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Opinión

Perdónelos, señor Presidente. por Francisco Rodriguez Pérez

A la izquierda

¡Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen! Y usted, señor Presidente Enrique Peña Nieto, también perdónelos, pero si puede y quiere, recomponga el rumbo. Sus colaboradores están acabando con la frontera. No han medido las consecuencias negativas de sus acciones. Definitivamente no saben lo que hacen.

Señor Presidente, no les crea todo lo que dicen del secretario Videgaray para abajo. Serán muy “truchas”, cerebros entrenados en las “mejores” universidades de Estados Unidos, pero no saben lo que hacen…

Sus colaboradores, señor Presidente, tienen marcado en su piel, como los fierros el ganado chihuahuense, un neoliberalismo que ha fracasado y está fracasando en el mundo.

Varios Estados del orbe están salvando los mercados; las leyes, las reglamentaciones, los apoyos, los subsidios, las políticas están tratando de hacer control de daños contra las consecuencias de este atroz neoliberalismo.

Usted, senor Presidente, no mamó neoliberalismo. NO permita que sus colaboradores, que crecieron con el polvo imperialista y las falacias del mercado y la globalización echen a perder las cosas en el país. Entiéndalo, esas ideas ya fracasaron.

Ya consumaron la perversa homologación de los impuestos, ya hicieron realidad la desaparición, de golpe y porrazo, por decreto, de las garitas en la franja fronteriza. ¿Qué sigue, qué otras ocurrencias tendrán en mente los “chicago”, los “harvard”, los “yales”… que ya no son, por cierto, tan “boys”?

Vino usted a Ojinaga, a la frontera, al primer punto de frontera que estaba visitando como Presidente de México. Le fue muy bien, tuvo público y entusiasmo. No dilapide ese liderazgo.

Ciertamente su Gobierno está decidido a impulsar cambios y transformaciones que aseguren que desde ahora y futuras generaciones, tengan mejores condiciones. Sin embargo, no se miden las consecuencias negativas al momento de tomar decisiones como las que están acabando con la frontera.

¿Hacia dónde vamos?, ¿a la zona franca, a la zona libre? No creo que, por fin, se decidan a abrir las fronteras, las de México y las de Estados Unidos; en la franja fronteriza más grande del mundo todavía hay protecciones especiales de aquel lado: circulan y se trafican mercancías, divisas y gente, pero no hay libertad, sino negocios.

La frontera no desaparecerá por decreto, señor Presidente, mucho menos con un Estados Unidos tan liberal hacia afuera, pero tan proteccionista hacia adentro, tan candil de la calle, pero tan oscuro para su casa…

La homologación de los impuestos y la liberación del tráfico en la franja fronteriza son dos decisiones que, por ahora, nos dejan a los mexicanos en total desventaja, en la total indefensión.

Claro que lo que usted anunció en Ojinaga tiene sus ventajas, pero también tiene enormes desventajas y consecuencias negativas.

Sus colaboradores, señor Presidente, no saben lo que hacen con las “reformas estructurales” que le hicieron enumerar en Ojinaga.

Han impuesto una Reforma Laboral que, según sus colaboradores, supuestamente flexibiliza el mercado y posibilita que más mexicanos puedan incorporarse a la actividad formal y productiva.

Han cuajado una Reforma Educativa que, también desde el supuesto y la ilusión de sus colaboradores, busca asegurar calidad en la educación de los niños y jóvenes del país para poder incorporarlos a un mercado laboral cada vez más exigente.

Han metido a fuerza una Reforma en Telecomunicaciones que, igual, sus colaboradores dicen que buscan, fundamentalmente, abrir competencia, para el acceso a distintos productos y servicios, que sean más accesibles, que compitan en calidad, en precio, y que sea cada mexicano quien decida por cuál será su elección; se pretende que evitemos prácticas monopólicas que son dañinas, porque, al final de cuentas, queda en quienes tienen el monopolio la decisión de la calidad y el precio a cuáles ofertar los servicios y productos.

También insisten en la Reforma Hacendaria y deciden llevarla a cabo. Sus colaboradores dicen que tiene un propósito de carácter progresivo, para asegurar que quienes más ganen paguen más impuestos.

Muchos de los impulsores de estas reformas son fracasados de hace 20 ó 30 años. Y esas tales reformas han fracasado en las últimas décadas en muchos países del mundo.

Sus colaboradores no saben lo que hacen, aunque lo hagan desde el “Pacto por México”.

Apelo, por cierto, a una de sus expresiones en Ojinaga: “Somos un país con distintas visiones, un país diverso y plural, y en el que todas las voces merecen ser escuchadas”. Escuche, pues, señor Presidente, esas advertencias, esas llamadas de atención que significan las voces que denunciamos que esas iniciativas neoliberales están aniquilando la frontera.

Sus colaboradores, señor Presidente, le han dado una agenda, una ruta de trabajo para este primer año de gestión. Y, en cuestiones como el debilitamiento de la frontera, han fallado, se han equivocado. Y, por cierto, tienen a las mayorías en contra.

Sus colaboradores, con la ilusión del futuro y el desprecio del pasado, tratan de convencernos de las ventajas de las reformas que están por delante: la política y la energética.

La situación actual de la frontera muestra, no obstante, que no saben lo que hacen.

Ahora pretenden “impulsar el desarrollo de la región fronteriza del país”, luego de haber consumado la atrocidad de la homologación de los impuestos. El Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, que beneficiará a los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas, con acciones coordinadas entre distintas dependencias del Gobierno Federal, no será suficiente para enfrentar las pérdidas de competitividad e ingreso de las empresas fronterizas, especialmente las de la manufactura y de exportación.

El programa contempla seis acciones estratégicas con una inversión del orden de 30 mil millones de pesos, una nimiedad para lo que significan los estragos de la homologación impositiva.

No saben lo que hacen. Se eliminan varias garitas de la franja fronteriza. Se trata de evitar la corrupción, los chantajes y las extorsiones, pero ¿qué van a hacer con las distintas corporaciones policiacas, que tendrán la carretera libre para convertirse en auténticos “salteadores de caminos”?

Señor Presidente, las fronteras no desaparecen por decreto. La homologación impositiva, combinada con la liberalización forzada, puede ser un coctel peligroso, para el tráfico transfronterizo de mercancías, divisas y personas.

Dice el secretario de hacienda, uno de esos colaboradores que no saben lo que hacen, que a partir de la Reforma Hacendaria, aprobada por el Congreso de la Unión, varias garitas pierden total sentido, y gradualmente lo estarán perdiendo otras, que estarán cerrando y clausurando.

Lo demás son paliativos, pastillistas para el dolor con que intentan combatir agresivos cánceres de pobreza, miseria y abandono. En ese orden están las limitadas acciones de “Sin Hambre”.

El fondo fronterizo, es otro paliativo o canje ventajoso, que se traducirá en apoyos a los pobres y créditos para pequeñas y medianas empresas de la zona fronteriza.

En esa lógica de canje, frente a la consumada homologación impositiva, se anuncian impulsos al turismo en la zona fronteriza.

La quinta acción, supuestamente en beneficio de los consumidores de la franja fronteriza, es una reacción ante la homologación del IVA en la zona fronteriza y el inevitable incremento de los precios.

Finalmente, se anuncia una inversión de casi 22 mil millones de pesos para impulsar obras y proyectos de infraestructura en todos los estados fronterizos. Otro canje, otra graciosa concesión, frente a los estragos de la homologación. Definitivamente, no saben lo que hacen.

Si sus colaboradores descuidan la frontera, y usted lo permite, se reeditará la soberbia que acabó con la Nueva España.

El fracaso de la Nueva España empezó cuando se perdieron las fronteras. Entonces posibilitaron la existencia del imperio que hoy en día sigue dominando al mundo, desde la conciencia misma de quienes se adoctrinan en neoliberalismo.

Lo saludamos, señor Presidente, desde Chihuahua. Le suplicamos, nuevamente, perdone a sus colaboradores, pero enderece el rumbo del México revolucionario, nacionalista y comprometido con la justicia social, que hoy está secuestrado por neoliberales. Desde “Okinagua” y la frontera seguimos orando: ¡Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen! ¡Hasta siempre

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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