El 7 de octubre de 2026, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad única para los aspirantes a las gubernaturas y a la Presidencia de la República, tras recibir el respaldo de 22 congresos estatales. Esta reforma fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su formal entrada en vigor, aunque su aplicación como criterio para las candidaturas se implementará por primera vez en el año 2028, y será obligatoria para las elecciones presidenciales de 2030.

Los congresos estatales que votaron a favor de esta reforma incluyen a Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Sin embargo, el Congreso del estado de Hidalgo no ha enviado su voto aprobatorio, a pesar de que la reforma fue aprobada desde el jueves de la semana pasada.

La nueva disposición constitucional establece que para ser Presidente de la República o gobernar una entidad federativa en México, es necesario ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato. Además, se requiere haber residido en el país durante al menos veinte años.

La reforma también prohíbe a quienes ejerzan el cargo adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. Esta prohibición incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros estados, el ejercicio de derechos políticos ante estas autoridades y el acogerse a la protección diplomática de otro país.