Opinión
La campaña, viento en popa? por Luis Ochoa Minjarez
LA CAMPAÑA, VIENTO EN POPA?
Luis Ochoa Minjares
Por más que se vean con desdén las recholas cafeteras, los corrillos partidistas, los cenáculos de grillólogos, es en sus interminables charlas donde se pulsa con mayor acierto el ambiente político, el curso de las campañas, los riesgos electorales, y, sobre todo, los anhelos del querer colectivo.
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¿Quién va ganando las elecciones en Chihuahua y, especialmente en el municipio de Juárez? Por supuesto, la respuesta estará en función de a quién se le formule la pregunta.
Un militante del partido de Acción Nacional dirá que su triunfo depende de un supuesto 70% del electorado que todavía no ha tomado una decisión.
Un simpatizante del Tricolor afirmará que van en caballo de Hacienda y que ya tienen asegurado el triunfo electoral y el carretón completo.
Tendrán pues que explicar el por qué de una y otra posición, y es cuando deben entran en acción los expertos en grillar y arrear agua a su molino.
LA PESADA LAPIDA
DE DOÑA TOÑETA
En Juárez, el panismo encontró una rendija para medio librar la campaña postulando para alcaldesa a una mujer y ganar el mérito de ser el primer partido que eche mano del recurso feminista.
Pero no previeron que llevaría en sus delicados y débiles hombros la pesada lápida del desprestigio y el desastre panista en el ejercicio de la función pública durante dos sexenios seguidos. Esto sin contar con el desprestigio que dejaron las cuatro administraciones municipales azuladas juarenses.
Ello explica la tendencia y el empeño del PAN en “judicializar” el proceso electoral atiborrando los tribunales electorales de supuestas e inventadas cácalas y violaciones a las disposiciones de nuestras leyes electorales.
Expertos mapaches diseminados por todos los rumbos no buscan ni promueven el voto, sino buscan supuestos yerros de sus adversarios electorales para irse a la denuncia poselectoral. “No derrotarán en las urnas, pero les haremos la vida de cuadritos jurídicos”, parece ser el lema de campaña de Toñeta.
FIN AL IMPERIO DE
RAPIÑA Y SAQUEO
El cese masivo de los burócratas incrustados en la aduna fronteriza de Ciudad Juárez, puso fin a una especie de imperio de rapiña y de saqueo y, sobre todo a una mafia de funcionarios aduaneros del signo panista, que venían clavando las veinte uñas en el año de Hidalgo.
Su titular, junto con el de la dependencia de migración, fueron enviados a descansar a sus mansiones, con lo que se da fin al recambio de funcionarios federales del signo panista, que tantos dolores de cabeza dieron a los gobernadores de Chihuahua guante los sexenios foxista y calderonista.
Quién no recuerda a aquel “talibán” incrustado en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que tantos obstáculos y piedritas en el camino de la gestión de Patricio Martínez arrojó a diestra y siniestra.
Quién olvidará las travesuras de la panista doña Teresa Ortuño que tantos dolores de cabeza le dio al gobernador José Reyes Baeza, entorpeciendo y saboteando todas sus gestiones y acciones de gobierno.
Todo eso se acabó. La mayoría de las dependencias federales en el Estado de Chihuahua, han sido remozadas. Sus nuevos titulares van a partir un piñón con los tres niveles de gobierno, por lo que el último trienio del gobernador Duarte y el primero de Serrano, serán, en beneficio de Juárez y Chihuahua. Ahora, a rebanar mantequilla y reponer los rezagos de la miopía social del panismo.
MANOS A LAS
MEGA OBRAS
Con el campo despejado, gobiernos municipal, estatal y federal, no tienen màs que poner mano a las grandes obras que hemos soñado en los terrenos urbano, político y social, saboteadas unas veces, ignoradas otras y casi siempre satanizadas por esa inexplicable fobia a su realización.
Poco vivirán quienes no alcancen a ver y disfrutar de una de las Ciudades Universitarias más grandes del país. A transportarse en vehículos urbanos veloces, silenciosos y cómodos. A asistir a algún acto masivo a un Gigantesco y ultramoderno Centro de Convenciones y Exposiciones, a vivir en una Ciudad Juárez alegre, segura, limpia y en amigable competencia urbana con la vecina del norte.
Frente a este panorama que se tiene a la vista lleno de optimismo y confianza, dan más que risa, pena ajena las blasfemias, cacayacas y cuchufletas que a manera de frases de campaña difunde la miopía social, la insensibilidad cívica y la falta de oficio político.
Qué votos puede conquistar doña María Antonieta distribuyendo panfletos como el que recibí en el cruce de 16 de Septiembre y Américas cuyo texto dice “Más de 104 millones de pesos gastados en una “X” y más de medio millón de dólares en la inauguración. Hasta cuando seguirá el gobierno priísta malgastando el dinero de los juarenses”. Por supuesto, se cuidaron de mencionar a la majestuosa Plaza de la Mexicanidad, que coloca a Juárez en envidiable lugar nacional.
HOYANCOS, BACHES Y
PAGO DE LOS DAÑOS
Recientemente tuve que cruzar el paso a desnivel de la recaudación de rentas de Ciudad Juárez y, ¡saz!, la alcantarilla del drenaje profundo abierta. El trancazo no fue para menos de nueve mil quinientos pesos la reparación del Nissan Sentra.
Recordé entonces que en septiembre de 2004 los sesenta y siete municipios del Estado de Chihuahua dieron su anuencia para la promulgación de reformas a la Constitución del Estado, por virtud de las cuales quedarán comprometidos a pagar todos los daños que causen los baches, hoyos, zanjas y demás en las calles de sus respectivos municipios.
Los propios alcaldes se pusieron la soga económica al enjuto cuello de los fiscos municipales. Algunos municipios no tienen ni para pagar los sueldos de sus policías y otros no recogen la basura por falta de gasolina. Ahora menos lo podrán hacer si, como lo mandará la nueva disposición legal, nos pagan a todos los automovilistas las muelles, amortiguadores, horquillas y demás daños que sufran sus automóviles y trocas chuecos o derechos.
Es por cierto de plena justicia tal disposición, pues ya resulta insoportable el descuido, desaliño o indolencia de muchos alcaldes que, como el del municipio de Juárez, se han olvidado de mantener las calles y vialidades en condiciones más o menos aceptables. Habrá alcaldes que tengan que pagar las herraduras de mulas y caballos que las pierdan por las polvorientas, hoyancudas y pedregosas calles pueblerinas. Ni modo, ya les llegará el progreso.
Por lo demás, es de hacer notar que las reformas a la Constitución Política del Estado para dar vigencia a la citada disposición, mereció la aprobación por mayoría tanto de los señores diputados como de los presidentes municipales que avalaron tales reformas. Habrá que ver si se hacen cumplir tales disposiciones, particularmente en ciudades como Juárez, donde hay más de medio millón de carcachas, charchinas y demás yonques. ¿Se cumplirán?
POPULISMO Y
P0PULARIDAD
En medio del fragor de la candente lucha por la presidencia para remudar el ayuntamiento de Juárez, se maneja con singular persistencia y mala fe el significado de los términos «populismo», “populachero” y popularidad, como una especie de males de la democracia que deben ser combatidos a como dé lugar.
Según la ideología política de la derecha en el poder federal, toda idea o persona que concentre la simpatía de las mayorías en una comunidad dada y en consecuencia adquiera una indiscutible popularidad, merece el anatema del «populismo». Entre el populismo y la popularidad existe una diferencia abismal.
El populismo se forja a base de mentiras, soflamas y promesas de campaña que jamás se cumplen como aquellas de «arreglar el problema de Chiapas en quince minutos» o la de «elevar a 7% el producto interno bruto del país» de la noche a la mañana. La popularidad de un político o un funcionario del nivel que sea, se forja cumpliendo al pie de la letra todos y cada uno de los compromisos adquiridos y las promesas de campaña formuladas.
El populismo es demagogia, mentiras, farsas, deslealtades y traiciones a la comunidad y a la patria. La popularidad se gana para una idea, una tesis política, un propósito superior o para una personalidad, con claridad en el pensamiento, pasión por servir a las mayorías, trabajo cotidiano incansable y sobre todo, con valor civil para enfrentar todas las asechanzas, agresiones y piedras en el camino. Es la diferencia entre populismo y popular. LOM.
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Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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