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Avances en combate al huachicol fiscal elevan recaudación, asegura el SAT

El gobierno federal defendió este jueves los avances en el combate al huachicol fiscal, en respuesta a las exigencias de diputados que demandan resultados concretos. Durante una reunión en el palacio legislativo de San Lázaro, Gary Flores Hernández, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), destacó que las medidas implementadas contra el comercio ilegal de combustibles han contribuido a un incremento en los ingresos fiscales relacionados con gasolinas y diésel.

Flores Hernández precisó que, entre enero y agosto de este año, el cálculo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) alcanzó los 311,000 millones de pesos, en comparación con los 277,000 millones de pesos del mismo periodo de 2025. Este aumento representa un crecimiento real del 8.1%, atribuible al fortalecimiento de la fiscalización y a las reformas aprobadas el año anterior en la lucha contra el huachicol fiscal.

Por su parte, Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, informó sobre la detección de 109,400 millones de litros de hidrocarburos no declarados entre septiembre de 2025 y junio de 2026, lo que generó una recaudación asociada de 4,600 millones de pesos. Lerma también mencionó que la Agencia Nacional de Aduanas de México identificó 3,109 casos de clasificación arancelaria incorrecta de hidrocarburos y productos petrolíferos, una práctica comúnmente utilizada para introducir mercancías mediante declaraciones erróneas.

En el ámbito de la corrupción, Lerma destacó que Aduanas ha separado a más de 1,400 funcionarios por diversas razones y mantiene 63 procedimientos en curso contra agentes aduanales. Además, Hacienda había reportado previamente 53 denuncias penales contra servidores públicos de esa institución por distintos delitos.

Flores Hernández añadió que, entre enero y agosto, el SAT presentó 609 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades de sus servidores públicos, aunque no especificó cuántas de estas denuncias están vinculadas al contrabando de combustibles.

Las diputadas Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, y Eva María Vázquez, del PAN, cuestionaron la falta de información sobre el monto de dinero efectivamente recuperado. Flores exigió investigar posibles complicidades entre funcionarios, empresas y organizaciones criminales, mientras que Vázquez solicitó esclarecer cuántas de las 102 querellas relacionadas con huachicol fiscal, mencionadas el año anterior, han avanzado hacia procesos judiciales, sentencias y recuperación de recursos.

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EU solicita a México investigar violaciones laborales en planta de Puebla

Estados Unidos ha solicitado a México llevar a cabo una revisión sobre presuntas violaciones a los derechos laborales en la empresa GLM Components México, ubicada en Puebla. Esta solicitud se origina ante posibles restricciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La petición fue presentada a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). El 8 de septiembre, el Comité Interinstitucional de Monitoreo y Aplicación Laboral de Estados Unidos recibió una denuncia del Sindicato Regeneración Nacional de Trabajadores y Empleados de la República Mexicana “Morenas”. Según la denuncia, la empresa GLM Components México habría interferido en actividades sindicales y despedido a trabajadores como represalia por su participación en estas acciones. Es importante señalar que estas acusaciones deberán ser revisadas por las autoridades competentes y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva sobre la existencia de violaciones laborales. Como parte de las medidas adoptadas, Estados Unidos ha ordenado la suspensión de la liquidación de las importaciones pendientes de mercancías provenientes de la planta, que se dedica a la fabricación de autopartes. La USTR ha indicado que México tiene un plazo de 10 días para aceptar la revisión solicitada. En caso de que acepte, contará con 45 días para concluir el proceso, de acuerdo con el procedimiento establecido en el TMEC. Este mecanismo permite a los gobiernos de ambos países examinar posibles denegaciones de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en instalaciones específicas. Su objetivo es determinar si existen vulneraciones y, en caso afirmativo, impulsar medidas para remediarlas.