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Suman 7 muertos por COVID-19 en Ceresos de Chihuahua; Piden aplicar Ley de Amnistía

Familiares de reclusos interpusieron seis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) debido el aumento de contagios por COVID-19 en tres Centros de Reinserción Social (Ceresos) de Chihuahua, que produjeron ya siete muertos y 221 casos confirmados, mientras que el organismo inició otra investigación de oficio en el penal de Ciudad Juárez por la misma razón.

La alerta fue generada por la situación de hacinamiento y convivencia que existe en las cárceles del estado.

Entre los presos fallecidos por coronavirus se encuentra el ex director del Fideicomiso para el Fomento de las Actividades Productivas de Chihuahua, Joaquín Lázaro López Ramírez, quien enfrentaba un proceso por peculado en un caso relacionado con las acusaciones que incluyen a otros ex funcionarios estatales, como el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien permanece detenido en Estados Unidos para su extradición a México.

Otro de los ex funcionarios de la anterior administración estatal, el ex secretario de Educación, Manuel Marcelo González Tachiquin, resultó positivo al virus SARS-CoV-2 y ya se encuentra aislado en el penal de Aquiles Serdán, lo que despertó la angustia de su familia, según declaró al medio local La Verdad, Miriam González Martínez, hermana del recluso. Tachiquín González está detenido desde el 7 de enero del 2019 acusado de peculado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se implementó un programa para la detección y atención a síntomas del padecimiento, así como áreas especiales para atender a los pacientes.

Ante las quejas interpuestas por familiares de reos, el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya, informó que se solicitarán medidas cautelares y se presentará una propuesta general a las autoridades de salud y penitenciarias para que se establezcan medidas sanitarias que ayuden a disminuir los contagios derivados del hacinamiento y convivencia en espacios reducidos, condiciones, señaló, que exponen a los prisioneros a un estado de alta vulnerabilidad.

La CEDH solicitará información de todas las personas que presentan contagio de COVID-19, así como son antecedentes clínicos, padecimientos y el tratamiento médico que se les proporcionó.

Además, exhortará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como lo recomendó la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se analicen los casos de personas ya sentenciadas que pudieran ser sujetas a preliberación.

También se pedirá que se revise la situación de quienes se encuentran bajo proceso para revisar una posible modificación a la medida cautelar para despresurizar los centros de reclusión y disminuir el riesgo de propagación del virus. De la misma manera se solicitará la revisión de los casos de reclusos vulnerables, como adultos mayores o con comorbilidades como diabetes, hipertensión u obesidad.

El pasado 22 de abril fue expedido el decreto oficial de la Ley de Amnistía en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La norma entró en vigor un día después, el 23 de abril, pues, de acuerdo con las leyes mexicanas, los decretos publicados en el DOF serán aplicables el día hábil después de su expedición.

Sin embargo, en octubre las autoridades harán un ejercicio de revisión de los delitos que refiere para valorar la vigencia que tienen los elementos configurativos. La semana pasada fue expedida la reglamentación que regirá dicha Ley.

La Ley contempla liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por delitos contra la salud, como portación de drogas, aborto y robo simple y sin violencia ni armas de fuego. También contempla a los presos políticos e indígenas que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.

Los delitos susceptibles son: aborto, que incluye a la mujer que interrumpió el embarazo, a los médicos, cirujanos, comadronas o parteras, practicantes del procedimiento; los delitos contra la salud, por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas en estado de vulnerabilidad; los cometidos por integrantes de los pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso.

Además, el Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, “promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta ley”.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Amnistía federal, la comisión responsable de analizar los casos de posibles beneficiarios ha recibido 460 peticiones de liberación, que se suman a las 2,500 solicitudes previas a la entrada de la normatividad, recibidas en la Unidad de Fortalecimiento del Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (SG).

Si bien la ley es federal, la dependencia insta a los estados a generar sus propias leyes de amnistía y las comisiones respectivas de análisis.

Fuente: Infobae

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Atención: Salud no recomienda dióxido de cloro ante Covid-19

Hugo López-Gatell declaró que el dióxido de cloro no ha tenido demostración científica de ser útil o benéfico para prevenir, tratar o reducir daño por Covid-19; ni en México o el mundo.

Hemos buscado intencionalmente información en la medida en que por redes sociales y grupos de opinión se ha propagado que dióxido de cloro es utilizado ante Covid-19″.

Gatell Ramírez explica que la sustancia se puede usar para procesos de desinfección en dosis bajas, 20 o 30 gotas en un vaso de agua.

Además agregó que Cofepris no ha recibido ninguna solicitud de evaluación para autorizar dióxido de cloro ante Covid-19, por lo qu quienes lo promueven deberán hacerse responsables.

Finalmente resaltó que en caso de excederse la dosis de la cual se habla, podría ser tóxico para el organismo humano, por lo tanto la Secretaría de Salud y el Gobierno de México no lo recomiendan usar para tratar el nuevo coronavirus.

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12 de años de cárcel a quien organice fiestas y contagie en Querétaro

Quien organice una fiesta y de ella resulten enfermos de Covid-19 puede purgar hasta 12 años de prisión por el delito de “riesgo de contagio”, de acuerdo con el Código Penal del estado, informó Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno estatal.

De cara a los festejos patrios, y de la posibilidad de que algunas personas hagan caso omiso de las recomendaciones de salud por la pandemia de Covid-19, el funcionario mencionó que en dos semanas más se verá si las fiestas tienen consecuencias en la salud.

“Si efectivamente una persona, en el periodo normal que establece la medicina, se da un positivo a Covid y los médicos establecen que ese fue el lugar del contagio, entonces la persona responsable de cualquier reunión o cualquier concentración podría incurrir en el delito de peligro de contagio que sanciona nuestro Código Penal”, aclaró.

El artículo 127 BIS-1 del Código Penal dice: “al que sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, sin que la víctima u ofendido tenga conocimiento de esta circunstancia, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible se le impondrán las penas previstas para el delito de lesiones. En el caso de la fracción anterior, se perseguirá de oficio a excepción de cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas solo podrá procederse por querella del ofendido”.

Mientras que el artículo 127, en el que se basan las penas para el 127 BIS-1 establece penas mínimas de tres meses hasta 12 años de prisión, según la gravedad del daño.

El 11 de septiembre, la Secretaría de Salud firmó el Acuerdo por el que se anuncia la suspensión de actividades y festejos patrios que fue publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

También sugieren a las autoridades municipales aplicar las medidas que consideren necesarias para evitar riesgos de contagio.

Operativo disuasivo
El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, informó que la labor será disuasiva, además de preventiva en las zonas limítrofes de Querétaro.

Recordó que los eventos masivos están suspendidos, pero no descartan la posibilidad de que algunas personas intenten llegar a esos lugares tradicionales de concentración. Dijo que trabajarán con el mismo estado de fuerza con el que han atendido esta pandemia de COVID-19, de manera que se apostarán en las zonas limítrofes del estado, y respaldarán cualquier petición de apoyo que hagan las autoridades sanitarias.

“No habrá gente, no habrá presencia multitudinaria, de tal manera que la policía que vamos a tener será para estar ayudando, sugiriendo a la gente que se retire”, señaló Granados Torres.

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Chihuahua

Alcalde de Parral da positivo al COVID-19

El alcalde del municipio chihuahuense de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, dio a conocer que dio positivo a coronavirus y se encuentra en aislamiento voluntario en su domicilio para no contagiar a otras personas.

Alfredo Lozoya compartió a través de su cuenta oficial de Twitter un video donde señala que se encuentra bien y no presenta síntomas más allá de la pérdida del olfato y fiebres que no han puesto en riesgo su salud.

El alcalde también expresó en la grabación su agradecimiento por el apoyo de su familia y colaboradores en estos momentos de enfermedad, y resaltó que seguirá trabajando desde su domicilio para atender los asuntos del municipio, ubicado en el sur de Chihuahua.

“Estoy en contacto permanente con los diferentes departamentos de la administración porque Parral no se puede detener. Tenemos tantos proyectos y ninguno dejará de realizarse, somos más grandes que esta pandemia”.Alfredo Lozoya Santillán

Alfredo Lozoya Santillán estuvo en protestas de La Boquilla

Alfredo Lozoya, quien al cargo de alcalde de Hidalgo del Parral por la vía independiente, es uno de los muchos políticos de Chihuahua de diferentes filiaciones que ha mostrado su apoyo a los productores que tomaron la presa La Boquilla el 8 de septiembre pasado.

Dos días después de la toma, en la que hubo enfrentamientos con elementos de la Guardia Nacional que dejaron una persona fallecida y varios heridos, Lozoya Santillán pasó la noche con los manifestantes, según él mismo publicó en Twitter.

De acuerdo con Proceso, arribó a la presa acompañado por decenas de personas de su municipio, ubicado a unos 100 kilómetros, y entregó a los inconformes apoyos para que continúen con el plantón, incluyendo una unidad médica móvil.

Ese mismo día, señala el semanario, Alfredo Lozoya formó parte de una caravana del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA) que fue encabezada por la periodista Beatriz Pagés, cercana al priismo.

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