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Opinión

Como debería ser la revolución de las mujeres en el siglo XXI. Por Damayanti Acosta

En nuestro país matan a una mujer cada dos horas y media, suman 1, 199 victimas en lo que va del año, a lo que se señala que la impunidad es un factor importante en este aumento; si bien es cierto que el tema no es reciente no se ha encontrado una estrategia adecuada para combatirlo.

Según datos de Amnistia Internacional Mexico ocupa el primer lugar en America Latina en feminicidios y los Estados con los índices mas altos de violencia son Estado de Mexico, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato.

En los primeros dos meses del año se atendieron en promedio a 32 mujeres al dia que han sido violentadas, Chihuahua capital supera a ciudad Juarez con un 77 por ciento según los datos del Instituto Chihuahuense de la Mujer.

En el 2018 fueron recibidas 11mil 543 mujeres violentadas, de las cuales 4 mil 739 fueron atendidas en Chihuahua superando a Ciudad Juarez.

La indigancion y el hartazgo de cientos de mujeres que salieron a manifestarse este viernes nos lleva a la reflexión social y nos obliga a cambiar el rumbo de nuestro país.

El verdadero reto es por cambiar la ideología, los roles que se han dado a las mujeres culturalmente por décadas aunado por un sistema que no se presta facilmente para un cambio.

Aunque diversos colectivos u organizaciones por su cuenta han emprendido la batalla por una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, por las mismas oportunidades la meta es que no se quede en simple papel, la lucha es a diario desde la violencia laboral, hasta los juzgados por pedir la protección de la justicia a niños, niñas y mujeres ya sea en contras de algún tipo de violencia o por la simple petición de una pension alimenticia que si lo analizamos ni siquiera debería de ser necesaria la petición si los hombres apelaran a sus obligaciones, al amor y al respeto por sus hijos o la que fue su compañera de vida en algún momento.

La actriz mexicana Yalitzia Aparicio, protagonista de la película ganadora del premio Oscar Roma lanzo la campaña Cero violencia contra la mujer en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato que tiene por objetivo visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres la cual afecta a seis de cada diez mujeres en nuestro país.

EL actual gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador se ha sumado a la iniciativa Spotlight un proyecto gestionado y subsidiado por Naciones Unidas y la Union Europea UE para erradicar la violencia de genero, lo cual se espera una inversión en los municipios de nuestro país con mayor índice de violencia para las mujeres, adolescentes y niñas; Ecatepec Estado de Mexico, Ciudad Juarez Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua y Naucalpan Estado de Mexico el objetivo es expandir una segunda fase las experiencas de éxito en todo el país.

 

El verdadero reto de las miles de mujeres en nuestro país que acudieron al llamado de las manifestaciones o que pertenecen algún colectivo, o que dan la batalla a diario desde el espacio que les toca; es traducirlo en papel, a que me refiero con ello, necesitamos verdaderos compromisos de los diferentes actores políticos y funcionarios públicos aquellos que tienen a su cargo alguna encomienda. Exigir que se cumplan las leyes, señalar los agravios o los procedimientos obsoletos o los que resultan un insulto para las mujeres, adolescentes, niños y niñas en nuestro país, la renucia de los actores que entorpecen o sencillamente no sumen en la lucha contra la violencia, que incluyen desde maestros de clases, jueces, policías, ministerios públicos, diputados; etc fomentar la cultura de la denuncia y de no quedarse calladas hacer valer la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos el documento que expresa y reconoce los derechos mas importantes de cada uno de los mexicanos y mexicanas.

Espero que ninguna mujer, adolesente, o niña tenga que pasar por una violación, que ninguna tenga que sufrir un proceso penal insensible que lejos de ayudarla la revictimice que se encuentre al personal idóneo, preparado, capacitado, sensible para protegerlas y hacer valer las leyes, que el proceso sea amigable y que castiguen al agresor pero mas aun espero que en este país se terminen con los agresores.

loascenso o el reconocimiento profesional que merece no se encuentre con pratriarcas, machistas y misóginos que las hagan olvidar sus sueños y metas.

Espero que ninguna mujer tenga que acudir a un juzgado para pedir la protección de la justicia por ser victima de la violencia o por la necesidad de pedir los derechos que tienen sus hijos a casa, alimento y a una vida libre de violencia y se encuentren con que lejos de ayudarlas les hagan el camino difícil y complicado.

El reto es por la deconstrucción de viejos patrones conductales y culturales para fortalecer a las mujeres y niñas para su seguridad, por su integridad física y sicológica, por años las mujeres fueron disminuidas, normalizando todo tipo de violencia; laboral, sicológica, patrimonial y física. Es tiempo de la construcción; donde la educación por una vida libre de violencia sea desde las aulas escolares y la capacitación y educación de todos los servidores públicos de todos los niveles sea obligatoria, el reto no es menor es cambiar la forma de actuar y pensar de todo un país que se acostumbro a normalizar la violencia.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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