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Opinión

José no era gente por Jorge Zepeda

La noticia es brutal: José Sánchez, de 38 años, murió en Guaymas por desnutrición y por ser desatendido luego de estar tirado durante cinco días afuera de un hospital del sistema público de Salud de Sonora. En un video filmado horas antes de su muerte José describe de manera dramática que tiene tres semanas sin comer; sus brazos de delgadez cadavérica confirman lo que sus palabras, a ratos incoherentes, sólo permiten intuir.

La noticia es brutal: José Sánchez, de 38 años, murió en Guaymas por desnutrición y por ser desatendido luego de estar tirado durante cinco días afuera de un hospital del sistema público de Salud de Sonora. En un video filmado horas antes de su muerte José describe de manera dramática que tiene tres semanas sin comer; sus brazos de delgadez cadavérica confirman lo que sus palabras, a ratos incoherentes, sólo permiten intuir.

José carecía de dinero o de las credenciales que lo acreditaran como miembro del servicio asistencial; requisitos indispensables para ser considerado un ser humano por doctores y directivos del hospital en cuestión. No sé si las camas estaban todas ocupadas y los servicios de urgencia saturados. Pero el hecho de que alguien se muera de inanición afuera de un hospital tras cinco días de agonía me hace pensar que se trata más de un caso de deshumanización e indiferencia que de falta de recursos.

Puedo entender, aunque no justificar, que personas como José Sánchez no sean “gente” para el sistema de salud. Las instituciones cosifican a los seres humanos y los convierten en casos, estadísticas, objetos sometidos a normas. Lo que me cuesta trabajo tragar es la actitud de doctores, enfermeras y funcionarios que vieron una vida diluirse día tras días ante sus ojos y su indiferencia criminal.

Que José Sánchez no sea “gente” para el sistema de salud sonorense ya es lamentable. Pero que no sea “gente” para otras gentes revelan que algo anda mal en nuestro sistema de valores y en el diluido tejido social que construye nuestra convivencia.

Al respecto recuerdo un relato de la sierra potosina que me comentó una colega periodista. Por allá en los años 20, en el marco de las revueltas posrevolucionarias, cuando las distintas facciones disputaban el control de cada región, la población potosina pasaba las de Caín para transitar y no morir en el intento (más o menos como hoy día por algunas zonas de Michoacán y Guerrero debido al crimen organizado). Sorprendida por un retén al caer la noche, una familia fue conminada a gritos a que se identificara: “¿Quién anda allí? ¿Son gente de Rojas o son gente de González?” Temerosos de las represalias que cualquiera de las dos opciones pudiera desencadenar, los vecinos respondieron de inmediato: “No siñor, nosotros no somos gente”.

El video de José Sánchez me hizo recordar a esa familia potosina. Como ellos, José tampoco era “gente”. En sus palabras no hay ni siquiera indignación. Describe la negativa de los médicos para atenderlo casi como algo natural, sin agravios ni resentimiento aparente, como alguien que asume que no es “gente” porque nunca perteneció a los Rojas ni a los González; porque nunca tuvo dinero ni credencial que lo acreditara; porque no fue tratado como si fuera gente por parte del personal hospitalario.

José describe, con voz dulce y sin inflexiones lastimeras, su debilidad extrema, su incapacidad para poder caminar. Venía de Chihuahua y había estado trabajando en la pisca de la sandía hasta que se lastimó la espalda. Explica que afuera del hospital simplemente le dijeron que se quitara la ropa para que se le refrescara. Murió deshidratado y desnutrido.

Tampoco es que se trate de linchar a médicos y enfermeras. Frente al escándalo que el video de José ha desatado en redes sociales, el director del hospital ha sido destituido y se ha ordenado una investigación. Con eso las autoridades cubren el expediente e intentan que el papeleo termine por sepultar el infame caso.

En realidad todos somos un poco responsables. ¿Qué habríamos hecho usted y yo si trabajásemos en ese hospital o si fuésemos vecinos y hubiésemos pasado cinco días seguidos frente al cuerpo de José tirado en el pavimento? ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante cuerpos de indigentes a los que no les damos más atención de la que prestaríamos a un tronco o, peor aún, los asumimos como un incidente desagradable en la escenografía de la calle? La etimología de indigente no procede de “indiferencia de la gente” pero bien podría hacerlo, porque casi se ha convertido en sinónimo.

El egoísmo deshumanizado en el que transcurren nuestras vidas se alimenta de muchas fuentes: el consumismo, el éxito como quintaesencia de la felicidad, la confusión entre ser y tener, el cinismo, el atrincheramiento en nuestros propios círculos y el desdén por todo lo que entrañe vida pública o comunidad. En suma, por la incapacidad de solidarizarnos o conmovernos por todo aquello que no sea nosotros mismos o aquello a los que consideramos “gente”. Al parecer, José no lo era.

VIDEO: http://goo.gl/rkswt8

@jorgezepedap www.jorgezepeda.net

Economista y Sociólogo

FUENTE: El Universal

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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