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Opinión

VIÑETAS DE CONTRASTE por VICTOR OROZCO

VIÑETAS DE CONTRASTE

 

Víctor Orozco

 

Aporofobia

 

Siempre que salgo por las mañanas del fraccionamiento en el que resido, veo el mismo espectáculo: hileras de trabajadores de la construcción y de empleadas domésticas caminado por las orillas de la calle, sorteando los automóviles en circulación por ambos carriles. A los lados se levantan mallas ciclónicas que resguardan terrenos desocupados o se alzan sólidas bardas de varios metros de altura. Estas barreras apenas dejan una estrechísima franja sin piso de cemento y llena de obstáculos. Los peatones son arrojados así al arroyo vehicular, donde a la menor lluvia se forma un gigantesco charco. Hombres y mujeres se quitan entonces los zapatos o hacen malabarismos para caminar sobre el cordón de la inexistente banqueta, si no ha sido cubierto por el agua. De todos modos terminan empapados por las salpicaduras de los carros.

¿Qué hay atrás de este cuadro urbano?. Una primera reflexión es quizá sobre la imprevisión o negligencia de constructores y autoridades supervisoras. Un ulterior razonamiento nos lleva a pensar en el dominio ejercido por los detentadores de la riqueza material sobre la sociedad. Los grandes dueños del capital, -expresado como acciones, terrenos, edificios, vehículos, etcétera- abusan de los espacios y reducen la existencia de los desposeídos a minúsculas áreas vitales. Casi siempre es la codicia el motor de este impulso por la posesión, que arrolla ecosistemas, salud y bienestar de las personas. Pero, el sometimiento cultural, político y legal de mentalidades e instituciones públicas al interés de los dueños del dinero hace que muchos de estos atropellos se produzcan como por inercia. Simplemente porque se ha hecho un hábito el privilegiarlo.

Los propietarios de los extensos terrenos en las ciudades no construyen banquetas, como se describe en el modelo descrito y quizá ni sepan o tengan conciencia de las molestias y aflicciones causadas a los trabajadores cotidianamente. Los constructores se limitan a proteger las propiedades sin fijarse en fronteras legales o menos aún, en las necesidades de las personas. Los inspectores y oficiales encargados de aplicar los reglamentos para el uso del suelo, tampoco lo hacen, porque es la usanza. La última imagen que pasaría por sus cerebros es la de esta presurosa mujer que transita a lo largo de la calle con el Jesús en la boca.

Un grupo de jornaleros de rasgos indígenas esperan pacientemente fuera de una oficina pública. Vinieron a presentar una queja porque fueron contratados para pizcar manzana y se les quedaron a deber los salarios de dos semanas. Ahora no tienen dinero ni para regresarse a su tierra, por lo cual se ven obligados a pedir limosna. Cada año, decenas de miles de hombres y mujeres se trasladan a las zonas de fruticultura u horticultura intensivas para levantar las cosechas. Llevan consigo frecuentemente a sus pequeños hijos, que permanecen en las orillas de los campos o a su lado, mientras sus padres cortan manzanas o recolectan tomates. A casi nadie le importa su suerte. Los gobiernos carecen de programas para asistirlos, vigilar que se les paguen los salarios ofrecidos o llevar los niños a las escuelas. Son los últimos de los mexicanos.

Los nuevos aristócratas

 

Los consejeros del Instituto Federal Electoral, devengan salarios de doscientos sesenta mil pesos mensuales. Cuatro de ellos, que ingresaron en 2008, se retiran ahora. Sumando los tres meses de salario, veinte días por año, aguinaldo y fondo de ahorro (La dependencia entrega un peso por cada uno aportado por el consejero) el monto del pago alcanzará cuatro millones seiscientos mil pesos. Con estas prestaciones finales y los elevados emolumentos, en un lustro cada funcionario acumuló una fortuna, si pensamos en el tamaño de los ingresos de los trabajadores mejor pagados en México. Lo mismo que sucede en el IFE, acontece cada vez que una nueva horneada de legisladores, directores, subsecretarios, secretario de estado, ministros de la corte y en general de altos miembros de la burocracia sale de sus puestos. En gobiernos estatales y municipales, no se va a la zaga. Por ello, Daniel Cosío Villegas afirmaba que cada sexenio de gobierno producía en este país “comaladas de millonarios”.

 

Las mayores empresas del país: Telmex, Televisa, Walmart, TVAzteca, Bimbo, entre otras han presentado amparos contra la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que obliga al Sistema de Administración Tributaria (SAT) a informar sobre la condonación de créditos fiscales en los últimos años a favor de estos grandes consorcios económicos. Pagan poco, en términos proporcionales mucho menos que un contribuyente cautivo o pequeño empresario. Por ejemplo, Bimbo apenas cubrió al fisco el 1.6% de sus ganancias el año pasado, mientras que el grueso de los ciudadanos pagó el 30% de sus ingresos. Y ahora, pelean con uñas y dientes para que la opinión pública no se entere de las ventajas o canonjías, otorgadas por el Estado. A unos, por el enorme poderío que les viene del control de los medios de comunicación, a otros porque amenazan con llevarse sus capitales a otros países y a otros por miserables sobornos o pagos de facturas políticas.

Hay otros “príncipes” en el escenario, también quejosos ante la justicia federal. Son los dirigentes de esta burocracia sindical encumbrada que igual a la política, han pervertido su función para convertirla en una inagotable fuente de acumulación de riqueza. El exponente clásico de este tipo social, quizá sea el secretario general del Sindicato de PEMEX. También él ha promovido amparos contra resoluciones del IFAI que obligan a transparentar las operaciones mediante la cuales la empresa pública transfiere fondos específicos al sindicato. Los ciudadanos ignoramos montos y destinos, pero sí sabemos de los derroches en lujos y superfluidades del mismo dirigente y de sus familiares.

En el debate político y parlamentario sobre la homologación del IVA en toda la república, vimos a encumbrados empresarios, dirigentes de agrupaciones industriales, abogados corporativos, políticos que olieron la oportunidad,  batirse con denuedo en contra del aumento del 11 al 16% en las fronteras, cuyo efecto será, se dijo, un deterioro económico de estas regiones. Y sí, esos cinco puntos porcentuales –eran seis hasta 2009- de diferencia entre lo que paga un habitante del interior del país y uno de sus bordes por concepto del IVA, se cargarán a sus menguados ingresos. Porque la ropa, las refacciones, los zapatos, los electrodomésticos…aumentarán su precio final. Y quienes puedan, que son los menos en Juárez o en Tijuana, acudirán al otro lado para hacer sus compras, afectando a los comercios e industrias asentadas en el suelo mexicano que disminuirán presumiblemente sus plantas laborales.

El resto de los consumidores queda atrapado entre la política hacendaria y la salarial de los patrones. La primera, de hecho les ha permitido a éstos apropiarse de los famosos cinco puntos, pues los precios establecidos por ejemplo en Sanborns de Ciudad Juárez, nunca han sido menores a los del resto del país. Lo mismo sucede con una gama variada de productos, como el cemento para construcción. Mientras tanto, los salarios reales van a la baja sin pausa. Si éstos se incrementaran y siguieran pautas como la de países de fuertes economías, tendríamos un poderoso mercado interno como base de un aparato productivo y comercial siempre en expansión. Pero no, estos capitalistas le apuestan a la ganancia pronta, a costa de degradar a la fuerza de trabajo. Al fin que, desorganizados y sin voces propias, los trabajadores no pueden negociar, como lo hacen los influyentes: organismos patronales, cúpulas eclesiásticas, sindicales y partidarias.

 

 


VÍCTOR OROZCO

 

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Opinión

Fotografías. Por Raúl Saucedo

Las Políticas por hacer

El quehacer político moderno, a menudo toma en cuenta a los sectores de la sociedad que ostentan poder o influencia visible dentro de la comunidad:  Los adultos votan, las empresas influyen y los medios de comunicación amplifican sus voces. Sin embargo, en el complicado juego de poder, la niñez, un grupo vital pero silencioso, suelen quedarse en el margen.

La Niñez representa el futuro; es el cimiento sobre el que se construirán las próximas generaciones. Su bienestar, educación y salud son indicadores clave no solo de su calidad de vida individual, sino también del progreso y la salud de una sociedad en su conjunto. A pesar de esto, los gobiernos frecuentemente pasan por alto  la creación de políticas públicas enfocadas en este sector, principalmente porque esta parte de la sociedad no votan ni tienen voz directa en los procesos políticos.

Este “descuido” puede atribuirse a varios factores. Primero, la falta de representación política directa. La niñez depende completamente de los adultos para que sus intereses sean representados en el gobierno. Sin embargo, las agendas políticas suelen estar más influenciadas por las preocupaciones inmediatas de los votantes adultos —empleo, economía, seguridad— relegando a un segundo plano temas como la educación de calidad o la protección contra el abuso y la negligencia.

Además, la falta de datos específicos sobre los problemas que afectan a la niñez impide formular políticas bien informadas. A menudo, las estadísticas y estudios disponibles no desglosan la información por edad de manera que refleje las realidades específicas de este grupo. Esto conduce a un entendimiento incompleto de sus verdaderas necesidades y desafíos.

Es más, los problemas que afectan a la niñez suelen ser transversales y requieren una política integrada. Por ejemplo, la pobreza infantil no solo afecta la nutrición; impacta también en el acceso a la educación, la salud y las oportunidades de desarrollo social y emocional. Sin un enfoque especifico que contemple la complejidad de estos asuntos, las políticas resultantes pueden ser ineficaces o incluso contraproducentes.

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989 por las Naciones Unidas (ONU), establece en teoría un marco internacional para la protección de los derechos de la niñez, incluyendo el derecho a la educación, la salud y la protección contra la explotación infantil. Sin embargo, la aplicación de estos derechos en políticas concretas sigue siendo un desafío global.

Por lo tanto, es fundamental que los gobiernos reconozcan la importancia de la niñez en el desarrollo social y económico de un país. Invertir en este sector no es solo una cuestión de cumplir con obligaciones morales o internacionales, sino una estrategia prudente para fomentar sociedades más educadas, saludables y equitativas. Los niños y niñas de hoy son los adultos del mañana; sus problemas y necesidades deben ser una prioridad, no una reflexión tardía.

Para abordar esta cuestión sistémica, es necesario promover una mayor participación de los expertos en infancia en los procesos de toma de decisiones y asegurar que las políticas públicas sean evaluadas también en función de su impacto en la población infantil. Las voces de los infantes, aunque no se expresen en las urnas, deben resonar en los corredores del poder a través de quienes aboguen por su bienestar y futuro.

Ignorar las necesidades de este sector en la formulación de políticas públicas no solo es un fracaso en proteger a los más vulnerables, sino también una miopía estratégica que compromete el desarrollo sostenible y la justicia social a largo plazo. Es hora de que los gobiernos ajusten sus lentes y enfoquen claramente en el bienestar y los derechos de los niños, garantizando así un futuro mejor para todos.

Este planteamiento personal y profesional surge en reflexión del pasado 30 de abril, donde la mayoría de mis amigos publicaron historias sobre festivales infantiles en compañía de sus hijos, mientras yo daba un clavado al baúl de los recuerdos encontrando fotografías olvidadas de una etapa fundamental de mi vida, todo esto con aquella canción de fondo del Maestro Sabina donde protestamos contra el misterio del mes de abril.

@Raul_Saucedo

rsaucedo@uach.mx

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