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Unicef asegura que México también separa menores migrantes de sus padres

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Las autoridades migratorias mexicanas separan de sus familias a niños migrantes mayores de 12 años provenientes de Centroamérica, lo que causa un «estrés tóxico» en los menores, alertó este miércoles Dora Giusti, jefa de Protección a la Infancia de Unicef México.

En su informe «Desarraigados en Centroamérica y México», que aborda los flujos migratorios entre América Central y América del Norte, Unicef señala que no solo Estados Unidos separa a familias migrantes, sino también lo hace México, país en que se establecen muchos migrantes ante las dificultades de alcanzar la frontera norte.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las autoridades mexicanas suelen detener y llevar a los niños de 12 años a una zona separada de sus familias, mientras que se permite a las madres quedarse con los niños más pequeños.

Ante esto, Giusti pidió acelerar la reunificación de familias, tanto en México como en Estados Unidos, y advirtió que «el impacto que tiene la separación y la detención genera un estrés tóxico que puede generar repercusiones de por vida, como trastornos psicológicos».

«Hacemos un llamado fuerte ante esta situación para que no se vuelva a repetir en ningún lado, ni en México ni en Estados Unidos u otros lugares», sentenció en declaraciones a Efe.

El informe, divulgado hoy, indica que al menos 286 mil 290 migrantes que viajaban a Estados Unidos fueron interceptados en la frontera norte de México entre octubre de 2017 y junio de 2018. De ellos, 37.450 eran menores de edad que emprendieron la travesía en solitario.

Los que viajan solos suelen ser víctimas de «explotación por parte de bandas criminales y violencia sexual en el caso de las chicas», así como discriminación y rechazo en las comunidades por donde pasan, indicó Giusti.

Además, Unicef calcula que, entre 2016 y 2017, casi 60 mil menores de Guatemala, Honduras y El Salvador fueron retenidos en estaciones migratorias, en lugar de ser hospedados en albergues como marca la ley.

Dora Giusti explicó que se han detectado casos de menores que pasan hasta tres meses detenidos, lo que les genera «una desesperación muy fuerte» y muchos de ellos prefieren ser retornados a sus países e intentar la travesía de nuevo antes que seguir encerrados y solicitar refugio.

«Si no los trasladan a un albergue se desesperan y ya no quieren pedir refugio. Para ellos, México es la estación migratoria y no quieren vivir así», describió.

Añadió que la fiscalía especializada en protección de niños debería realizar «un análisis en detalle de los derechos» de cada menor, pero ello «no ocurre en el 100 % de los casos y muchos chicos son retornados rápidamente en tres días».

Solo 167 solicitudes de asilo y refugio fueron aprobadas en México en 2017, año en que se detectaron 18 mil menores, por lo que el resto fueron sometidos a procesos de deportación.

En los casos de niños de Guatemala, son retornados en camión y ubicados en un albergue en la frontera, desde donde se contactan las familias.

El proceso con los hondureños y salvadoreños se demora más, puesto que las deportaciones se hacen en avión y deben ser costeadas por las autoridades del estado mexicano donde se detuvo al menor, y no siempre tienen el presupuesto para hacerlo.

La jefa de Protección a la Infancia de Unicef México indicó que aunque la inmensa mayoría de menores huyen de la violencia y buscan reencontrarse con familiares afincados en Estados Unidos, están «dispuestos a quedarse en México si se le ofrece un proyecto de vida», como trabajo o formación profesional.

Unicef insta a México a poner fin a la práctica de detención de niños por su condición de migrantes, así como a protegerlos de la violencia, mantener sus familias unidas y abordar las causas estructurales que les obligan a huir de sus países de origen, como la falta de desarrollo económico y la violencia en Centroamérica.

Giusti explicó que estas demandas ya han sido trasladadas al equipo de transición del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la Presidencia el próximo 1 de diciembre.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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