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Opinión

Inversión. Por Raúl Saucedo

ECOS DEL CALENDARIO

La discusión sobre una reforma electoral en México se ha reabierto a raíz de la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo que representa una oportunidad para revisar aspectos fundamentales de nuestra democracia.

Entre las propuestas que circulan, destaca por su potencial de renovación —y por el debate que genera— la posibilidad de reducir la edad para votar a los 16 años. Esta medida busca incluir a un sector de la población que ya asume responsabilidades, pero que carece de voz en las urnas.

El argumento de la supuesta inmadurez de los jóvenes pierde fuerza frente a una realidad: a los 16 años, muchos ya forman parte del mercado laboral, contribuyen con impuestos y asumen responsabilidades propias de la vida adulta. Sin embargo, se les niega el derecho a participar en la elección de los gobernantes cuyas decisiones impactan directamente su vida, como las políticas educativas o de empleo. Esta exclusión genera una brecha entre los políticos y los jóvenes, quienes perciben que sus intereses no son tomados en cuenta.

La experiencia internacional ofrece referencias valiosas. Países como Austria, Argentina y Brasil ya han implementado el voto desde los 16 años. En Austria, esta medida se ha consolidado como parte de su sistema democrático, fomentando una mayor participación cívica. En Argentina y Brasil, se trata de un voto opcional, lo que permite a los jóvenes ejercer este derecho si así lo desean. Estos casos demuestran que la inclusión de jóvenes de 16 y 17 años en la vida política es posible y puede fortalecer la democracia.

Para que esta propuesta avance en México, es crucial atender dos aspectos clave:

  1. Impulsar un debate profundo y plural, que involucre no solo a políticos, sino también a expertos en psicología, sociología y educación.
  2. Acompañar la medida con un fortalecimiento de la educación cívica en las escuelas.

Dar el voto a los 16 años no basta; es necesario proporcionar herramientas para que las y los jóvenes tomen decisiones informadas y ejerzan su derecho de forma responsable. Reducir la edad para votar no debe verse como el fin de la reforma, sino como un primer paso hacia una democracia más inclusiva y representativa.

Si esta propuesta dentro de la inminente reforma electoral no se acompaña de lo anterior, difícilmente tendrá un impacto sustancial. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México había alrededor de 6.5 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años.

Con lo expuesto, es preciso reflexionar: ¿cuál sería el motor “democrático” que llevaría a más de 6 millones de jóvenes a las urnas? Probablemente, muchos coincidiríamos en que serían las redes sociales. Y es aquí donde, al abrir nuestro celular, veríamos qué hace eco en ellos. A juicio personal, no creo que eso necesariamente fortalezca la democracia mexicana.

Debo confesar que esta columna fue inspirada por los recuerdos que me mostró Facebook ayer, donde los eventos juveniles del Día Internacional de la Juventud marcaban el calendario de mis veinte. Entre esas publicaciones, me quedo con una frase: “Lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla”. Y creo que esa inversión, en muchos casos, ya está rindiendo frutos.

@RaulSaucedo

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Opinión

Andy: un apellido no basta. Por Caleb Ordóñez T.

Andrés Manuel López Beltrán heredó uno de los apellidos más poderosos de México. También heredó algo mucho más difícil de cargar: la costumbre nacional de nunca verlo a él, sino siempre a través de su padre.

Ser hijo de un expresidente ya es complicado. Serlo de Andrés Manuel López Obrador es otra categoría: crecer bajo la sombra de un hombre al que millones consideran el político más transformador de su generación y otros millones culpan de buena parte de los problemas del país. AMLO no admite tibieza. Y ahora Andy descubre que la polarización también se hereda, con intereses acumulados.

Caleb Ordoñez Talavera

Durante años estuvo cerca del poder institucional sin asumir formalmente sus costos. Participó en la construcción del movimiento de su padre, tuvo influencia real dentro del obradorismo, pero respetó, al menos públicamente, el acuerdo familiar de no buscar cargos de elección mientras López Obrador gobernara. El sexenio terminó. El acuerdo, también.

El aparato

En 2024, Andy asumió la Secretaría de Organización de Morena, el puesto que en cualquier partido mexicano equivale a controlar buena parte del músculo: padrón, estructura territorial y movilización. Bajo su gestión, Morena presumió haber superado los 12 millones de militantes, una cifra extraordinaria que también despertó cuestionamientos sobre el proceso de afiliación. El partido la presenta como prueba de que el movimiento puede seguir creciendo aun sin su fundador al frente.

Después, de pronto, prácticamente desde la nada, dejó el cargo para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Quizá sea un movimiento inteligente (o un salvavidas político) pues cambia el control del aparato por legitimidad de urna, algo que ningún acuerdo familiar ni ninguna cercanía con Palacio Nacional pueden regalarle. Es también, para sus adversarios, la prueba de que el heredero necesita ahora un mandato propio porque el apellido, por sí solo, empieza a no bastarle, sino a molestarle.

El símbolo que no calculó

El viaje a Japón fue el primer costo político serio de esa transición. Las imágenes y los señalamientos sobre hospedajes costosos chocaron frontalmente con la palabra que su padre convirtió en columna vertebral del obradorismo: austeridad. López Beltrán respondió que pagó el viaje con recursos propios y habló de un linchamiento. Puede tener razón en lo legal. El problema nunca fue si tenía derecho a gastar su dinero; fue no anticipar que, siendo quien es, ese gasto se leería como traición simbólica antes que como libertad personal.

Ningún asesor de López Obrador habría permitido esa fotografía. Y esa distancia entre el instinto político del padre y el del hijo dice más sobre Andy que cualquier discurso.

La carta que no le correspondía escribir

La revocación de su visa estadounidense abrió un capítulo distinto y aquí conviene la precisión: una decisión migratoria no es una sentencia. Hasta ahora no existe una acusación penal pública en Estados Unidos contra López Beltrán, y tratarlo como culpable a partir de una visa revocada sería tan irresponsable como el linchamiento que él mismo denuncia.

Lo que sí es criticable es la respuesta. Escribirle directamente a Donald Trump para reclamar una persecución política no es un exceso de carácter: es una confusión de investidura. México tiene Presidenta, canciller y embajada para gestionar la relación bilateral. Andy no conduce esa política exterior ni representa al Estado mexicano. Al actuar como si lo hiciera, no demuestra fuerza: demuestra que todavía no distingue entre tener influencia dentro de un movimiento y tener autoridad de Estado. Es exactamente el tipo de error que un político con oficio, empezando por su padre, difícilmente habría cometido en público.

El heredero imposible

Ahí está la verdadera paradoja de Andy: el apellido le abre prácticamente cualquier puerta política y, al mismo tiempo, le impide construir algo que sea solamente suyo. Quienes aman a López Obrador buscarán al padre dentro del hijo y se decepcionarán cuando no lo encuentren. Quienes lo detestan le cobrarán al hijo cuentas que nunca fueron suyas. Ambas cosas son injustas. Ninguna es evitable.

Andy puede heredar el obradorismo, pero no puede heredar a AMLO.

López Obrador dejó una consigna que sus seguidores repiten como mandamiento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Si Andy quiere una herencia real (no una curul, no una secretaría, no una multitud prestada) probablemente esa frase sea lo único que valga la pena reclamar como suyo.

Porque Andrés Manuel López Obrador tardó casi cuatro décadas en convertirse en AMLO. Su hijo nació siendo “Andy”. Si quiere hacer historia propia, tendrá que conseguir algo mucho más difícil que heredar el poder: lograr que México deje de preguntarse de quién es hijo.

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