El derecho al aborto, cuya aprobación debate este miércoles el Senado argentino después de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Diputados, es inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países latinoamericanos.

Solo en Cuba, Uruguay y México Distrito Federal las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre; en el primer caso antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la semana duodécima.

En otros países como Guatemala, Perú, Venezuela, Ecuador o Bolivia el aborto es ilegal excepto en algunos casos, básicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación.
Esos dos son los supuestos en los que la ley argentina autoriza actualmente el aborto, pero la reforma que hoy se debate en el Senado contempla despenalizar cualquier aborto hasta la semana catorce de gestación y establece que si la persona gestante es menor de 16 años, se debe realizar con su consentimiento.

Brasil admite el aborto en los casos de violación, riesgo de muerte para la madre y anencefalia (fetos sin cerebro), y Colombia, si hay peligro para la mujer, malformación grave del feto y en casos de violación, incesto o inseminación artificial no consentida. En Panamá la despenalización es solo para los supuestos de violación y riesgo de vida para la madre.

Paraguay únicamente permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer está en peligro. En abril de 2015 las autoridades paraguayas rechazaron abortar el embarazo de una niña de 10 años supuestamente violada por su padrastro, lo que generó polémica.

En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Surinam, Haití y República Dominicana el aborto está prohibido en todas las circunstancias.

En República Dominicana el presidente Danilo Medina aprobó, en diciembre de 2014, unas reformas del Código Penal para eliminar la prohibición total del aborto y abrir el camino a su despenalización en ciertos supuestos, pero un año después el Tribunal Constitucional anuló las reformas propuestas. El Código Penal dominicano ha sido vetado en dos ocasiones por Medina debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.

El aborto estuvo también totalmente prohibido en Chile desde 1989 hasta 2017, cuando se despenalizó en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación.

El 30 de junio de 2018 el gobierno chileno modificó su criterio respecto a la objeción de conciencia en el reglamento de la ley que despenalizo el aborto en tres causales y repuso una disposición establecida durante la Administración de Michelle Bachelet.

En Argentina la despenalización del aborto ha provocado una gran controversia social y política y el desenlace del debate en el Senado es incierto, como lo fue en la Cámara de Diputados, donde finalmente el proyecto de ley fue aprobado por 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención.