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México

Buscarán que los tres niveles de gobierno protejan a víctimas del delito

El gobierno federal buscará modificar la Ley General de Víctimas y elevar a rango constitucional la obligación de los tres niveles de gobierno a proteger a las personas víctimas del delito.

El subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Fernández Aceves, informó este miércoles que esa dependencia instalará mesas de diálogo con organizaciones de víctimas y legisladores.

El objetivo es «llenar lagunas» de la ley que está como proyecto de decreto dentro del Congreso de la Unión con el consenso de los propios legisladores y de las organizaciones, entre ellas el Movimiento por la Paz que encabeza el escritor Javier Sicilia, detalló el funcionario.

Destacó que el gobierno federal busca modificar la Constitución para que los ayuntamientos, los gobiernos estatal y federal estén obligados por la Constitución a atender a las víctimas.

«Nosotros pensamos que el mecanismo conforme al cual los tres órdenes de gobierno deban atender a las víctimas debe ser elevado a rango constitucional, que no haya modo de que algún orden de gobierno busque escaparse de su responsabilidad», dijo.

El gobierno federal pretende que la Ley de Víctimas sea congruente con el paquete de reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se aprobó el año pasado, según el subsecretario.

Dijo que es necesario garantizar que las víctimas no padezcan una doble victimización al momento de solicitar la atención por parte del Estado.

«Necesitamos una base constitucional armónica que establezca criterios comunes y responsabilidades claras para efecto de evitar que las víctimas en el proceso de solicitar la reparación, no sufran un proceso de revictimización en la búsqueda de la ventanilla adecuada», dijo.

El funcionario informó que las mesas de diálogo se instalarán a más tardar dentro de dos semanas y en ellas se buscará también homologar criterios con otras leyes como la Ley de General de Educación y la General de Salud y la Ley de Desarrollo Social.

En su opinión, esas leyes «aún guardan obstáculos» para las personas afectadas por algún delito que buscan justicia y se pretende que las autoridades «no tengan lagunas por las que se pueda escapar algún argumento de no atención a las víctimas».

Otro cambio que será propuesto es trasladar la responsabilidad del resarcimiento de un daño al delincuente y no cargarlo «a los contribuyentes» como cuando el gobierno tiene que asumir los gastos.

«En la subsidiariedad en la responsabilidad del infractor tenemos que encontrar un mecanismo a la luz de los tratados internacionales para que la víctima esté protegida y cuente con la reparación del daño y que el delincuente se haga responsable de los daños  que hizo», dijo.

Debido al tiempo que le resta al gobierno del país (cinco meses), buscarán acelerar los cambios e incluso podrían pedir a los diputados federales que convoquen a una sesión extraordinaria para aprobar la Ley General de Víctimas con los cambios que se proponen.

La Ley General de Víctimas fue aprobada a fines de abril pasado por la Cámara de Diputados, casi un semana después de recibir la validación del Senado.

Solo necesitaba la promulgación del presidente para entrar en vigor, pero ahora deberá esperar a que los legisladores decidan sobre las observaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo.

Según la Constitución, la cámara de origen —la de Diputados en este caso— debe discutir el proyecto y turnarlo a la cámara revisora (Senadores) una vez que sea aprobada por las dos terceras partes. Después de recibir el aval de la misma mayoría entre los senadores debe ser enviada nuevamente al Ejecutivo.

El siguiente periodo ordinario de sesiones ordinarias inicia el 1 de septiembre, según la Constitución. Para ser revisado antes debe llamarse a un periodo extraordinario.

Las sesiones extraordinarias son convocadas por la Comisión Permanente de la cámara para ocuparse exclusivamente del asunto en cuestión. Son necesarios los votos de dos terceras partes de la Comisión Permanente para convocar a una sesión extraordinaria.

La medida fue considerada por víctimas y defensores de derechos humanos como fundamental en medio de la Estrategia Nacional de Seguridad en contra del crimen organizado implementada en el 2006.

Desde año a la fecha se han registrado más de 47,500 muertes violentas, según cifras de la Procuraduría General de la República (PGR).

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México

Familiares de Daniela le prepararon una fiesta por su cumpleaños 19; fue atropellada y nunca llegó

Un empresario platanero identificado como Armado “N” habría atropellado y matado a Daniela Reyes en el municipio de San Rafael, en Veracruz. Los familiares pidieron que las autoridades hagan justicia en el caso.

De acuerdo con Yarin, hermana de Daniela, el día sábado la joven habría salido de trabajar, tomó su bicicleta para dirigirse rumbo a su casa para celebrar su cumpleaños número 19. Sin embargo, en la carretera San Rafael-Paso de Telaya, Armando “N” la habría atropellado con su camioneta, una Ram de color negro.

Al lugar acudió la familia, ahí ya se encontraban las autoridades. No obstante, el empresario no fue esposado, ni los policías municipales lo subieron a la patrulla. En cambio, Armando “N” permanecía junto a su camioneta hablando por teléfono.

Ante la impunidad, familiares se lanzaron contra él, en ese momento las autoridades actuaron, pero no para detener al empresario, sino al padre de Daniela, quien pretendía golpear a Armando “N”. El hombre tuvo que ser resguardado y todo quedó grabado en un video, el cual fue compartido por Yarin.

“¡Este es el hombre que mató a mi hermana compartan! Así estaba viendo su gracia. ¿Qué hicieron los policías? ¡No lo esposaron ni nada! Policías corruptos. ¡Ayúdenme a difundir para que se haga justicia!”, escribió la hermana de Daniela.

Asimismo, Yarin denunció que esta no era la primera vez que el empresario platanero cometía un delito como el que le arrebató la vida a Daniela, sin que hasta el momento Armando “N” recibiera una sentencia en su contra por ello.

Momentos después, la hermana de Daniela compartió que al momento del accidente, su tío se dirigió a la Comandancia a la espera de que Armando “N” fuera trasladado a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz. Ella cuenta que su tío siempre estuvo preguntando a los policías la hora de su salida. Las autoridades siempre decían que aún no.

Pero tiempo después su tío no fue notificado, y Armando “N” salió de la Comandancia abordo de un patrulla. Yarin cuenta que su tío fue alertado por otra persona, y al ver lo que estaba pasando salió tras de ellos para corroborar si realmente lo llevarían a la Fiscalía para hacer justicia.

La hermana de Daniela también narró que a pesar de que los policías manejaron a una velocidad muy rápida su tío pudo alcanzarlos. Ahora, Armando “N” permanece en la FGE. “¡No es justo que las autoridades del municipio de San Rafael se presten a juegos Injustos!”, agregó.

Posteriormente, el cuerpo de Daniela fue entregado a sus familiares para velar a la joven de 19 años de edad en un domicilio ubicado en la colonia El Guayabal, en el municipio de San Rafael en el estado de Veracruz.

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México

Avalancha de haitianos colapsa Tapachula y sistema de ayuda a refugiados

La ciudad de Tapachula, Chiapas, así como el sistema de atención a solicitantes de refugio en México, están siendo colapsados por una avalancha de migrantes haitianos provenientes, principalmente de Brasil y Chile, a donde inicialmente llegaron en busca de trabajo, pero, al complicarse su plan de migración, decidieron emprender el viaje hacia Estados Unidos, aunque sólo pudieron llegar hasta la frontera sur mexicana, donde son contenidos por el gobierno.

De acuerdo con las leyes migratorias, los ciudadanos haitianos detenidos en Chiapas no reúnen las características para considerarse refugiados; sin embargo, no pueden ser deportados a su país, porque es considerado un Estado fallido, por la severa situación política por la que atraviesa y porque no recibe repatriados.

El problema es que se está generando una bomba de tiempo, ante las tensiones entre los habitantes de la ciudad y los migrantes, quienes se ven obligados a permanecer ahí, pues si la abandonan, caen en la situación legal de abandono del proceso de adjudicación de refugio.

Lo lamentable, es que viven en condiciones de alta marginación e insalubridad, debido a que son personas que no cuentan con recursos económicos, ni trabajo. Decenas lleva varios meses en esas condiciones y, en el mejor de los casos, deben esperar hasta principios del año siguiente para recibir alguna respuesta a su solicitud.

Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados Afromexicanos (CCDNAM), expuso que la historia de estas oleadas de migrantes haitianos se remonta a 2010, cuando ocurrió el terremoto de 7.0 grados en Haití, en el que más de 316,000 personas murieron, 1.5 millones quedaron sin hogar y más de 350,000 resultaron heridas.

En ese tiempo, miles de haitianos decidieron emigrar a Brasil atraídos por la demanda de mano de obra, principalmente para construir los estadios que luego se utilizaron en el mundial de Futbol de 2014.

Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, primero y luego el de Dilma Rousseff, alentaron la llegada de haitianos a su territorio.

La salida hacia Brasil fue un camino natural para los haitianos, después de que, desde 2004, Brasil asumió el control de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, luego de que el país cayó en caos tras la dimisión del presidente Jean Bertrand Aristide.

Metelus, quien además es un internacionalista originario de Haití naturalizado mexicano, explicó que, al igual que Lula y Rousseff, los gobiernos encabezados por Hugo Chávez, en Venezuela, Evo Morales, en Bolivia y Michelle Bachelet en Chile, abrieron las puertas de sus países como una forma de agradecimiento a los antiguos haitianos que lucharon con Simón Bolívar por la independencia de países del sur del continente.

Algunos cálculos señalan que Brasil habría recibido más de 180,000 migrantes haitianos, Chile más de 100,000; Venezuela, 50,000; Bolivia 25,000 y Ecuador más de 20,000. Paralelamente Estados Unidos había concedido facilidades para que los haitianos ingresaran a su territorio. En 2014 la diáspora haitiana se calculó en dos millones de personas, tanto a Europa y América.

Señales desde Estados Unidos y México motivan desplazamientos
Con la salida de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, en 2016, concluyeron los apoyos sociales a los migrantes haitianos, lo cual ocasionó la salida de decenas de ellos con la intención de llegar a Estados Unidos antes de las elecciones presidenciales celebradas el 8 de noviembre de ese año, con el fin de ingresar antes de que llegara Donald Trump a la presidencia, lo que ocurrió en enero de 2017.

Es por ello que, en 2016, llegó a la frontera sur de México un primer grupo de haitianos. Eran alrededor de 500, lo cual fue un escándalo en Tapachula, particularmente por motivos racistas: eran negros que, además no hablaban español.

De acuerdo con el activista Metelus, el presidente Enrique Peña Nieto tenía información de que llegarían muchos más haitianos porque el presidente Barack Obama lo alertó.

El gobierno mexicano les otorgó visas por 20 días para que cruzaran el país y así llegaran hasta la frontera con Estados Unidos, cruzaron por Tijuana y terminó la historia.

Esa noticia motivó a miles de haitianos asentados en Sudamérica a ponerse en camino hacia el norte y comenzaron a llegar a la frontera sur mexicana.

Hasta antes de noviembre de 2016, Estados Unidos dejó entrar a más de 300. No obstante, decidió cerrar la puerta.

Con la llegada del presidente Trump a la presidencia estadounidense, el gobierno endureció su política migratoria y ocasionó que los haitianos comenzaran a quedar varados en México.

Muchos de ellos se instalaron en Tijuana, Mexicali y en, en menor medida, en algunos municipios fronterizos de Tamaulipas. Se calcula que en la frontera norte hay alrededor de 7,000 haitianos. La amplia mayoría en Baja California.

En 2018, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México generó nuevamente expectativas entre los haitianos en el camino debido a sus pronunciamientos en el sentido de que aquí se les trataría bien a los migrantes.

Ello, aunado a que en los primeros cuatro meses de gobierno concedió más de 22,000 visas humanitarias a migrantes varados en la frontera sur, motivó que vinieran más.

Pero la situación dio un vuelco. En junio de 2019, el gobierno mexicano pactó con el gobierno del presidente Trump para contener a los migrantes en México a cambio de que no le impusieran aranceles en sectores económicos específicos.

Eso generó la concentración de haitianos y migrantes de otras nacionalidades en Tapachula. Actualmente se calcula que hay alrededor de 30,000 haitianos varados en aquella ciudad chiapaneca, donde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se ha visto rebasada ante la altísima demanda de refugio.

Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2021, pactó con el presidente López Obrador. En esta ocasión, destacó Wilner Metelus, el trato fue vacunas para México a cambio de seguir conteniendo a los migrantes.

El problema es que los haitianos, como los demás migrantes varados en Tapachula han comenzado a desesperarse y decidido salir con la intención de buscar empleo en algún estado del centro o norte del país. Saben que es prácticamente imposible ingresar a Estados Unidos.

Metelus denunció que los haitianos son más discriminados que los demás migrantes por el color de su piel. Dijo que “Tapachula se ha convertido en un infierno” por las precarias condiciones en las que se encuentran, los abusos de que son objeto por parte de las autoridades y de los traficantes de indocumentados, que son los únicos que han salido ganando de esa tragedia. Además, llamó la atención sobre el silencio de la sociedad mexicana ante esa situación.

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