continuó en referencia a la persona que debía ayudarle, para añadir que entonces lo enviaron a la sede de la “iglesia episcopal” pero que no encontró a los curas.

Tras mostrar este vídeo, Rodríguez dijo que “tiene que explicar la embajada de la república de Chile quién era ese funcionario a quien debía contactar este criminal para que colaborara en suproceso de fuga” y que Colombia debía aclarar “si es cierto que iba a servir de vehículo para trasladarlo hasta la frontera”.

La embajada de México también debe pronunciarse sobre “si en efecto estaba en este proceso de triangulación para facilitar la fuga de este criminal”, prosiguió, al tiempo que indicó que elpresidente ordenará en las próximas horas a su canciller, Jorge Arreaza, ponerse en contacto con estas embajadas para que “aclaren” los hechos.

“No hay inmunidad diplomática en el caso de encubrimiento de terroristas”, advirtió.

“Tiene que dar una explicación. ¿Está mintiendo el señor Morfeo? Él incluso ha dicho que está dispuesto a someterse voluntariamente aun polígrafo, a un detector de mentiras. ¿Podría el embajador de Chile someterse a un polígrafo también?”, dijo.

En ese sentido, recordó que el diputado Freddy Guevara, reclamado por el Gobierno por la violencia en las protestas de 2017, está resguardado en la sede diplomática de Chile en Caracas.

“¿Estaba en conocimiento el señor Guevara de toda esta situación?”, agregó.

Los Gobiernos de Chile y México ya han reaccionado negando estas acusaciones de Caracas.

Entre los detenidos por el atentado a Maduro también está el diputado opositor Juan Requesens y el Gobierno ha solicitado extradiciones, además de a Colombia, a Estados Unidos y Perú.

Noticieros Televisa

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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