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Política

La Habana dice que el buque norcoreano llevaba armamento cubano ‘obsoleto’

  • El Gobierno de Cuba ha admitido que el buque de carga norcoreano retenido en Panamá transportaba 240 toneladas métricas de armamento defensivo de la isla en estado «obsoleto» y para ser «reparado y devuelto».

En una declaración divulgada a última hora del martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña precisó que el barco Chong Chon Gang transportaba «dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de ese tipo» de aeronave.

«Todo ello fabricado a mediados del siglo pasado para ser reparado y devuelto a nuestro país», indica la nota oficial.

Sin precisar fechas ni lugares concretos, La Habana reconoció que ese barco «zarpó de un puerto cubano rumbo a la República Popular Democrática de Corea» transportando además 10.000 toneladas de azúcar.

El Gobierno del general Raúl Castro justifica el envío de ese material bélico para su reparación en los «acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera» y en «la necesidad de mantener la capacidad defensiva» de la isla para «preservar la soberanía nacional».

«La República de Cuba reitera su firme e irrevocable compromiso con la paz, el desarme, incluido el desarme nuclear, y el respeto al Derecho Internacional», concluye la nota de la Cancillería de la isla, que fue leída en el noticiero de la televisión estatal y divulgada en medios oficiales digitales.

Este ha sido el primer y revelador pronunciamiento de Cuba en torno al caso del barco ‘Chong Chon Gang’, que desde la noche del lunes permanece retenido en el panameño puerto de Manzanillo (privado) de Colón, en la costa del Caribe.

Tras descubrir la existencia del material bélico, las autoridades panameñas iniciaron un «exhaustivo registro» del buque y anunciaron que pedirán la ayuda de expertos internacionales y de Naciones Unidas para determinar el tipo de armamento hallado en el barco.

«Vamos a pedir ayuda internacional a países amigos o las Naciones Unidas, pero más que todo a países amigos, para que puedan mandar técnicos y puedan ellos determinar qué es lo que son estas cosas porque aquí nadie tiene conocimiento», dijo el presidente panameño, Ricardo Martinelli.

El Gobierno de Estados Unidos ha apoyado la decisión de Panamá de retener el barco y ha ofrecido su cooperación en el registro.

Hasta el momento las autoridades de Corea del Norte no se han pronunciado sobre el caso.

Este episodio se produce a apenas dos semanas de la visita que cursó a Cuba una delegación militar norcoreana encabezada por el jefe del Estado Mayor General del Ejército de ese país, Kim Kyok Sik, que fue nombrado en ese puesto a finales del mes de mayo.

Durante esa visita, Kyok Sik participó en varios actos y fue recibido en La Habana por el presidente de Cuba, Raúl Castro, en un encuentro donde hablaron sobre «los históricos lazos» que unen a ambas naciones, de acuerdo a las informaciones ofrecidas en ese momento por los medios oficiales.

El general norcoreano resaltó en otro momento de aquel viaje que Cuba y su país que comparten «la misma trinchera».

Debido a varias sanciones de Naciones Unidas, Corea del Norte tiene prohibido exportar e importar cualquier tipo de armamento, unas medidas que fueron intensificadas tras la última prueba nuclear del régimen el pasado 12 de febrero.

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México

Avanza nueva Ley de Telecomunicaciones en el Senado: oposición advierte riesgo de censura y espionaje

El Senado de la República aprobó en lo general y lo particular la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por Morena y sus aliados, en una sesión extraordinaria que terminó con 77 votos a favor y 30 en contra, principalmente del PRI y del PAN, quienes alertaron sobre riesgos de censura, vigilancia masiva y concentración de poder por parte del Estado.

Durante el debate, se presentaron 20 reservas, de las cuales sólo se aceptaron cuatro: dos del morenista Javier Corral y dos del senador Ricardo Sheffield. Estas últimas incorporan facultades para que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones —nuevo órgano autónomo creado por esta ley— vigile los costos de los equipos de telefonía móvil y evite incrementos injustificados.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. Entre los puntos más polémicos se encuentra la facultad de suspender transmisiones de radio y televisión bajo criterios aún considerados ambiguos por la oposición, y la posibilidad de crear un registro de líneas de telefonía móvil, que algunos senadores calificaron como una amenaza a la privacidad.

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que aunque Morena eliminó del dictamen el artículo 109 —que planteaba el bloqueo de plataformas digitales—, esto se debió a la presión ciudadana, no a una convicción democrática. «Pusieron a temblar al gobierno. Los dobló la presión ciudadana», dijo desde tribuna. Aun así, insistió en que persisten mecanismos de control estatal que buscan acallar voces críticas.

En ese mismo sentido, el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, advirtió que esta reforma representa “una guía de bolsillo para fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial”, al permitir al Estado vigilar a los ciudadanos, controlar los medios de comunicación y restringir la libertad de expresión. «Ustedes están destruyendo la República», acusó.

En defensa del dictamen, el senador Manuel Huerta (Morena) respondió que la ley “no espía, no persigue, no censura”, sino que garantiza que las telecomunicaciones estén al servicio del pueblo y no de intereses económicos particulares. Por su parte, Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) argumentó que el registro de líneas ya está contemplado en el artículo 190 de la ley vigente, y desestimó las acusaciones de que se trata de un «Big Brother».

Uno de los cambios relevantes del dictamen fue la eliminación de la censura previa de contenidos de medios internacionales a través de la Secretaría de Gobernación, medida que habría violado el capítulo 18.18 del T-MEC. Además, se sustituyó la polémica Agencia de Transformación Digital por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con independencia técnica y operativa, aunque con integrantes propuestos por la Presidencia y ratificados por el Senado, lo que motivó críticas por un posible conflicto constitucional.

La senadora Claudia Anaya (PRI) advirtió que estos nombramientos serían ilegales, ya que el artículo 76 de la Constitución no faculta al Senado para ratificar integrantes de órganos reguladores como el que se plantea.

En paralelo, se determinó que la autoridad en materia de competencia económica quedará sectorizada en la Secretaría de Economía, que en conjunto con tribunales especializados decidirá sobre casos de poder sustancial o preponderancia en el sector.

Mientras tanto, la Agencia de Transformación Digital, ahora con funciones reducidas, será responsable de la política estatal de cobertura social, acceso satelital y aprovechamiento del espectro, sin excluir su participación como proveedor comercial.

La discusión en la Cámara de Diputados será clave para definir el rumbo de esta polémica reforma que, pese a los ajustes realizados, sigue dividiendo a los actores políticos y a la opinión pública.

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