Opinión

Opinión: Yo No Doy Mordida

Por: Amin Anchondo
Presidente Nacional Coparmex Jóvenes
Mucho se habla en artículos de opinión, medios, redes sociales y otras plataformas, del difícil momento por el que está pasando el país y pasará en el corto plazo. También se habla de que es la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente para que este país avance y nos vaya mejor a todos. Existe un sinnúmero de opiniones de que es el momento de cambiar, pero existen muy pocas propuestas de cuál es el camino.
En primera instancia todo mexicano voltea a ver dónde echar la culpa y ahora que tenemos al enemigo representado en “El tío Trump” pues diremos que todo es culpa de él, dejando de ver los verdaderos problemas que han tenido a este país atado al bajo crecimiento y el aumento de la desigualdad.
No debemos olvidar que debemos actuar primero hacia adentro si queremos salir de nuestros retos. La Corrupción, la inseguridad, la impunidad, son los problemas que seguimos teniendo como país más allá de enfocarnos en Trump. A eso es a lo que debemos estar buscándole solución. De nada nos sirve seguir teniendo desarrollo económico sino tenemos desarrollo social en el país. No lo tenemos, principalmente, por estos tres problemas que menciono. Y si tuviera que escoger al mayor ellos, fácilmente, diría que la corrupción es la culpable de la impunidad y la inseguridad.
Nuestro país tiene un gran cáncer muy arraigado en nuestra sociedad que se llama corrupción. Últimamente de forma muy notable (porque ya no se pudieron esconder mas) empezaron a brotar casos de corrupción por todo el país. Casos verdaderamente vergonzosos que causaron un verdadero enojo social en contra de esos políticos que, sin escrúpulos, robaron al por mayor a la sociedad más vulnerable.
Si sumamos el enojo social que existe en nuestro país internamente con todos los factores internacionales que nos están afectando, de verdad estamos en un punto de inflexión que nos llevará a tocar fondo muy pronto del cual aún no entendemos la ruta de salida.
Para hacer un verdadero cambio en nuestra actual sociedad, debemos de empezar por tomar cada quien la responsabilidad que nos corresponde. Es muy fácil ver y denunciar el problema que vemos en un servidor público, pero es muy difícil reconocer cuando somos parte de la problemática. La corrupción siempre tiene dos actores.
En la mayoría del inconsciente colectivo, relaciona la corrupción en el acto más simple y vil del que todos tenemos acceso o hemos sido parte: La mordida.
Aunque no es lo mismo robar dinero público que entregar vía mordida dinero propio, ambos son un acto de corrupción.
Comparaba la corrupción con el cáncer porque desconocemos hasta donde esta infiltrada y ya la vemos como algo tan cotidiano que no nos causa vergüenza o dolor. Es por eso que nosotros los ciudadanos debemos tomar nuestra responsabilidad en este combate a la corrupción.
De nada nos sirve tener las mejores reformas o el mejor sistema nacional anticorrupción sino cambiamos como sociedad nuestra cultura de la legalidad. De nada sirve tener un Ferrari, si no sabemos conducir.
Hoy los Empresarios Jóvenes de Coparmex estamos trabajando a nivel nacional en una campaña de concientización, de toma de responsabilidad y de acción para combatir este pequeño gran acto de corrupción.
Estoy seguro que nuestra generación repudia este fenómeno, pero estamos envueltos en un sistema que lo toma como normal y trabaja en base a ello. Por eso nos va a costar mucho trabajo y esfuerzo cambiar esta cultura, pero lo vamos a lograr.
Hoy México debe tomar el toro por los cuernos. Ya no es lo mismo, la corrupción sale a flote porque sale. Ya no toleramos esas situaciones. Ya estamos haciendo algo diferente. Por eso te invito a que te sumes porque si al menos tu y yo nos comprometemos estamos iniciando esa gran evolución que este país necesita.
Por esto y más: ¡Yo no doy mordida!

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.