Opinión
“ La causa de Francisco” por Bernardo Cerdeira
La próxima visita de su santidad el papa francisco primero a mexico tiene mucha importancia para la iglesia católica, pero así mismo es importante para el ejecutivo de los pinos al cuestionarse la verdadera causa que motivo al sucesor de pedro acudir a la nación azteca.
Sabemos que francisco sea caracterizado por ser un político con talento, inteligencia, visión, cuenta con técnica de oratoria y debate, conciliador pero sobre todo con sencillez humana. Reconociendo la grandiosa tarea de encomendar y lograr la unidad entre cuba y estados unidos dejando atrás sus diferencias del pasado, desde entonces cada acto de su santidad da muestra de ser y saber hacer un político.
Recordemos cuando estuvo en la isla de los castro y en la casa blanca la prensa del vaticano mencionaba que estaría en mexico, ¿lo recuerdan verdad? porque pensaba entrar en ciudad Juárez.
“Pero ir a México sin ir a la guadalupana hubiera sido una bofetada”. Fueron palabras cuidadosas y diplomáticas que, a la vez, fueron medias verdades por parte del papa francisco, la realidad es que cuando se concluyó el programa de la gira, México estaba excluido. El crimen de los normalistas de ayotzinapa en Iguala, fue la causa.
Analizando que el ejecutivo realizo la invitación formal por la entonces subsecretaria de gobernación para asuntos religiosos, paloma guillén, y el secretario de estado de el vaticano, pietro parolin. Francisco llegaría a la ciudad de méxico y oficiaría una misa en ciudad Juárez, donde se referiría a la inmigración. De ahí, por tierra, cruzaría el puente internacional para entrar a estados unidos por el paso continuando con su agenda, pero el vaticano entones tenia conocimiento por parte de los familiares de los normalistas y los medios de comunicación de lo ocurrido en el estado de guerrero, Francisco dijo que cuando el 17 de diciembre pasado se anunció la conclusión del proceso reservado de negociaciones entre cubanos y estadounidenses, donde El Vaticano jugó un papel central como facilitador, reflexionó: “Voy a entrar a Estados Unidos por Cuba, y la elegí por este motivo”. Para entonces, ya había una ruptura con el gobierno mexicano. La jerarquía católica había tomado partido en el tema de ayotzinapa.
Christophe Pierre, el nuncio apostólico, que es equivalente al cargo de embajador, ofició la misa de navidad en la escuela normal rural raúl isidro burgos de ayotzinapa, donde afirmó: “La Iglesia camina con ustedes. Lo peor cuando uno sufre es sentirse solo. Yo sé que ustedes no están abandonados. ¡Estamos con ustedes! ¡También el Papa está con ustedes!”. No fue casual la toma de posición en El Vaticano. En sucesivos viajes a Roma, los prelados mexicanos hablaron en la sede pontificia sobre lo que estaba sucediendo en Iguala y en varias partes del país, palabras épicas de un discurso muy bien estructurado del papa y mostrando el interés sobre los hechos acontecidos de los normalistas.
Acto que invita a reflexionar las causas de la próxima visita a la republica mexicana, un servidor considero que es por apoyo a los familiares de los 43, apoyo a la situación de corrupción y violencia que priva en la nación, tomando en cuenta que francisco siguió enviando señales al gobierno mexicano. El 4 de enero de 2015 nombró cardenal al arzobispo de Morelia la diócesis nunca había tenido un cardenal, Alberto Suárez Inda, quien a principio de febrero habló en una conferencia de prensa en Roma de la “manipulación” de los padres de los normalistas y de los intentos de “insurrección”. Su lenguaje era insólitamente duro para un prelado, pero diáfano para lo que quería transmitir El Vaticano. “Percibo que hay una cierta manipulación y una cierta tendencia política, de intereses que se aprovechan del dolor de los padres de familia para provocar insurrecciones”, afirmó Suárez Inda.
Una visita política para tratar de ser un mediador con el pueblo y las autoridades mexicanas, necesario que el vaticano este jugando este rol básico para tratar de consolidar algo de tranquilidad y paz en este mexico lindo y querido.
Muy a su estilo y propio, estudiemos la verdadera causa que motivo a su santidad a tener este acercamiento con el pueblo mexicano, el vaticano siempre ha estado al pendiente de las políticas publicas de nuestro país y con ayotzinapa, Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promotor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que recientemente dio a conocer un informe sobre el crimen en Iguala, que desmanteló la versión oficial de la PGR sobre lo que sucedió con los normalistas de ayotzinapa fue factor indispensable para que se diera la próxima visita de su santidad a tierras aztecas.
Gracias por su atención brindada.
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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