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Chihuahua

Indignación en el gremio jurídico del estado por el asesinato del Juez Mixto de Allende

Para los Abogados asociados de Chihuahua, el asesinato del Licenciado José Isabel Arrieta Mendoza, juez del juzgado mixto de Valle de Allende, constituye un atentado en contra de la buena marcha de la justicia en la Entidad; representa un retroceso a una etapa que se suponía superada de pretender con acciones violentas, torcer el sentido de la ley, pero sobre todo, refleja un serio golpe al Poder Judicial del Estado.

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Para los Abogados asociados de Chihuahua, el asesinato del Licenciado José Isabel Arrieta Mendoza, juez del juzgado mixto de Valle de Allende, constituye un atentado en contra de la buena marcha de la justicia en la Entidad; representa un retroceso a una etapa que se suponía superada de pretender con acciones violentas, torcer el sentido de la ley, pero sobre todo, refleja un serio golpe al Poder Judicial del Estado.

Con un evidente malestar por la muerte violenta del juzgador, el presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, Licenciado Héctor Armando González Mocken, afirmo que el Juez José Isabel Arrieta Mendoza, tenía raíces en la fronteriza ciudad Juárez, donde era conocido por su honestidad y verticalidad, además de que en el ejercicio profesional de su carrera, se destacó siempre por su honradez y gran capacidad, por lo que descartó cualquier intención de vincular su buen nombre con algún interés distinto, porque en su carrera profesional, como juzgador, así como abogado, siempre fue de persona íntegra.

“Estamos solicitando a la Fiscalía del Estado, que se aboquen a la pronta solución de este homicidio, y que se realicen todas las investigaciones que se requieran para que prontamente se conozcan las verdaderas causas que motivaron su deceso, así como la identidad de sus autoridades materiales”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Chihuahua Licenciado Jesús Murillo, coincidió con González Mocken, en el sentido de avalar la conducta del juez mixto de primera instancia José Isabel Arrieta Mendoza, agregando que hoy más que nunca el esclarecimiento de este homicidio, constituye también una atentado en contra de todo el Poder judicial del Estado, por lo que la Fiscalía del Estado, debe resolverlo a la brevedad posible.

Finalmente, ambos dirigentes de abogados, externaron su más sentido pésame a los familias del licenciado Arrieta Mendoza, agregando que por parte del gremio de los abogados asociados, estarán atentos del avance de las investigaciones, pero sobre todo, mantendremos una postura de exigencia ante las autoridades de la fiscalía, para que se dé pronto con los responsables.

Redacción: Corina Muruato

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Chihuahua

ICHITAIP resolvió 794 expedientes en primer cuatrimestre de 2026

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El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública informó que del 5 de enero al 29 de abril resolvió 794 expedientes relacionados con recursos de revisión y acuerdos, como parte de sus funciones en materia de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

De acuerdo con el reporte presentado por el organismo, los asuntos fueron atendidos por el comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, así como por las comisionadas Karla Gabriela Fuentes Moreno y María Selene Prieto Domínguez, integrantes del Pleno.

Del total de expedientes resueltos en el primer cuatrimestre del año, 284 correspondieron a recursos de revisión promovidos por usuarios del sistema de acceso a la información en contra de distintas autoridades que negaron datos solicitados.

Además, 510 casos fueron concluidos mediante acuerdos emitidos por el órgano garante estatal.

En el desglose mensual de recursos de revisión, enero concentró el mayor número de resoluciones con 111 expedientes. Le siguieron febrero con 77, abril con 64 y marzo con 32.

Respecto a los acuerdos, marzo registró la cifra más alta con 165 asuntos atendidos. Posteriormente se ubicaron febrero con 153, enero con 105 y abril con 87.

El instituto señaló que ambas figuras jurídicas forman parte de los mecanismos legales con los que cuenta para garantizar la protección constitucional de las personas que ejercen su derecho de acceso a la información.

También indicó que estos instrumentos permiten atender posibles incumplimientos por parte de los sujetos obligados en materia de transparencia.

Hasta el momento, el organismo no ha informado nuevas metas adicionales para el siguiente periodo del año.

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