México
Niegan abogados de Genaro García Luna nexos entre el Cártel de Sinaloa y el ex jefe policíaco
Durante una abreviada audiencia preparatoria, el ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna —vestido con un mono caqui de los presos y una mascarilla en la boca—, ocupó por primera vez el banquillo de los acusados en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.
El proceso, precidido por el juez Brian Cogan, dio comienzo a las 09:00 horas (GMT-5), en el se estableció, entre otras cosas, postergar la petición de los fiscales de EEUU de un jurado anónimo.
Aunque la acusación de Estados Unidos le describe como cómplice del Cártel de Sinaloa — para lo cual se han recopilado cientos de miles de documentos y grabaciones— , la defensa del ex jefe policíaco, César De Castro ha asegurado que en las miles de prueba que les ha entregado la fiscalía de EEUU, no aparece el nombre de su cliente o alguna conexión con el narcotráfico. Por ello, De Castro solicitó la asistencia del gobierno para clarificar las evidencias.
Fotografía de archivo fechada el 2 de junio de 2011 del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna (Foto: EFE/ Mario Guzmán)Se planea que el próximo 3 de mayo, ambas partes se sienten para analizar la información será clasificada como confidencial y a cuál de ella tendrá acceso la defensa de García Luna.
En la audiencia, el zar de la guerra contra el narcotráfico, se limitó a a intercambiar comentarios en voz baja con su abogado.
El pasado 27 de octubre, en una reunión virtual con el juez Brian Cogan y los fiscales encargados de su caso, se fijó una posible fecha para el juicio contra García Luna.
Cogan recomendó como fecha el 24 de octubre de 2022, que podría posponerse hasta enero de 2023 si se necesita mayor preparación.
El secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos desde diciembre de 2019. Las autoridades lo detuvieron en Dallas, Texas, y se le acusa de tres cargos de narcotráfico.
Según Estados Unidos, el ex funcionario ayudó al Cártel de Sinaloa en sus operaciones desde el 2001, antes incluso de ser nombrado secretario de Seguridad. A cambió recibió sobornos millonarios.
El caso se encuentra en la Corte de Brooklyn, Nueva York, donde se escuchó por primera vez el nombre de García Luna, durante el juicio del siglo.
En 2018, en el proceso contra Joaquín el Chapo Guzmán, el narcotraficante, Jesús el Rey Zambada aseguró que hizo pagos millonarios a Genaro García Luna.
Zambada, el primer cooperante de la fiscalía en la causa contra Guzmán, explicó ante un jurado en Brooklyn, Nueva York (EEUU) que realizó en concreto dos pagos para garantizar la protección de su hermano mayor, Ismael el Mayo Zambada, fundador y jefe del Cártel de Sinaloa, y evitar así que fuera detenido.
El primer soborno —que se produjo en un restaurante en 2005— ascendía a USD 3 millones. García Luna estaba al mando de la agencia federal de investigaciones. A este siguió otro de entre USD 3 ó 5 millones en 2007 cuando García ya era secretario de Seguridad Pública.
—¿Se reunió con García Luna en un restaurante?, le preguntó entonces el abogado William Purpura.
“Sí”, respondió el Rey Zambada. De acuerdo con el testimonio, el efectivo iba en un maletín y el primero tenía como propósito conseguir que se nombrara como jefe de la policía en Culiacán, Sinaloa, a una persona de confianza del cártel para así “tenerlo en el bolsillo”. El Rey aseveró que se trataba de dinero del Mayo.
Además, indicó que García Luna tenía “un compromiso en firme” con el clan formado por los hermanos Beltrán Leyva. Para garantizar la protección de la organización, añadió, entre 2006 y 2007 juntaron con sus sociosUSD 50 millones que desembolsaron a través de los sicarios Édgar Valdez Villareal, la Barbie, y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
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