Opinión
PARADOJAS DE LAS ELECCIONES por VICTOR OROZCO O.
PARADOJAS DE LAS ELECCIONES
Los mexicanos vivimos una curiosa paradoja: estábamos ansiosos por tener elecciones creíbles y ahora la mayoría no quiere votar, básicamente por el descrédito en que han caído los comicios. A los ojos de una buena porción de la ciudadanía, éstos han servido para elevar a camarillas de pillos en la burocracia estatal. Y también, para la formación de organismos con el nombre de partidos, que en esencia son empresas privadas constituidas para el asalto del erario público. El solo pensar, por ejemplo, en los diputados y senadores del “partido” verde provoca náuseas. Igual en las cohortes de funcionarios rateros encumbrados por siglas de diferentes colores.Existe otra vertiente de la contradicción, quizá de mayor relevancia. Hasta hoy, las elecciones representan la única forma viable de acceder al poder político y por tanto, de impulsar transformaciones generales, la primera, acabar con la corrupción de la clase política. Pero, el desprestigio de los postulados a los puestos públicos es tanto, que arrastra consigo a candidatos honestos y capaces de encabezar u operar estos cambios. Estas raras aves del escenario político bregan contra corriente. Su llamado a votar, a no abandonar las urnas, a confiar de nuevo, es como una voz apenas audible en el vendaval de la desconfianza y en la marea de mercadotecnia y compra de voluntades. De hecho, buena parte de los electores, aplican la filosofía del viejo refrán “Dime con quien andas y te diré quien eres”: si buscas el voto has de ser igual de mentiroso, engañador y ladrón que todos. Las paradojas enunciadas tienen una historia larga. Durante décadas un grueso sector de la sociedad mexicana aspiró a tener elecciones. Es más, la revolución de 1910 comenzó con una gran agitación nacional por el fraude cometido en los comicios federales de ese mismo año. A su triunfo, el estado asumió como lema oficial el de “Sufragio efectivo. No reelección” y Francisco I Madero, quien lo personificó, se convirtió en el “Apóstol de la Democracia”, objeto de mil y un homenajes así como de loas oficiales interminables. Tanto así había calado el viejo anhelo de nombrar a los gobernantes mediante el voto popular. El gozo muy pronto se vino al pozo, porque los gobiernos sucesivos al movimiento armado, enterraron rápidamente la ilusión decimonónica de la democracia electoral. Las corporaciones (obreras, campesinas, patronales, populares) integradas en el partido oficial (PNR, PRM y PRI) aplastaron el voto ciudadano, que nunca pudo alzar cabeza en casi setenta anos desde 1929 en que se fundó la máquina electoral del gobierno. A partir de 1988 se inició una nueva etapa política en el país. En sucesivas reformas constitucionales y legales, la de mayor calado en 1996, se abrieron los órganos del estado a la oposición. En 1997 el PRI perdió la mayoría en el congreso, el gobierno del Distrito Federal y en 2000 la presidencia de la República. Las esperanzas concitadas por estos hechos, dieron pie a un ferviente optimismo y subrayo el adjetivo, porque descansaba en la fe, antes que en la razón. De allí en adelante, se creía, participaríamos en justas electorales cuya influencia benéfica acabaría por dotarnos de un mejor país, se irradiaría a todos los rincones sociales y gracias a ella derrotaríamos definitivamente a la corrupción. Pero, la casi panacea electoral llegó quizá tarde, quizá mocha, quizá sólo fue un espejismo. Peores males se afincaron: crecieron como nunca la pobreza y la marginación, se entronizó la violencia delictiva y las bandas de matones pudieron controlar municipios e imponer su propia ley, es decir la del más fuerte. La corrupción alcanzó niveles apenas sospechados, desde el modesto funcionario hasta la cúspide de la pirámide estatal. En este panorama, nos quedamos con las elecciones como el anhelado instrumento para lograr cambios. Pero muy poco hemos podido hacer con tal herramienta. La gran novedad de la última década del siglo XX, fue el Partido de la Revolución Democrática, agrupación en la que se incluyeron los disidentes del PRI mas prácticamente todas las corrientes izquierdistas. En el horizonte de aquellos años se dibujaba una poderosa organización socialdemócrata o algo parecido, que desplegara las banderas del reparto de la riqueza, la construcción de un estado protector de las garantías sociales e individuales, la defensa de los intereses nacionales frente a los consorcios y gobiernos del capitalismo mundial, la preservación y despliegue del patrimonio legado por el liberalismo histórico mexicano, como los derechos humanos, el estado laico, la austeridad republicana. El PAN, por su parte, viejo en la brega por el respeto al voto, aportaba a esta nueva fase una derecha moderna, democrática, comprometida en la lucha contra los gobiernos corruptos. Ambos fallaron. El de centro-izquierda, derivó hasta convertirse en un cenáculo de dirigentes de familias políticas que entre una zancadilla y otra se reparten los puestos públicos. Nada del programa histórico con el cual nació el PRD ha quedado en los hechos. El de centro-derecha, claudicó en sus dos principios centrales, blandidos con orgullo sobre todo en la clases medias: la democracia y la honestidad. Tuvo la oportunidad de ponerlos en acto desde las cimas del poder. Pero en 2004 primero y luego en 2006 traicionó al primero y en los doce años de ejercicio presidencial, no depuró un ápice del corrupto Estado que heredó, sino que éste se ennegreció aún más con los negocios entre funcionarios y empresarios o contratistas privados. Y, sus tiempos fueron los de las cien mil muertes, ocurridos en una guerra oscura en la cual se confundieran siempre las fronteras entre policías y criminales, quienes tuvieron manga ancha para robar, secuestrar y extorsionar. Todo esto posibilitó el retorno triunfal del PRI. Del peor PRI. Corrupto hasta la médula. Entreguista de los recursos nacionales al capital, aliado de los destructores del medio ambiente. Cómplice de la narcoviolencia. Con sus hombres de gobierno frívolos, ineptos e ignorantes. Por eso, algunos, con cierto dejo de cinismo afirman que estábamos mejor cuando estábamos peor. Estos hechos explican parte del origen de las paradojas electorales que vivimos en el presente. También dan cuenta de la razón por la cual ha disminuido o desaparecido el “voto duro”, antaño la fortaleza de las corrientes políticas. Nada hay que nos haga apostar con los ojos tapados por unos colores partidarios. Ni diferencias ideológicas o programáticas, ni distintivos en la formación de sus liderazgos, ni confianza en la solidez de la organización política para responder por las fallas de los individuos, menos aún sobrevive el viejo orgullo de portar los estandartes del Partido, con mayúscula. Vivimos una noche en la cual todos los gatos son pardos. Por mi parte, votaré por candidatos antes que por partidos. La única esperanza es el trabajo y los antecedentes de algunos hombres y mujeres decididos a empeñar su tiempo y esfuerzos en las elecciones primero y luego en la defensa de los intereses colectivos. Un puñado apenas en la masa de negociantes que colmará la cámara de diputados.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
