Opinión
Opinión: 15 de Septiembre El verdadero grito de los Mexicanos, por Damayanti Acosta
Cada 15 de septiembre, los mexicanos recordamos el inicio de la lucha de Independencia con una ceremonia que recuerda el llamado a las armas que realizó el cura Miguel Hidalgo y Costilla quien la madrugada del 16 de septiembre de 1810, convocó al pueblo de Dolores , a través del sonido de las campanas de su iglesia, a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles.
Si bien es cierto que un sector muy amplio de la población es creyente y que el cura Hidalgo resulta un estandarte en nuestro arraigo cultural, por ser el quien inició la movilización para lograr la Independencia de nuestro país y que con su fusilamiento, precisamente en nuestra Ciudad Capital, Chihuahua, es el Padre Josè Marìa Morelos, quien se destacó por seguir en esta lucha con un puñado de héroes que la historia registra como los Insurgentes. La religión siendo parte de nuestra cultura, y que no debería ser utilizada en temas trascendentales en los cambios de nuestro país donde la Constitución y los derechos humanos son los que deben observarse en el respeto y la igualdad de todos los mexicanos.
Para nuestro país, el triunfo el actual gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador hay que celebrar la caída de un régimen , de impunidad y corrupción, de gobiernos neoliberales que demostraron su fallida estrategia; y estamos apenas en el camino para tener el país tan anhelado por todos los mexicanos.
En un país de más de 40 mil desaparecidos y 36 mil muertos sin identificar, datos reconocidos por La Secretaria de Gobernación que por primera vez un gobierno reconoce las cifras de personas desaparecidas. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) participará con un programa integral entre investigadores y un sistema de tecnología avanzada para la búsqueda de desaparecidos; la lucha por erradicar la violencia sigue siendo un reto diario.
Por otro lado nuestro país ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes y la mayoría de ellos son embarazos no deseados, aproximadamente nacen 340 mil niños al año de mujeres menores de 19 años, aunque el Gobierno de la Republica planea una estrategia nacional para la prevención del embarazo en los adolescentes (ENAPEA) en conjunto con diversas dependencias federales para corregir el problema y tratar de bajar los índices. Hay mucho por hacer, recordemos que es el primer factor de la deserción escolar en nuestro país, y sin tomar en cuenta que se tiene un alto índice de riesgo en el embarazo cuanto más joven sea la madre. La educación es el mejor anticonceptivo y la educación sexual desde la escuela primaria será fundamental para erradicar el problema, conocer los diferentes métodos anticonceptivos y su efectividad aunado con una sexualidad de tipo afectiva. y me refiero con ello, educar a las nuevas generaciones para tener relaciones cuando estén listos , maduros y conscientes de lo que ello implica .
Cada año más de 4 millones y medio de niños y niñas son víctimas de abuso sexual en México, país que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tenemos el primer lugar mundial en estos delitos y según colectivos estos datos no son del todo reales ya que solo 1 de cada 100 casos es denunciado. Siete de cada 100 adultos mexicanos encuestados dicen haber sufrido abusos, los principales agresores son los padres biológicos, padrastros, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, primos o amigos de la familia. La inoperancia del sistema penal y civil, el fallido sistema de nuestro país nos hace un llamado urgente a cambiarlo ya que llevar a los agresores ante la justicia es un proceso desgastante y casi titánico que termina re victimizando a nuestros niños y niñas y liberando a muchos de sus agresores.
La UNICEF protege a los infantes Mediante la Convención, sobre los Derechos de las niñas y niños lo cual establece libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.
Sin contar que el mundo nos ve como El país feminicida 1,199 mexicanas fueron asesinadas en lo que va del 2019, cada dos horas y media, una mujer es víctima de la violencia machista, cifras que no disminuyen a pesar de los movimientos sociales, según el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México explica que el aumento de los delitos es originado por una impunidad. Más de 12 millones de mujeres soportan el terror al interior de sus casas y en la intimidad de su relación.
Con anterioridad expongo solo algunos de los muchos problemas sociales y culturales por los que atraviesa nuestro país, en la actualidad, y se han tenido por décadas, lejos de resolverlos a diario se recrudecen; el problema es lo que nos debe regir como país y como ciudadanos, un país donde la educación, la cultura, las leyes y el acceso a la justicia no han sido las mejores para el pleno desarrollo de todos sus habitantes ya que ni siquiera se pueden garantizar sus derechos humanos.
En países desarrollados como Islandia que es considerado el país más amigable en el mundo es reconocido por tener poca tradición religiosa, el índice de las madres solteras es de un 67% ya que la mayoría de los niños nacen de padres que no están casados y ellos apuestan por la sana convivencia como pareja y padres que eduquen a niños felices y sanos; después pensarían en el matrimonio y su sistema que imparte la justicia es considerado de los más confiables en el mundo.
La estrategia por tener un mejor país nos lleva a pensar en un cambio sobre el sistema de justicia que sería de manera integral para cada situación y más tratándose de menores o de mujeres una especial atención, anteponiendo los derechos de los niñas, niños y de las mujeres; pero también un cambio cultural y educativo donde se dé prioridad a los derechos humanos de cada uno de sus habitantes.
Las políticas públicas donde los modelos educativos, sociales y de salud se adapten a las necesidades actuales, una reingeniería del sistema público del país, ponderando la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y el acceso a la justicia. Dejando de lado la religión.
La religión solo provee apoyo social y emocional en los países más pobres o menos desarrollados con menos acceso a la justicia donde el Estado suele estar ausente.
En la actualidad el Gobierno de la República tiene un reto hacer cumplir la Constitución Política del país junto con el cumplimiento de cada una de las leyes, modificar las que sean necesarias para cuidar y velar por los derechos mínimos indispensables como lo es el derecho a la vida, de los ciudadanos, así como el cambio de políticas públicas que se adapten a las necesidades actuales de las personas como coloquialmente se dice a los de a pie, a los más desprotegidos, los más vulnerables o los que ni siquiera saben que tienen derecho a una vida digna en su país, y por otro lado tiene la encomienda de dejar de lado la cultura que nos ha tenido sumidos por años en patrones de conductas que no son sanos y nos alejan de ser una sociedad desarrollada y un país libre de violencia, como lo es garantizar una educación sexual a temprana edad previniendo embarazos no deseados o matrimonios que generen violencia a sus hijos desencadenando patrones de conducta que por generaciones;
Nos han marcado como una sociedad doble moral o conservadora que nada resuelve, y los problemas nos marcan a diario como país líder en suicidios, violaciones, feminicidios, alcoholismo, drogadicción, jóvenes que abandonan la escuela para unirse a grupos delictivos, madres jóvenes que difícilmente pueden terminar sus estudios y darles una mejor vida a sus hijos. Por décadas, el tener acceso a la justicia, a la educación o a una mejor calidad de vida estuvo secuestrada por una clase privilegiada y eso es lo que en este país se debe de terminar garantizando la aplicación correcta de la justicia a cada uno de los mexicanos y blindando las instituciones con personal idóneo con perfiles de amor por su país y al servicio de su gente, y garantizando la correcta aplicación de los derechos humanos en cada una de las necesidades de sus habitantes para avanzar como país y acercarnos al progreso y a los países desarrollados que tienen una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.
Por un país con mayor acceso a la educación, donde nos enseñen a pensar, más que a obedecer, a un sistema de justicia confiable que imparta una justicia pronta y expedita con perspectiva de género y respetando los derechos constitucionales de cada mexicano y por fortalecer las instituciones públicas con personal sensible y capaz con un profundo amor por su país y sus habitantes y donde la religión no sea el bastión para resolver los problemas sociales de nuestro país Viva México. Cambiando el rumbo del país.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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