El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó hoy nuevamente las acusaciones sobre el presunto uso de fondos lícitos en la reciente campaña electoral, si bien reconoció la utilización de tarjetas de prepago para cubrir «gastos ordinarios» durante el proceso.

El grupo político dio a conocer documentación previamente entregada al Instituto Federal Electoral (IFE) en respuesta al juicio de inconformidad interpuesto por la izquierda el pasado 12 de julio contra el resultado de la elección presidencial del 1 de julio, que dio como vencedor al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

La coalición de izquierda encabezada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) argumenta que existió un «entramado» empresarial que a través del banco Monex entregó tarjetas de prepago a operadores políticos y promotores del voto del PRI durante la campaña.

Los alegatos del PRD se suman a los que ha presentado por su cuenta el Partido Acción Nacional (PAN) contra el uso de esas tarjetas en la campaña de Peña Nieto.

Este jueves, los líderes nacionales del PRD y PAN, Jesús Zambrano y Gustavo Madero, respectivamente, anunciaron en rueda de prensa sus primeras acciones legales conjuntas para que se aclare si Peña Nieto y su partido incurrieron en lavado de dinero para comprar votos.

En su respuesta a las acusaciones ante el IFE, el PRI negó tener relación jurídica o comercial con el banco Monex o haber recibido aportaciones ilícitas de esa u otra empresa en el marco del proceso electoral.

No obstante, reconoció que el 1 de marzo de este año celebró un contrato con Alkino Servicios y Calidad, a través del cual esa empresa se obligó a prestar servicios «consistentes en la entrega de tarjetas de prepago con recursos disponibles para ser utilizadas por personas autorizadas por el partido».

Explicó que «para cumplir con metas y objetivos relacionados con sus tareas ordinarias», el PRI recurrió «a un sistema práctico de contratación de personal, acompañado de un método eficiente y eficaz de pago».

Añadió que el proceso electoral de este año implicó destinar recursos para «algunos colaboradores que fungieron como representantes generales (…), utilizando el mecanismo de pago electrónico vía tarjeta de prepago».

«Como resultado de la contratación con la empresa Alkino Servicios y Calidad, el partido recibió 7.851 tarjetas de prepago con recursos disponibles, por un monto total de 66.326.300 pesos» (4,9 millones de dólares), expuso.

Aseguró, igualmente, que se pactó con la empresa un costo por la prestación de servicios por un monto de 1.450.455 pesos (109.056 dólares), más el 16 % de impuesto correspondiente.

El PRI presentó al IFE la documentación relativa al contrato con dicha empresa y aseguró que los recursos abonados con las tarjetas «fueron empleados para cubrir gastos que, conforme con la normatividad aplicable, son considerados como ordinarios y no de campaña».

En una rueda de prensa, el presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, anunció hoy que su partido solicitaría a la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) una investigación sobre «las falsas imputaciones del PAN y del PRD sobre el presunto uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña».

Más tarde, el coordinador jurídico del equipo de Peña Nieto, Jesús Murillo, y el abogado del PRI, Raúl Cervantes, interpusieron una denuncia de hechos ante la PGR y entregaron todos los documentos que han dado a las autoridades electorales, en los que se expone el mecanismo de financiamiento del partido.

Murillo sostuvo que con la explicación del mecanismo de financiamiento se dejan sin sustento todas las acusaciones sobre rebase de topes y uso de fondos ilícitos en la campaña de Peña Nieto.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe pronunciarse antes del 1 de septiembre sobre la validez de la elección presidencial, que de acuerdo con los resultados oficiales fue ganada por Peña Nieto con el 38,21 % de los votos, seguido del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, con el 31,59 %.