El Ministerio Público Federal adscrito al Primer Tribunal Unitario con sede en Morelia, Michoacán, interpuso una apelación en contra del amparo concedido al exlíder de los autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles Valverde, y a sus escoltas Javier Reyes Magaña, Gerardo López Casillas y Salvador Mendoza García.

De acuerdo con la agencia Quadratín, este miércoles se notificó a la defensa de los inculpados la apelación contra el amparo concedido el pasado martes 7 por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito, con sede en Morelia.

El asunto será turnado ahora a un Tribunal Colegiado, a fin de que sea resuelto el amparo en revisión y la defensa de los inculpados pueda defenderlo, y con ello se confirme la sentencia que protege a los quejosos.

Ante ello, se prevé que este nuevo proceso jurídico dure en promedio cuatro meses o quizá más, hasta en tanto se resuelva la revisión solicitada por el Ministerio Público federal.

El martes 7, el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Primer Distrito concedió un amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión contra el exvocero de las autodefensas.

Tras el juicio de amparo indirecto 52/2014, promovido por los abogados Talía Vázquez y Salvador Navarro, se ordenó al juez Quinto de Distrito de Michoacán que repusiera desde un inicio el caso de Mireles, acusado de portación de armamento de uso exclusivo del Ejército.

Y es que durante su detención se violentaron las garantías individuales del exlíder de autodefensas y sus tres escoltas, según lo estipulan los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna.

En esa ocasión la exabogada de Mireles, Talía Vázquez, detalló que desde el lunes 6 fue notificada de la resolución del magistrado y un día después entregó una copia de la documentación al área jurídica del Cefereso 11, de Hermosillo, donde el exguardia comunitario michoacano permanece preso desde el 30 de junio de 2014.

“Se regresa el juicio al principio y empieza a correr el término constitucional porque el magistrado considera que el juez se equivocó al dictar auto de formal prisión”, subrayó entonces.

La defensora legal explicó que podrían pasar entre 10 y 15 días hábiles para que se diera cumplimiento a esa ejecutoria.
“Haremos (Salvador y yo) las gestiones necesarias para que la nueva resolución no sea auto de formal prisión, sino un auto de libertad”, adelantó Vázquez. Hoy eso parece lejano.