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Peña Nieto ‘revive’ temores energéticos

Analistas dudan de la efectividad de los contratos de utilidad compartida para el petróleo; señalan que el esquema es muy similar a uno aplicado por Felipe Calderón que fracasó.

Analistas dudan de la efectividad de los contratos de utilidad compartida para el petróleo; señalan que el esquema es muy similar a uno aplicado por Felipe Calderón que fracasó.

La propuesta de reforma energética presentada este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto revivió los temores sobre el intento fallido de abrir el sector energético con la reforma impulsada en 2008 por el expresidente Felipe Calderón, cuando se implementaron contratos de servicios integrados que no lograron aumentar la producción de petróleo, advirtieron analistas.

Aunque el Gobierno ha realizado ya tres rondas con contratos de servicios integrados -dos durante el sexenio de Felipe Calderón y uno bajo el actual mandato-, no se ha logrado revertir la tasa de decrecimiento en la producción de crudo, que pasó de 3.4 millones de barriles promedio al día en 2004 a 2.55 millones actualmente.

La iniciativa del presidente Peña Nieto sugiere que los inversionistas no tendrán una verdadera participación en el sector energético a través de los contratos de utilidades compartidas. Este punto fue considerado «decepcionante» por diversos analistas, debido a sus similitudes con los «Contratos de Servicios Integrados» que Pemex usó sin mucho éxito desde la reforma de 2008, aseguró el analista de Scotiabank GBM, Joe Kogan.

«Los inversores que esperaban una reforma mucho más profunda quizá estén decepcionados, considerando cuántas fanfarrias se han hecho sobre el tema en los últimos años», opinó en un reporte para inversionistas.

La propuesta podría limitar las ganancias de los contratos desde un inicio, lo que contrasta con el escenario de otros países, donde esto se regula después de comprobar que los proyectos resultaron más atractivos de lo pensado.

«Sabemos que los contratos incentivados originales fallaron en generar el suficiente entusiasmo para los inversionistas en bonos, y que el Gobierno ni siquiera llegó a la fase para probarlos estos contratos en proyectos de aguas profundas», recalcó.

Con los contratos de servicios integrados, el operador (Pemex) paga los costos de producción de los terceros más una tarifa base en efectivo que no se encuentra ligada a la producción, pero el Estado mantiene el control sobre las reservas.

El pasado 11 de julio, Pemex informó que tres de los seis bloques que ofertó del área de Chicontepec bajo el concepto de contratos integrales fueron declarados desiertos a falta de propuestas, a pesar de que se trataba de los yacimientos que concentraban el 80% de las reservas conocidas como 3P del área.

Contratos poco atractivos

La iniciativa de reforma presentada por el Gobierno considera el pago de los costos de producción, pero a diferencia de los contratos de servicios integrales, liga la utilidad al precio del barril. Una vez que Pemex lo venda, se repartirán los beneficios bajo un porcentaje que determinará el contrato de utilidad compartida, explicó Luis Serra, analista del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC).

Sin embargo, el contrato de utilidad compartida tiene la limitante de que las compañías privadas no podrán incluir el valor futuro de las reservas dentro de sus activos o libros contables, lo que aumenta el valor de la empresa; además de dar una mayor injerencia de Pemex sobre el proceso, apuntó por su parte el socio de la firma de abogados Baker & McKenzie, Benjamín Torres-Barron.

«Con los contratos de utilidad compartida no puedes incorporar el valor de los barriles dentro de tu activo, y se convierte más en una expectativa de flujo de efectivo, lo que contablemente resulta menos atractivo para las empresas.

«Los porcentajes de la utilidad compartida deben quedar bien definidos en las leyes secundarias y reglamentarias, pues ahora la propuesta del Gobierno deja ambigua la situación», agregó.

El experto descartó que el esquema que propone el Ejecutivo resulte poco atractivo para las compañías que quieran invertir en el sector, pues al final seguirán teniendo una utilidad que estará sujeta a su desempeño en la extracción de los hidrocarburos (entre más extraigan, mayores ganancias obtendrán).

Si esta propuesta fructifica, el éxito de la reforma recaerá en la legislación secundaria, donde se deberá definir los cálculos para compartir la utilidad sobre los contratos, consideró el experto del CIDAC, Luis Serra.

El Gobierno espera que con su propuesta la producción de petróleo en México retome una tendencia de crecimiento y pase de los 2.55 millones de barriles promedio diario actuales a casi 3 millones en 2018, y 3.5 millones en 2025.

México tiene reservas de cerca de 29,000 millones de barriles de crudo en aguas profundas en la zona del Golfo de México, pero la falta de inversión y tecnología le han impedido perforar en estos lugares.

Concesiones, la propuesta agresiva del PAN

El modelo de concesiones representa un esquema mucho más agresivo y fue incluído por el Partido Acción Nacional (PAN) en su propuesta de reforma energética. En este esquema el operador toma posesión de los hidrocarburos y paga regalías, utilidades e impuestos al Estado por la explotación de sus yacimientos; además de que permite a las empresas incorporar las reservas de petróleo que le pertenecen dentro de sus activos.

El cambio atraería una inversión privada adicional de hasta 30,000 millones de dólares por año al sector energético, lo cual se reflejaría en un incremento adicional de 2% en el Producto Interno Bruto, según el PAN.

Bajo este sistema, las empresas privadas podrían competir o asociarse con Pemex para operar concesiones de exploración y producción de petróleo, gas, shale gas y shale oil.

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México

Acusa Salinas Pliego a Denise Dresser de no pagar licuadora a Elektra

Ricardo Salinas Pliego y Denise Dresser se enfrascaron en una discusión en las redes sociales, luego de que la polítóloga lo acusara de celebrar la salida del País de la empresa Best Buy.

«El Grupo Salinas celebra la salida de la competencia, mientras en las tiendas Elektra los consumidores pagan por una licuadora el resto de su vida, a una tasa de interés que los exprime como naranjas», comentó la escritora en Twitter.

A eso, el dueño de Grupo Salinas le respondió que aunque Dresser quiera abusar de su posición mediática no le van a perdonar la licudora que debe.

«Por más que usted quiera presionarnos en @Tiendas_Elektra, no permitiremos que use su posición  mediáticapara que le perdonemos la licuadora que compró hace 20 años, abrazo mi estimada Denisse y que dios le de salud y vida para que siga viendo cómo triunfamos en @gruposalinas», indicó.

Por su parte, la docente negó que ella haya comprado una licuadora en Elektra, pues dijo se rehúsa a apoyar a quienes abusan del consumidor.

«Toc toc. Falso. Nunca compré ni debo una licuadora en Elektra. Me rehuso a apoyar a quienes abusan del consumidor/ciudadano. Buen día», afirmó.

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México

COVID-19: 813 muertes y 12,081 casos este día en México

Este viernes la Secretaría de Salud Federal reportó 813 muertes y 12 mil 081 nuevos casos al corte del más reciente Informe Técnico Diario sobre Covid-19 en México, informó Ricardo Cortés Alcalá, director de Prevención de la Salud.

De esta manera las cifras totales se ubican en 104 mil 873 fallecimientos y un millón 090 mil 675 contagios, de los cuales 800 mil 516 personas se han recuperado.

Al momento 2 millones 285 mil 030 personas han sido estudiadas, mientras que 1 millón 331 mil 518 resultaron negativo a la prueba.

 

Esta es la cifra más alta desde el 5 de octubre, cuando las autoridades sanitarias contabilizaron 28 mil 115 nuevos contagios, aunque argumentaron que se trataba de una nueva metodología que incluía infecciones rezagadas.

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México

Trabajamos para que se consolide una patria más justa, incluyente, equitativa y próspera: Senador

“Con la finalidad de que se consolide una patria más justa, incluyente, equitativa y próspera, en el Senado de la República trabajábamos durante el Segundo An?o de Ejercicio Legislativo, una agenda fuerte, que atienda las principales necesidades de la gente”, señaló en el marco de su segundo informe el senador de MORENA, Cruz Pérez Cuéllar.

El legislador chihuahuense manifestó que en el Grupo Parlamentario de MORENA se identificó una serie de prioridades legislativas, que, junto con los temas torales del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, permitirán hacerles frente a los retos a los que se enfrenta el país.
Destacó Pérez Cuéllar, que para la bancada de Morena las iniciativas del presidente de la República son prioridad, por lo que se trabajó desde el inicio de la legislatura en todas y cada una de las propuestas como la Ley Reglamentaria al artículo 127 constitucional, para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República.

Además, se trabajó en la Reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública (LOAPF); en la Ley de Ingresos y Presupuesto 2019 y 2020. Cámara de Diputados; la Reforma para considerar como delitos graves: la corrupción, robo de combustibles y fraude electoral en todas sus modalidades. Combate al huachicoleo y la Reforma para establecer la gratuidad de la educación en todos los niveles.

De la misma manera, impulsaron; la revocación de la mal llamada reforma educativa mediante una modificación constitucional y la expedición de tres leyes: a) Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física y educativa; b) Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; c) Ley Reglamentaria del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se trabajó en la reforma constitucional que hace posible la revocación de mandato y se modifica el procedimiento para realizar consultas populares sobre temas de trascendencia; en la reforma para prohibir la condonación de impuestos; en la reforma al artículo 4° para elevar a rango constitucional el Estado de Bienestar; en la Ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa; en la Iniciativa que expide la Ley de Amnistía; en la reforma para terminar con el fuero y sus privilegios; en la reforma integral al Poder Judicial Federal y el aumento del salario mínimo en la zona fronteriza norte del país.

En cuanto a la agenda del Grupo Parlamentario de Morena destacó la expedición del Código Penal Federal; Reformas a la Ley General de Víctimas para perfeccionar y ampliar los mecanismos de atención a mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia; Reforma Integral a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Reformas en materia de derechos digitales.

De la misma manera enumeró la expedición de una Ley Nacional de Prevención de Enfermedades; la expedición de una Ley General de Educación Superior; la reforma en materia de gestión y aprovechamiento de aguas subterráneas; las reformas para actualizar la legislación ambiental a fin de preservar la flora y fauna del país; la reforma para eliminar la brecha salarial por motivos de género; la reforma integral al Poder Judicial de la Federación y la aprobación de la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis

Además, se realizaron reformas al sistema financiero; reformas para combatir el cambio climático y promover la defensa de las áreas naturales protegidas, se aprobó la Ley General de Economía Circular, se trabajó en la reforma constitucional para garantizar el derecho a la verdad; en la reforma constitucional para reconocer el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano: la reforma para regular las plataformas digitales de contenido audiovisual; la reforma para proteger el bienestar de los animales; la expedición de la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y reformas en materia de paridad de género.

Por lo anterior, resaltó el senador Pérez Cuéllar, que los integrantes de la bancada de MORENA en la Cámara Alta, se han enfocado en cumplir con el compromiso de sacar adelante al país en materia legislativa e impulsar la Cuarta Transformación concretando diversos cambios en leyes, decretos y reglamentos, así como la aprobación de acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno federal.

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