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Trump fracasa en conseguir fondos para el muro pero asegura que se construirá

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Ante la amenaza del cierre del gobierno federal si no se aprueba este viernes el presupuesto, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, claudicó en su idea de buscar dinero para un muro en la frontera y aceptó a cambio fondos para tecnología fronteriza y contratar más agentes.
El periódico más importante de la capital estadunidense, The Washington Post, publicó en su primera plana que la Casa Blanca pospondrá para septiembre su exigencia al Congreso sobre la aprobación de fondos para iniciar la construcción de un muro en la frontera con México.
El mandatario reaccionó a la información publicada y a través de su cuenta personal de Twitter, atajó:
“No permitan que la prensa falsa les diga que cambié mi posición sobre el muro. Se construirá y ayudará a detener las drogas, el tráfico de personas, etcétera”.
En su intento por conseguir fondos, Trump insiste en que muro parará el flujo de drogas
Sin embargo no insistió, como había solicitado inicialmente al Congreso, que quiere le aprueben mil 500 millones de dólares en el presupuesto adicional para el año fiscal 2017 que está en curso.
En el Capitolio hay una férrea oposición, por parte de los legisladores demócratas y de algunos republicanos, a incluir en del presupuesto fiscal del 2017 los fondos solicitados por Trump para iniciar la edificación del muro fronterizo.
La insistencia de Trump con los mil 500 millones de dólares, amenazaba con provocar el cierre del gobierno federal.
El nuevo acuerdo entre la Casa Blanca y el Congreso, que excluye del presupuesto adicional de este año el dinero para el muro, facilitaría que el Capitolio apruebe el dinero que se requiere para mantener el funcionamiento del gobierno federal.
Dentro de su solicitud de presupuesto del año fiscal 2017, Trump pidió al Congreso mil 200 millones de dólares para la adquisición de tecnología y la contratación de más agentes para la Patrulla Fronteriza.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Interior incluye fondos para la contratación de otros cinco mil agentes para la Patrulla Fronteriza dentro del Buró de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y de 10 mil elementos más para el Buró de Aduanas e Inmigración (ICE).
Con los mil 200 millones de dólares que requiere, el plan de Trump para el año fiscal 2017 se concentraría en financiar la colocación de 47 mil 700 camas en centros de detención temporal de inmigrantes indocumentados. La Casa Blanca adelantó con ello que la ubicación, detención y deportación de inmigrantes sí se llevará a cabo en forma masiva, tal y como lo prometió Trump durante su campaña presidencial.
“La mayor capacidad para los centros de detención es necesaria para implementar las política de remoción de los Estados Unidos, de los inmigrantes indocumentados, y para deportar inmediatamente a las personas que sean detenidas en la frontera sur en sus intentos por ingresar al país violando las leyes de inmigración”, enfatiza el presidente Trump.
Los planes del mandatario son proporcionar a los agentes federales encargados de vigilar la frontera con México, equipo y tecnología a fin de contar con bases de datos y Sistemas de Posicionamiento Global para procesar con mayor celeridad el proceso de deportación de los indocumentados.
De los gastos adicionales solicitados por Trump para el año fiscal en curso, 11 millones de dólares se destinarían para la integración de los nuevos sistemas de procesamientos de datos.
A la CBP le asignaría 286 millones de dólares para cubrir los gastos de sus operaciones. De estos, 95 millones son para el costo del incremento de operaciones fronterizas, 65 millones para el reclutamiento y capacitación de los cinco mil agentes para la Patrulla Fronteriza, 18 millones para el manejo de operaciones, supervisión y respaldo a la construcción del muro; 43 millones para situaciones especiales y 64 millones de dólares para la adquisición de otras tecnologías necesarias.
No está claro cuánto dinero de los mil 200 millones de dólares está dispuesto a aprobar el Congreso como parte de los gastos adicionales para el año fiscal 2017.

(apro)

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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