Opinión
Opinión: Yo No Doy Mordida
Por: Amin Anchondo
Presidente Nacional Coparmex Jóvenes
Mucho se habla en artículos de opinión, medios, redes sociales y otras plataformas, del difícil momento por el que está pasando el país y pasará en el corto plazo. También se habla de que es la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente para que este país avance y nos vaya mejor a todos. Existe un sinnúmero de opiniones de que es el momento de cambiar, pero existen muy pocas propuestas de cuál es el camino.
En primera instancia todo mexicano voltea a ver dónde echar la culpa y ahora que tenemos al enemigo representado en “El tío Trump” pues diremos que todo es culpa de él, dejando de ver los verdaderos problemas que han tenido a este país atado al bajo crecimiento y el aumento de la desigualdad.
No debemos olvidar que debemos actuar primero hacia adentro si queremos salir de nuestros retos. La Corrupción, la inseguridad, la impunidad, son los problemas que seguimos teniendo como país más allá de enfocarnos en Trump. A eso es a lo que debemos estar buscándole solución. De nada nos sirve seguir teniendo desarrollo económico sino tenemos desarrollo social en el país. No lo tenemos, principalmente, por estos tres problemas que menciono. Y si tuviera que escoger al mayor ellos, fácilmente, diría que la corrupción es la culpable de la impunidad y la inseguridad.
Nuestro país tiene un gran cáncer muy arraigado en nuestra sociedad que se llama corrupción. Últimamente de forma muy notable (porque ya no se pudieron esconder mas) empezaron a brotar casos de corrupción por todo el país. Casos verdaderamente vergonzosos que causaron un verdadero enojo social en contra de esos políticos que, sin escrúpulos, robaron al por mayor a la sociedad más vulnerable.
Si sumamos el enojo social que existe en nuestro país internamente con todos los factores internacionales que nos están afectando, de verdad estamos en un punto de inflexión que nos llevará a tocar fondo muy pronto del cual aún no entendemos la ruta de salida.
Para hacer un verdadero cambio en nuestra actual sociedad, debemos de empezar por tomar cada quien la responsabilidad que nos corresponde. Es muy fácil ver y denunciar el problema que vemos en un servidor público, pero es muy difícil reconocer cuando somos parte de la problemática. La corrupción siempre tiene dos actores.
En la mayoría del inconsciente colectivo, relaciona la corrupción en el acto más simple y vil del que todos tenemos acceso o hemos sido parte: La mordida.
Aunque no es lo mismo robar dinero público que entregar vía mordida dinero propio, ambos son un acto de corrupción.
Comparaba la corrupción con el cáncer porque desconocemos hasta donde esta infiltrada y ya la vemos como algo tan cotidiano que no nos causa vergüenza o dolor. Es por eso que nosotros los ciudadanos debemos tomar nuestra responsabilidad en este combate a la corrupción.
De nada nos sirve tener las mejores reformas o el mejor sistema nacional anticorrupción sino cambiamos como sociedad nuestra cultura de la legalidad. De nada sirve tener un Ferrari, si no sabemos conducir.
Hoy los Empresarios Jóvenes de Coparmex estamos trabajando a nivel nacional en una campaña de concientización, de toma de responsabilidad y de acción para combatir este pequeño gran acto de corrupción.
Estoy seguro que nuestra generación repudia este fenómeno, pero estamos envueltos en un sistema que lo toma como normal y trabaja en base a ello. Por eso nos va a costar mucho trabajo y esfuerzo cambiar esta cultura, pero lo vamos a lograr.
Hoy México debe tomar el toro por los cuernos. Ya no es lo mismo, la corrupción sale a flote porque sale. Ya no toleramos esas situaciones. Ya estamos haciendo algo diferente. Por eso te invito a que te sumes porque si al menos tu y yo nos comprometemos estamos iniciando esa gran evolución que este país necesita.
Por esto y más: ¡Yo no doy mordida!
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
