Opinión
2 de Octubre, no se olvida. Por Kamel Athie Flores
En 1968 yo cursaba el 3o año de la carrera en la Escuela Superior de Economía del IPN, en el glorioso Casco de Santo Tomás. En aquellos años el fantasma del comunismo recorría los países latinoamericanos, altamente influenciados por el triunfo de Castro en Cuba, y las hazañas guerrilleras del Ché Guevara. Leíamos el Capital de Carlos Marx el Libro Rojo de Mao Tsé Tung, en tanto que la propaganda de la Unión Soviética circulaba por todas las escuelas. El rock y los beatles vivían en su mejor momento.
Los años sesentas fueron un parteaguas a nivel mundial, por las diversas corrientes ideológicas prevalecientes que insinuaban la urgente necesidad de grandes transformaciones sociales, teniendo como fondo las siguientes reivindicaciones: 1) Abolición del racismo, 2) No represión a las demandas sociales, 3) Libertad de expresión y 4) Apertura democrática. Este parteaguas tuvo como estigma la muerte de Martín Luther King y el magnicidio de Jhon F. Kennedy en Estados Unidos. En Francia y en China, movimientos estudiantiles fueron fuertemente reprimidos.
México no pudo sustraerse a ese entorno, pues tenía frescos el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo, los asesinatos de Rubén Jaramillo y su familia en Morelos; la feroz represión de que fueron objeto los líderes comunistas Othón Salazar y Ramón Danzós Palomino. Enorme conmoción causó también el frustrado asalto al cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965.
Nuestra sociedad estaba sedienta de democracia y de libertad de expresión, cansada de gobiernos inconscientes e intolerantes, por lo que reclamaba ser escuchada, manifestándose de las más diversas formas que fueron invariablemente reprimidas.
En esos aciagos años, nuestro país era cancha de juego para el espionaje internacional, por la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La CIA tenía vía libre y gozaba de la complacencia de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, quienes unieron esfuerzos contra la KGB que operaba desde la embajada rusa tratando de ganar espacios en un terreno que se antojaba fértil para el socialismo.
A principios de julio del 68, todos los mexicanos esperábamos con gran expectación la celebración de las olimpiadas. En México D.F. se hizo una gran movilización de los jóvenes de ambos sexos para apoyar el magno evento. Muchos amigos míos se enrolaron a esta noble causa, recibiendo a cambio la libre entrada el día de la inauguración en el estadio México 68.
Todo parecía marchar bien hasta el 23 de julio, fecha en la que estudiantes de la voca 5 se pelearon con estudiantes de la secundaria particular Isaac Ochoterena, riña que fue brutalmente reprimida por los granaderos. Esto encendió a los estudiantes, propiciando manifestaciones en contra del entonces regente General Corona del Rosal, quién intensificó la represión que entre otros eventos desembocó con el conocido bazukazo a la prepa 1 de San Idelfonso.
El ambiente se iba calentando de manera creciente, no sólo por la inconformidad de los estudiantes, sino por los operadores de la CIA y la KGB que tenían gente infiltrada en las filas estudiantiles. El 26 de julio se efectuó una marcha sin precedentes, encabezada por el rector de la UNAM Barros Sierra, la cual aglutinó a más de 300 mil manifestantes, incluyéndome a mi. Allí desfiló el Ing. Heberto Castillo, el pintor José Luis Cuevas y muchos intelectuales más.
Otros eventos trascendentes ocurrieron el 13 y 28 de agosto, días en que se realizaron marchas desde el casco de Santo Tomás y del monumento de la Revolución hacia el zócalo, en donde se escenificó una matanza múltiple de estudiantes, cuyas fotografías recorrieron el mundo, pues era grotesco ver como éstos eran embestidos por las tanquetas.
En las semanas siguientes los habitantes metropolitanos vivíamos momentos de expectación…”como si algo inesperado iba ocurrir”. A las olimpiadas nadie les hacia caso, era pista de otro circo.
El 18 de septiembre a las 10 de la noche, 10 mil soldados tomaban la ciudad universitaria y 1,500 estudiantes fueron detenidos. En la madrugada del 24 de septiembre, los politécnicos libramos una batalla casi cuerpo a cuerpo con los granaderos que intentaban tomar el Casco de Santo Tomás; les quemamos 23 autobuses y los expulsamos. A las 7 de la mañana entraron cerca de mil soldados y 150 paramilitares que tomaron las instalaciones.
El saldo fue por demás rojo, atraparon a 123 compañeros y 12 murieron; a algunos de los heridos los remataron en la Cruz Verde los grupos paramilitares. En mi salón éramos 23 compañeros, después del movimiento quedamos sólo 11.
El miércoles 2 de octubre, un grupo de 5 compañeros originarios de San Luis Potosí y Sinaloa, llegamos a la plaza de Tlaltelolco como a las 4.30 de la tarde, se estaba llenando rápidamente. Recuerdo que era una tarde oscura, nublada y húmeda; empezamos a observar como nos rodeaba el ejército poco a poco. Teníamos temor y el instinto nos indicaba que algo grave iba a ocurrir; nos percatamos que además de los soldados había gente extraña con guantes y pañuelos blancos. Después supimos que era el Batallón Olimpia.
Como a las 5 de la tarde tomó el micrófono el único orador del evento. Se trataba del compañero de la Escuela Superior de Economía de 24 años de edad, oriundo de Sinaloa, Florencio López Osuna. No bien había iniciado su discurso con muchas fallas de sonido e interferencias, cuando desde el edificio Chihuahua salieron múltiples disparos hacia la multitud. Se acabó el discurso y empezó la matanza de cientos de estudiantes, la cual se prolongó hasta el día siguiente con el cateo de cada uno de los departamentos de la unidad habitacional Tlaltelolco, tal como se ilustra en la película “Rojo Amanecer.”
Mis compañeros y yo dijimos “patas pa’ que las quiero” y corrimos rumbo a la colonia Exhipódromo de Peralvillo, en la calle de Adelina Paty, donde nos refugiamos en una sastrería cuya hija del dueño, era de Ciencias Políticas de la UNAM y nos albergó hasta el 3 de octubre por la tarde, saliendo del lugar uno por uno.
A finales de octubre acudí en la Colonia Del Valle a una conferencia de Carlos Madrazo, después de este evento afuera de mi casa me atraparon, pues los grupos paramilitares habían sustraído todos los archivos de la escuela, llevándome al campo militar No.1, donde permanecí cerca de tres meses. Los demás compañeros salieron hasta 1971.
Al paso de los años comprendí muchas cosas, por ejemplo que había muchos intereses en juego en el ámbito internacional; que la matanza la decidió Díaz Ordaz instruyendo a su Jefe de Estado Mayor, para que sus subordinados dispararan desde el edificio Chihuahua en contra de los soldados que estaban mezclados con los estudiantes y que comandaba el General Marcelino García Barragán, sin que este estuviera enterado de dichas instrucciones perversas del Presidente de la República.
Nuestro país ya es otro, con otros problemas, donde la corrupción e impunidad se han expandido escandalosamente; la pobreza también se ha ensanchado en las áreas urbanas y rurales; hemos avanzado en la democracia, pero ello no ha contribuido al bienestar de la sociedad…y el sistema político presidencialista parece haberse agotado. Estos, entre otros son los nuevos desafíos que tenemos los mexicanos… 2 DE OCTUBRE …NO SE OLVIDA.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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