México
Aprueban Ley contra la Extorsión entre críticas por reducción de penas a funcionarios
La Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, impulsados por Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, la creación de una nueva Ley contra la Extorsión. El dictamen incluye una modificación polémica: reduce de 20 a 12 años la pena para los servidores públicos que, siendo cómplices o testigos del delito, omitan denunciarlo.
Las bancadas del PAN y PRI votaron en contra al considerar que la reforma busca beneficiar al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, y al senador Adán Augusto López Hernández. Para los legisladores de oposición, la medida representa un retroceso en el combate a la corrupción y la impunidad dentro del gobierno.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió en tribuna la modificación bajo el argumento de “proporcionalidad penal”. Explicó que no es razonable que un funcionario enfrente una sanción mayor que la de un delincuente, quien podría recibir entre seis y quince años de cárcel. Por ello, propuso ajustar la pena para los servidores públicos a un rango de cinco a doce años.
Sin embargo, el líder panista José Elías Lixa reviró desde su curul que “en lugar de reducir las penas a los funcionarios, deberíamos elevar las de los extorsionadores”. Acusó que la reforma genera un “régimen especial para corruptos” y denunció que “se protege a quienes desde el gobierno solapan la extorsión”.
Lilia Aguilar, diputada del PT, coincidió parcialmente con la oposición al señalar que lo más sensato sería mantener las penas elevadas: “Hemos planteado subirlas de 10 a 20 años, pero no hubo acuerdo”.
Por su parte, el diputado panista David Azuara calificó la reforma de “absurda y política”, al sostener que “premia con rebajas a quienes lucran con el miedo y la violencia”. Desde el PRI, Erubiel Alonso advirtió que “ahora será mejor ser servidor público y extorsionar desde el poder para gozar de impunidad”.
En defensa del dictamen, el morenista Leonel Godoy desestimó los señalamientos y recordó que Bermúdez enfrenta cargos por secuestro agravado, delito distinto a la extorsión. A su vez, Hugo Eric Flores afirmó que la nueva ley incorpora 34 agravantes inexistentes en la legislación anterior y subrayó que la iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. “Si quieren ponerle nombre, que sea Ley Sheinbaum-Harfuch”, dijo.
Durante el debate, el priista Alejandro Domínguez alertó sobre un posible conflicto de retroactividad en estados como Chihuahua, donde las penas actuales alcanzan hasta 30 años. Advirtió que cientos de delincuentes podrían recuperar su libertad anticipadamente. “¿Qué le dirán a las familias cuando esos extorsionadores vuelvan a las calles?”, cuestionó.
Pese a las críticas, la mayoría oficialista avaló la reforma en lo general y en lo particular. Con su aprobación, México estrena un nuevo marco jurídico contra la extorsión, aunque el debate político y moral sobre sus verdaderos beneficiarios apenas comienza.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
Te puede interesar>Congreso aprueba renuncia de Mónica Soto al TEPJF entre críticas por falta de una causa grave
La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
