Familiares de reclusos interpusieron seis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debido el aumento de contagios por COVID-19 en tres Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Chihuahua, que produjeron ya siete muertos y 221 casos confirmados, mientras que el organismo inició otra investigación de oficio en el penal de Ciudad Juárez por la misma razón.

La alerta fue generada por la situación de hacinamiento y convivencia que existe en las cárceles del estado.

Entre los presos fallecidos por coronavirus se encuentra el ex director del Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas de Chihuahua, Joaquín Lázaro López Ramírez, quien enfrentaba un proceso por peculado en un caso relacionado con las acusaciones que incluyen a otros ex funcionarios estatales, como el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien permanece detenido en Estados Unidos para su extradición a México.

Otro de los ex funcionarios de la anterior administración estatal, el ex secretario de Educación, Manuel Marcelo González Tachiquin, resultó positivo al virus SARS-CoV-2 y ya se encuentra aislado en el penal de Aquiles Serdán, lo que despertó la angustia de su familia, según declaró al medio local La Verdad, Miriam González Martínez, hermana del recluso. Tachiquín González está detenido desde el 7 de enero del 2019 acusado de peculado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se implementó un programa para la detección y atención a síntomas del padecimiento, así como áreas especiales para atender a los pacientes.

Ante las quejas interpuestas por familiares de reos, el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya, informó que se solicitarán medidas cautelares y se presentará una propuesta general a las autoridades de salud y penitenciarias para que se establezcan medidas sanitarias que ayuden a disminuir los contagios derivados del hacinamiento y convivencia en espacios reducidos, condiciones, señaló, que exponen a los prisioneros a un estado de alta vulnerabilidad.

La CEDH solicitará información de todas las personas que presentan contagio de COVID-19, así como son antecedentes clínicos, padecimientos y el tratamiento médico que se les proporcionó.

Además, exhortará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como lo recomendó la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se analicen los casos de personas ya sentenciadas que pudieran ser sujetas a preliberación.

También se pedirá que se revise la situación de quienes se encuentran bajo proceso para revisar una posible modificación a la medida cautelar para despresurizar los centros de reclusión y disminuir el riesgo de propagación del virus. De la misma manera se solicitará la revisión de los casos de reclusos vulnerables, como adultos mayores o con comorbilidades como diabetes, hipertensión u obesidad.

El pasado 22 de abril fue expedido el decreto oficial de la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La norma entró en vigor un día después, el 23 de abril, pues, de acuerdo con las leyes mexicanas, los decretos publicados en el DOF serán aplicables el día hábil después de su expedición.

Sin embargo, en octubre las autoridades harán un ejercicio de revisión de los delitos que refiere para valorar la vigencia que tienen los elementos configurativos. La semana pasada fue expedida la reglamentación que regirá dicha Ley.

La Ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Además, el Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, “promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta ley”.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía federal, la comisión responsable de analizar los casos de posibles beneficiarios ha recibido 460 peticiones de liberación, que se suman a las 2,500 solicitudes previas a la entrada de la normatividad, recibidas en la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (SG).

Si bien la ley es federal, la dependencia insta a los estados a generar sus propias leyes de amnistía y las comisiones respectivas de análisis.

Fuente: Infobae