La Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, impulsados por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, la creación de una nueva Ley contra la Extorsión. El dictamen incluye una modificación polémica: reduce de 20 a 12 años la pena para los servidores públicos que, siendo cómplices o testigos del delito, omitan denunciarlo.

Las bancadas del PAN y PRI votaron en contra al considerar que la reforma busca beneficiar al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, y al senador Adán Augusto López Hernández. Para los legisladores de oposición, la medida representa un retroceso en el combate a la corrupción y la impunidad dentro del gobierno.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió en tribuna la modificación bajo el argumento de “proporcionalidad penal”. Explicó que no es razonable que un funcionario enfrente una sanción mayor que la de un delincuente, quien podría recibir entre seis y quince años de cárcel. Por ello, propuso ajustar la pena para los servidores públicos a un rango de cinco a doce años.

Sin embargo, el líder panista José Elías Lixa reviró desde su curul que “en lugar de reducir las penas a los funcionarios, deberíamos elevar las de los extorsionadores”. Acusó que la reforma genera un “régimen especial para corruptos” y denunció que “se protege a quienes desde el gobierno solapan la extorsión”.

Lilia Aguilar, diputada del PT, coincidió parcialmente con la oposición al señalar que lo más sensato sería mantener las penas elevadas: “Hemos planteado subirlas de 10 a 20 años, pero no hubo acuerdo”.

Por su parte, el diputado panista David Azuara calificó la reforma de “absurda y política”, al sostener que “premia con rebajas a quienes lucran con el miedo y la violencia”. Desde el PRI, Erubiel Alonso advirtió que “ahora será mejor ser servidor público y extorsionar desde el poder para gozar de impunidad”.

En defensa del dictamen, el morenista Leonel Godoy desestimó los señalamientos y recordó que Bermúdez enfrenta cargos por secuestro agravado, delito distinto a la extorsión. A su vez, Hugo Eric Flores afirmó que la nueva ley incorpora 34 agravantes inexistentes en la legislación anterior y subrayó que la iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Si quieren ponerle nombre, que sea Ley Sheinbaum-Harfuch”, dijo.

Durante el debate, el priista Alejandro Domínguez alertó sobre un posible conflicto de retroactividad en estados como Chihuahua, donde las penas actuales alcanzan hasta 30 años. Advirtió que cientos de delincuentes podrían recuperar su libertad anticipadamente. “¿Qué le dirán a las familias cuando esos extorsionadores vuelvan a las calles?”, cuestionó.

Pese a las críticas, la mayoría oficialista avaló la reforma en lo general y en lo particular. Con su aprobación, México estrena un nuevo marco jurídico contra la extorsión, aunque el debate político y moral sobre sus verdaderos beneficiarios apenas comienza.