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Teme Morena que los paquetes electorales de Puebla ya estén alterados

En un hecho calificado como “histórico” por la propia magistrada presidenta Janine Madeline Otálora Malassis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió por unanimidad un recuento total y nuevo cómputo de los votos en los 26 distritos de Puebla para la elección a gobernador, al documentar un “número de irregularidades tal que no permiten tener certeza” sobre los resultados de los comicios del pasado 1 de julio en el estado.

La diferencia entre Martha Erika Alonso, la esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, y el candidato de Morena, Barbosa Huerta, fue de 122 mil 36 votos, es decir, el 4.04% de la votación, y los siete magistrados del TEPJF decidieron que era procedente el recuento total.

El recuento en las 7 mil 174 casillas iniciará el 24 de septiembre y “puede prolongarse durante una semana”, admite la magistrada Otálora Malassis, entrevistada por Proceso sobre los alcances de esta decisión, que abren la posibilidad de anular los comicios para gobernador.

Barbosa Huerta celebró la “decisión histórica” del TEPJF, pero aclaró que “no tenemos confianza en lo que se vaya a encontrar”, ya que “todo el material que va a ser abierto y contado ha estado en manos de quienes han manipulado la elección”.

El exsenador afirmó ante medios de comunicación que “el recuento no garantiza toda la limpieza de la elección” porque “los pillos electorales fueron los mismos: el Instituto Electoral del Estado y los consejos distritales”.

El aspirante morenista indicó en su comunicado del 19 de septiembre que “la manipulación sobre el material electoral que el Instituto Electoral del Estado y sus direcciones, así como de los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales ha sido permanente, antes, durante y después de la jornada electoral, sosteniendo de nuestra parte que la certeza en los resultados y la cadena de custodia en el material está perdida”.

No mencionó nada sobre el juicio que interpuso para anular la elección, pero Santiago Nieto Castillo, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales (FEPADE) y asesor de Morena en el caso de Puebla, comentó a este semanario que la decisión del TEPJF “es una buena señal”.

“El problema es que, si lo que vimos en el hotel donde alteraron las actas estaba avanzado, los paquetes electorales deben estar alterados”, afirmó Nieto Castillo.

Sobre la violación del proceso de custodia y la anulación de los comicios a gobernador, la magistrada presidenta del TEPJF aclara que “corren por pistas separadas” y que, efectivamente, el recuento no significa automáticamente una anulación o una valoración sobre las dudas frente a la cadena de custodia de los paquetes electorales.

“El proceso de la anulación de la elección sigue en el Tribunal Electoral de Puebla y tienen hasta el 10 de octubre para resolver sobre este tema. El caso de la impugnación por la presunta violación de la cadena de custodia de los paquetes electorales aún está en el Tribunal de Puebla. El recuento total y estos dos temas anulación corren por ‘pistas separadas’”, aclara.

Fuente: Proceso

Chihuahua

”El 90% de los delitos cometidos en Chihuahua son del fuero Federal”: Gobernadora

En el estado de Chihuahua, el 90 por ciento de los delitos que se cometen están relacionados con el crimen organizado, es decir, compete su investigación al Gobierno Federal, declaró la Gobernadora.

Dicha cifra, explicó, es emanada de los análisis que se realizan durante las sesiones de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, en la que participan autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

La mandataria, exhortó a la Federación a no desatender está problemática generada por el crimen organizado, para lo que, enfatizó, cuenta con la colaboración del Gobierno del Estado.

El Gobierno de Chihuahua se enfoca en la atención de la situación actual, para procurar la seguridad de la ciudadanía mediante la dignificación de los cuerpos policiales, así como las estrategias necesarias para la salvaguarda de la población.

La Administración estatal reitera su disposición y apertura para colaborar en pro de las y los chihuahuenses, en conjunto con gobiernos municipales y Federal, para que no existan omisiones en la atención que la sociedad requiere.

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