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Mata a su hijo a golpes por no memorizar el Corán

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Un tribunal de Gales condenó a cadena perpetua a una mujer acusada de haber golpeado a su hijo de siete años hasta la muerte por no memorizar varios pasajes del Corán.

Sara Ege, de 33 años y residente en Cardiff (Gales), fue declarada culpable de haber matado a golpes a su hijo Yaseen y posteriormente haber quemado su cuerpo en julio de 2010.

La sentencia del Tribunal Superior de Cardiff se conoció tras cinco semanas de juicio en un caso complejo lleno de contradicciones en las declaraciones de la madre, que en un principio admitió el delito para después asegurar que fue obra de su marido.

En sus declaraciones, según fuentes judiciales, la mujer insistía en que la familia de su marido, Yousuf Ege, le había obligado a asumir la culpa del crimen pero que en realidad lo cometió él.

Aunque inicialmente los padres sostuvieron que Yaseen murió en un incendio, un examen forense determinó que había fallecido horas antes, algo que la mujer admitió frente a la policía.

El pequeño había sido inscrito en la mezquita local para convertirse en «Hafiz» -un experto en islám que memoriza el Corán- siguiendo así los pasos de su madre, que siendo niña participó en concursos donde demostró su conocimiento del libro religioso recitando pasajes enteros de memoria.

Sin embargo, según reconoció ante el tribunal, la dificultad que Yaseen mostraba para recordar varios fragmentos la «frustraba cada vez más» y, movida por la cólera, golpeó al pequeño hasta que éste se derrumbó mientras murmuraba extractos del Corán.

Cuando regresó a ver al niño diez minutos después, éste estaba temblando en el suelo, donde murió a causa de las heridas internas que sufrió en la zona abdominal.

La mujer, que recibió conmocionada la sentencia, aseguró ser una «madre brillante» y tuvo que ser ayudada a salir de la sala.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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