En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2014), el 35 por ciento de las personas adultas mayores integran la población económicamente activa, pero el restante no sólo no goza de protección social, sino que además, no tienen pensión o atención alguna del Estado. Incluso, son objeto del abandono de sus familiares, así lo dio a conocer la diputada federal Rocío Reza.

Por lo anterior, presentó una iniciativa para establecer que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conserven indefinidamente los derechos que tuvieran adquiridos para que reciban la pensión en la modalidad de cesantía por edad avanzada.

La legisladora panista explicó que existe una problemática en un importante porcentaje de adultos mayores, que aún y cuando tienen las semanas cotizadas para acceder a una pensión de cesantía por edad avanzada y vejez, deben volver a emplearse para cubrir un año más de cotizaciones.

 “Diariamente se conoce la desesperación de muchos adultos mayores que pudiendo apegarse a abrogada Ley del Seguro Social de 1973, no pueden alcanzar el beneficio de una pensión, porque a pesar de haber cumplido más 60 años y cuentan con las cotizaciones necesarias, tienen suspendido su derecho a la pensión ya que tienen más de 3 o 6 años sin estar sujetos a una relación laboral”, indicó Reza Gallegos.

Además dijo, que aunque se establece que pueden recuperar la pensión cuando coticen 26 o 52 semanas más, lo cierto es que para ello hay que tener un trabajo y es esta situación la que les impide acceder a su pensión por la gran dificultad que les genera conseguir un empleo y poder así cumplir con lo que dispone actualmente el ordenamiento legal para contar la pensión. “Si para las personas mayores de 40 años es difícil conseguir empleo, para las mujeres y los hombres con más de 60 años la situación es aún más difícil y, en el dado caso de tener acceso a un empleo, no son afiliadas al IMSS”, señaló.

En ese sentido, se busca modificar el artículo 150 para que los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conserven y se reconozcan sus derechos adquiridos a pensiones en el seguro de cesantía por edad avanzada, mientras que para el seguro de invalidez y vida lo conservaran sólo por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales.

Así mismo, se adiciona el artículo 154 bis en referencia al artículo anterior, señalando que los asegurados podrán conservar sus derechos sin necesidad de aportar cotizaciones adicionales.

Por último, la diputada hizo hincapié en que el Estado debe plantear acciones de justicia social para uno de los grupos más vulnerables, que les permita garantizar una calidad de vida a los más de 10 millones de adultos mayores en el país. “La suspensión de los derechos de las personas adultas mayores a una pensión, como lo establece la Ley del Seguro Social, es violatoria al respeto de los derechos humanos de quienes cumpliendo con las semanas cotizadas y teniendo la edad requerida para hacerlo, no pueden pensionarse al no contar con permanencia en una relación laboral”, concluyó.