El ex alcalde de Saucillo Julio César Muñoz Reyes y los funcionarios implicados en la construcción del libramiento de ese municipio, con consto de casi 50 millones de pesos, enfrentarán un proceso penal por desacato a la suspensión provisional que concedió un juez federal en el año 2011 para que dicha obra no se llevara a cabo mientras no se resolviera el trato con el propietario de un terreno que afectaba la obra.
La resolución del juicio que logró el particular, Fernando Alonso Esparza Salcido, señala claramente en su párrafo 18 de las medidas judiciales a tomar, el determinar la situación legal del ex edil, a quien por tiempo y cargo le correspondió dar la instrucción de que la carretera se construyera sobre el terreno de poco más de 3 mil metros cuadrados de Esparza.
Claramente la suspensión provisional que obtuvo en el año 2009 había impedido que cualquier obra se realizara sobre del terreno, hasta que se agotaran los cauces legales y ante la queja del propietario, misma que posteriormente obtuvo el amparo definitivo en el año 2011 y para el año 2013 ordenó resarcir el daño provocado al terreno.
La resolución no sólo determinó que el Ayuntamiento había violentado los derechos del particular, sino que, ante las omisiones y desobediencias tangibles que se realizaron por parte de los funcionarios, se deberán de tomar las medidas jurídicas necesarias como sanción.
La circunstancia de acelerar el proceso jurídico puede recaer en la persona de Esparza Salcido, quien hasta la fecha, no ha visto satisfechas sus demandas, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que instruyó al ayuntamiento el realizar el proceso a la brevedad, es decir retirar cualquier afectación a la condición que guardaba el terreno antes de que se realizara la obra o en su caso pagar el costo del terreno, que invariablemente deberá incluir el costo de los 196 metros de concreto lineales que tienen 4 carriles y un espesor de 20 centímetros de concreto hidráulico.
Lo anterior deja en claro que por la desobediencia el Ayuntamiento será castigado, pues deberá pagar por partida doble lo invertido en ese segmento, pues hoy es propiedad de Esparza, al encontrarse en su terreno particular y si se le quiere dar uso, en el avalúo, deberá ser incluido invariablemente.
Con todo lo anterior, es de destacar que la voluntad de Esparza es hacer el menor daño posible a su municipio, pues está pidiendo poco menos de la mitad del costo de su terreno para firmar como satisfechas sus demandas y no iniciar el proceso contra los funcionarios.
Fuente: El Heraldo de Chihuahua.
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