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Política

Bukele anuncia la ruptura del acuerdo anticorrupción entre El Salvador y la OEA

 

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes en rueda de prensa que su país rompe su acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción mediante una Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicies).

«Hemos decidido que como Presidencia también vamos a romper nuestro convenio con la OEA-Cicies, porque es un despropósito completo que estemos tratando de combatir la impunidad con, precisamente, las personas que están promoviendo la impunidad en El Salvador», declaró el mandatario.

Indicó que el paso fue provocado por la decisión del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de nombrar para el cargo de asesor al exalcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, que actualmente es procesado penalmente en El Salvador.

«Cometimos el error de confiar en la OEA», declaró el presidente, y preguntó a continuación: «¿Cómo pudimos confiar en gente que da impunidad a los criminales?».

«Nosotros pudimos haber seguido trabajando con ellos, y hacer como si nada pasaba. Pero nosotros no trabajamos así. Para nosotros es importante tener principios», destacó. Y afirmó que su país buscará «otra organización que sí quiera combatir la impunidad».

Por su parte, la embajada de EE.UU. en El Salvador lamentó la decisión de la Administración de Bukele de cerrar su acuerdo con la OEA. «La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción y la impunidad», afirmó esa representación diplomática a través de su cuenta en Twitter.

Este viernes, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó arresto domiciliario para Muyshondt. Es procesado por delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, después que, siendo diputado, supuestamente negociara con pandillas a cambio de votos.

Poco después, la Policía Nacional Civil comunicó que detuvo a Muyshondt, «tras una nueva orden de detención administrativa de captura, girada por la Fiscalía General de la República por el delito de apropiaciones indebidas de retenciones en perjuicio de la Hacienda Pública».

Política

Senado aprueba reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencias

Senado aprueba reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencias

El 7 de octubre de 2026, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad única para los aspirantes a las gubernaturas y a la Presidencia de la República, tras recibir el respaldo de 22 congresos estatales. Esta reforma fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su formal entrada en vigor, aunque su aplicación como criterio para las candidaturas se implementará por primera vez en el año 2028, y será obligatoria para las elecciones presidenciales de 2030.

Los congresos estatales que votaron a favor de esta reforma incluyen a Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Sin embargo, el Congreso del estado de Hidalgo no ha enviado su voto aprobatorio, a pesar de que la reforma fue aprobada desde el jueves de la semana pasada.

La nueva disposición constitucional establece que para ser Presidente de la República o gobernar una entidad federativa en México, es necesario ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato. Además, se requiere haber residido en el país durante al menos veinte años.

La reforma también prohíbe a quienes ejerzan el cargo adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. Esta prohibición incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros estados, el ejercicio de derechos políticos ante estas autoridades y el acogerse a la protección diplomática de otro país.

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