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Política

Más sanciones a quienes abusan del consumidor: Rocío Reza

Con el propósito de beneficiar a los consumidores y protegerlos de abusos en los precios, Rocío Reza presentó una iniciativa para reformar diversos ordenamientos para aumentar las sanciones a los incrementos injustificados de precios, y con esto, impedir la exageración en los costos y frenar la especulación de bienes y servicios.

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Con el propósito de beneficiar a los consumidores y protegerlos de abusos en los precios, Rocío Reza presentó una iniciativa para reformar diversos ordenamientos para aumentar las sanciones a los incrementos injustificados de precios, y con esto, impedir la exageración en los costos y frenar la especulación de bienes y servicios.

En ese sentido, la iniciativa propone ampliar las sanciones quien o quienes cometan prácticas comerciales abusivas con multas que van desde los 722 pesos hasta más de los 12 millones de pesos, según sea el caso y agravio, señaló Reza Gallegos.

“Propiciar una sociedad más justa y equitativa, es hablar también de los derechos de los consumidores, ya que la relación de desventaja manifestada en este país es a través de los múltiples actos fraudulentos en las relaciones de consumo, aunado a un bajo salario, aumento a la gasolina y a diversos precios de la canasta básica, que ubica el consumidor en desventaja”, precisó la diputada panista.

Lo anterior, dijo, obliga al Estado a generar políticas encaminadas a proteger los derechos fundamentales de los consumidores, y promover nuevos modelos en el consumo nacional donde se intensifiquen los mecanismos para garantizar la calidad y abasto de productos y servicios en el país.

“Con esta propuesta se evitarán formas de especulación y se incrementará la vigilancia a proveedores para que se respeten precios máximos autorizados, dando un seguimiento puntual a la evolución de los precios y proceder a establecer las sanciones correspondientes, en caso de irregularidades. Pero lo importante es arremeter de forma frontal y directa contra estas prácticas comerciales y evitar en lo posible el incremento indiscriminado de los precios en los productos de consumo”, dijo Rocío Reza.

De acuerdo a datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el salario sólo es un tercio de lo que representan los precios al consumidor, por lo que, señaló Reza Gallegos, los aumentos no son congruentes ya que el gasto se vuelve mayor que el ingreso.

La legisladora panista mencionó que a pesar de las reiteradas denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), la marcha de operativos de “revisión a precios y medidas”, así como el esfuerzo que realiza esta dependencia gubernamental por verificar tales aumentos, continúan las quejas por prácticas abusivas en el aumento injustificado de precios.

“Si bien existe un marco jurídico que sanciona, lo que queremos con esta iniciativa es incrementar esas sanciones, estos es, que la Procuraduría Federal del Consumidor intervenga y sancione rígidamente en situaciones donde el aumento no justificado de precios de bienes y servicios perjudique de manera sensible al consumidor, y así promover y resguardar sus derechos frente a malas prácticas por parte de proveedores”, explicó.

Por último, la legisladora panista agregó que reformar las disposiciones para castigar lo anteriormente descrito, son sanciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en la Ley Federal de Competencia Económica, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y en el Código Penal Federal.

Rocío Reza 8 Abril 2015

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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