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Trágico saldo de lluvias en Japón

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TOKIO (EFE).— Decenas de personas murieron a causa de las inundaciones y derrumbes generados por las lluvias que azotan Japón, donde desde ayer continúan las labores de rescate de heridos y la búsqueda de unos cincuenta desaparecidos.

Al menos medio centenar de personas, desde niños a ancianos, fallecieron en el centro y oeste del país por las precipitaciones, que duran ya tres días y llevaron a las autoridades a ordenar por un momento el desalojo de casi 5 millones de japoneses

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que pronostica lluvias récord, pidió a la población que extreme la precaución ante el riesgo de accidentes relacionados con derrumbes y deslizamientos de tierra, incluso si la lluvia cesa, porque las intensas precipitaciones reblandecieron el terreno.

La cadena pública de televisión NHK —con un amplio despliegue en todo el país, incluidos helicópteros— retransmite en directo imágenes de localidades inundadas, casas parcialmente sepultadas en laderas de montañas, puentes y carreteras destruidas.

La mayoría de los fallecidos, sobre todo en Hiroshima y Ehime, fueron arrastrados por las crecidas de los ríos, cayeron accidentalmente a sus aguas o se vieron sorprendidos en sus viviendas por aludes de tierra y la subida del nivel del agua.

La prefectura de Gifu (centro del país) es la única que sigue en alerta máxima después de que se levantaran progresivamente las decretadas en Fukuoka, Nagasaki, Saga, Hiroshima, Kioto, Okayama, Tottori y Hyogo.

Otras 26 de las 47 provincias del país asiático siguen en alerta (aunque de menor grado), por el riesgo de accidentes.

Los cuerpos de seguridad han recibido más de un centenar de peticiones de rescate, dijo el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga.

Unos 48,000 efectivos, entre soldados, policías y bomberos, participan en las labores de búsqueda y recuperación de heridos.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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